Durante siglos, Londres gobernó un imperio en el que nunca se ponía el sol. Ahora comienza a tener dificultades para mantener encendida la luz del pasillo.
Los líderes del Partido Nacional Escocés, Plaid Cymru y Sinn Féin firmaron en Cardiff un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación entre sus movimientos y reclamar el derecho de sus pueblos a decidir su futuro constitucional. John Swinney por Escocia, Rhun ap Iorwerth por Gales, Michelle O’Neill por Irlanda del Norte y Mary Lou McDonald por Sinn Féin pusieron sus nombres al pie de un documento que sus promotores calificaron de histórico.
Conviene, sin embargo, guardar el champagne unos minutos. No firmaron la disolución del Reino Unido, no fijaron la fecha de ningún referéndum y tampoco solicitaron presupuestos para retirar la palabra United de los pasaportes.
Además, participaron como dirigentes de sus respectivos partidos, no como representantes oficiales de los gobiernos autónomos. La diferencia puede parecer una de esas sutilezas británicas que exigen té, paciencia y abogado. Pero es sustancial: el pacto expresa una voluntad política; no modifica una sola coma del orden constitucional.
También reúne tres aspiraciones diferentes bajo un mismo paraguas. Escocia pretende convertirse en un Estado independiente. Gales quiere avanzar hacia la soberanía, aunque todavía no existe una mayoría social clara que acompañe el viaje. Irlanda del Norte, en cambio, no procura fundar un nuevo país, sino reunificarse con la República de Irlanda.
Los caminos jurídicos tampoco son iguales. Escocia y Gales dependen, en buena medida, de que Westminster autorice sus consultas. Irlanda del Norte dispone de una vía contemplada en el Acuerdo del Viernes Santo: si resulta probable que una mayoría apoye la reunificación, el Gobierno británico debe convocar una votación fronteriza.
Dicho de otro modo: los tres socios desean salir de la casa, pero solo uno tiene una puerta prevista en el contrato. Los otros dos deben pedirle la llave al propietario, que asegura respetar profundamente la libertad de los inquilinos mientras conserva cuidadosamente todas las copias.
Las cifras también recomiendan prudencia. El independentismo escocés se encuentra cerca de disputar una mayoría; en Irlanda del Norte, la reunificación avanza como posibilidad política, pero aún divide profundamente a la sociedad; y en Gales continúa siendo minoritaria. El pacto, por tanto, no representa una sentencia de divorcio. Es, más bien, la primera fotografía conjunta de tres cónyuges consultando al mismo abogado.
Westminster responde que las familias británicas están preocupadas por el costo de vida, la vivienda y el empleo, no por nuevos plebiscitos. El argumento posee una lógica atendible, aunque algo tramposa: los problemas cotidianos no eliminan las discusiones constitucionales. A veces, precisamente, las alimentan.
El verdadero valor del encuentro de Cardiff no reside en lo que puede ejecutar mañana, sino en lo que ha logrado mostrar hoy. Por primera vez, los principales dirigentes de las tres naciones descentralizadas comparten públicamente una idea incómoda para Londres: que el futuro del Reino Unido no debería ser decidido exclusivamente por quienes desean conservarlo.
Todavía no hay una mudanza en marcha. Apenas se han reunido, comparado agravios y redactado un memorando. Pero cuando tres integrantes de una unión comienzan a discutir juntos cómo abandonarla, quizá el problema no sea el papel que firmaron.
Quizá sea la unión que los llevó a firmarlo.
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Fuentes consultadas: The Times. ITV News, The Guardian