Malvinas tiene una virtud política extraordinaria: consigue algo que la Argentina practica cada vez menos. Une.
Puede discutirse el Gobierno, la economía, el precio del pan, la educación, los impuestos, el tamaño del Estado y hasta quién tiene la culpa de que llueva. Pero basta pronunciar Malvinas para que buena parte de las diferencias partidarias se sienten, aunque sea durante unos minutos, en la misma mesa.
Precisamente por eso conviene leer con particular atención todo proyecto legislativo que llegue envuelto en esa bandera.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Una parte responde exactamente a lo que promete el envoltorio: endurece el régimen contra quienes exploten sin autorización argentina recursos naturales en Malvinas y otros espacios reclamados por el país. Amplía prohibiciones, incorpora nuevos sujetos alcanzados y establece severas consecuencias penales y económicas.
Hasta allí, Malvinas.
Después comienza otro viaje.
Porque el proyecto crea también un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado, entre otros, por la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y Legal y Técnica.
Y aquí aparece la primera pregunta incómoda.
¿Qué relación directa existe entre perseguir empresas que explotan recursos en Malvinas y crear una nueva arquitectura nacional de seguridad, inteligencia, defensa, economía y protección de infraestructuras críticas?
Puede existir una respuesta perfectamente legítima. El Gobierno sostiene que el Estado necesita herramientas integrales para responder a amenazas externas. Es una posición que merece ser escuchada.
Pero también merece ser discutida.
Porque cuando una ley empieza hablando de petróleo en el Atlántico Sur y termina hablando de inteligencia, campañas de desinformación, interferencia extranjera, activos financieros, infraestructura crítica, Fuerzas Armadas y operaciones militares convencionales y no convencionales, el ciudadano tiene derecho a mirar nuevamente la etiqueta del frasco.
No necesariamente porque haya veneno.
Simplemente porque adentro hay bastante más medicamento del que decía la receta.
El asunto más delicado es la amplitud de algunos conceptos. El proyecto redefine la Defensa Nacional para contemplar riesgos y amenazas externas no sólo estatales, sino también no estatales, y prevé mecanismos para enfrentar operaciones vinculadas con actores extranjeros. Asimismo, incorpora delitos relacionados con espionaje, interferencia electoral y campañas coordinadas de desinformación masiva financiadas o dirigidas desde el exterior.
Sobre el papel puede parecer razonable. Ningún Estado contemporáneo puede comportarse como si las amenazas del siglo XXI llegaran únicamente con uniforme, bandera y banda militar.
El problema democrático comienza siempre unas páginas después:
¿quién determina qué constituye una amenaza?
Y, sobre todo:
¿quién controla al que la determina?
Una campaña organizada desde una potencia extranjera para alterar una elección constituye un problema evidente para cualquier democracia. Pero entre combatir una operación clandestina extranjera y establecer mecanismos capaces de investigar personas, organizaciones o actividades políticas existe un territorio jurídico enorme.
Y en esos territorios enormes suelen crecer plantas bastante curiosas.
También aparece la expresión “infraestructura crítica”. Puede comprender instalaciones y sistemas indispensables para la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento del Estado.
Perfecto.
Ahora imaginemos un hospital.
Es indudablemente infraestructura crítica.
Imaginemos después una huelga en ese hospital.
Y allí la palabra crítica empieza a necesitar abogados, constitucionalistas, jueces y, preferentemente, una lupa.
No porque el proyecto diga automáticamente que los militares irán a resolver una protesta hospitalaria. No lo dice. Conviene dejarlo perfectamente claro.
Pero una buena ley democrática no sólo debe establecer qué puede hacer el poder. También debe dejar cristalino aquello que no puede hacer.
Ese es probablemente el debate que debería tener el Congreso.
No discutir Malvinas contra Malvinas. Sería una trampa bastante pobre.
Hay que separar las cosas.
Una cuestión es defender jurídicamente los recursos naturales argentinos y aumentar el costo para quienes los exploten sin autorización nacional.
Otra muy diferente es reformular simultáneamente la arquitectura de seguridad nacional, las competencias militares, los mecanismos de inteligencia, las amenazas externas, las sanciones económicas y determinados delitos relacionados con la influencia extranjera.
Todo puede debatirse.
Pero merece debatirse por su nombre.
Malvinas no debería convertirse en una llave maestra capaz de abrir puertas que el ciudadano ni siquiera sabía que estaban incluidas en el edificio.
Durante décadas la Argentina construyó —con dificultades, errores y contradicciones— límites entre defensa exterior, seguridad interior e inteligencia. Esos límites no son reliquias decorativas. Nacieron de una experiencia histórica suficientemente dolorosa como para que cualquier modificación merezca bisturí parlamentario y no machete legislativo.
Quizás el Gobierno tenga argumentos sólidos para cada una de estas reformas.
Entonces que los exponga.
Quizás el Congreso concluya que algunas son necesarias.
Entonces que las apruebe.
Quizás otras necesiten controles adicionales, definiciones más precisas o directamente una ley independiente.
Entonces que las modifique.
Eso se llama República.
Lo que no conviene es que semejante discusión viaje escondida detrás de una palabra ante la cual pocos argentinos están dispuestos a levantar la mano para preguntar demasiado.
Porque Malvinas pertenece a todos.
Al Gobierno también.
Pero no solamente al Gobierno.
Y si para defender la soberanía necesitamos darle más poder al Estado, corresponde hacer una última pregunta, bastante menos emocionante que flamear una bandera pero infinitamente más republicana:
¿quién vigilará ese poder cuando termine el desfile?
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Fuentes consultadas: Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional; Presidencia de la Nación; Agencia Noticias Argentinas (NA).