La Argentina ha convertido el calendario escolar en una agenda de conflictos. Cada comienzo de clases parece depender menos de la planificación educativa que de la capacidad de sindicatos y gobiernos para medir fuerzas. Y, como suele ocurrir, la cuerda termina rompiéndose por el lado más débil: el de los estudiantes.
El paro convocado por CTERA para los días 3 y 4 de agosto vuelve a poner sobre la mesa un problema que excede ampliamente una discusión salarial. Detrás de la protesta aparecen viejas demandas por el financiamiento educativo, la convocatoria a la paritaria nacional y el rechazo a una política de ajuste que los gremios consideran incompatible con el funcionamiento de la escuela pública.
El Gobierno, por su parte, insiste en que el equilibrio de las cuentas públicas no admite excepciones. Es una posición legítima desde la administración económica. Sin embargo, administrar un presupuesto y administrar un país no siempre son la misma disciplina. La primera exige números; la segunda, además, requiere diálogo.
La educación tampoco puede transformarse en un campo de batalla permanente. Cada jornada perdida representa mucho más que un día sin clases: significa contenidos que no se recuperan plenamente, familias obligadas a reorganizar su rutina y alumnos que reciben, una vez más, el mensaje de que los adultos siguen sin encontrar un punto de encuentro.
Los gremios tienen derecho constitucional a ejercer medidas de fuerza. También el Estado tiene la obligación de administrar recursos con responsabilidad. El problema aparece cuando ambos derechos se ejercen sin construir el puente que debería unirlos. La negociación deja entonces de ser una herramienta para convertirse en una fotografía pendiente.
Quizá el título de esta reflexión encierre una respuesta sencilla: podemos, solo en aquello que sabemos. Los docentes saben enseñar. Los gobiernos deberían saber gobernar. Los sindicatos saben representar. Pero cuando unos pretenden gobernar desde la protesta y otros creen que gobernar consiste únicamente en cerrar la caja, cada cual termina invadiendo el terreno ajeno.
La política educativa necesita menos consignas y más acuerdos duraderos. Un país no mejora porque gane una pulseada el Ministerio de Economía ni porque triunfe una huelga sindical. Mejora cuando el primer día de clases deja de ser noticia y vuelve a convertirse en una saludable costumbre.
Las sociedades prósperas no se distinguen por la cantidad de paros que realizan ni por la dureza de sus ajustes. Se distinguen por algo mucho más difícil: la capacidad de resolver los conflictos antes de que la campana escolar anuncie, una vez más, que los únicos ausentes en el aula serán quienes menos responsabilidad tienen en la disputa.
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