Desde Buenos Aires, un reportero del público nos acerca una fotografía política bastante más nítida que muchas encuestas cargadas de decimales: una mitad del país considera que la situación está mal y puede empeorar; otra parte importante cree que no está tan mal o que, con algo de paciencia, podría mejorar.
Eso que en la Argentina se llama “grieta” no es solamente una división ideológica. Es también una forma de mirar la realidad. Donde unos ven un incendio, otros distinguen una obra en construcción. Y donde estos últimos anuncian los primeros ladrillos, los primeros ya están llamando a los bomberos.
Los porcentajes pueden variar según quién pregunte, cómo pregunte y, sobre todo, quién pague la encuesta. Pero el paisaje general permanece: el Gobierno conserva un núcleo considerable de confianza, aunque gobierna sobre un país fatigado, con bolsillos sensibles y una paciencia que no cotiza en bolsa.
Sin embargo, el dato verdaderamente incómodo no está solamente en la fortaleza o debilidad del oficialismo. Está en la ausencia de una alternativa política capaz de reunir algo más que bronca. Porque estar en contra de quien gobierna puede llenar una plaza, alimentar una tertulia y hasta ganar algunos minutos de televisión. Para ganar una elección, en cambio, hace falta explicar qué se pretende hacer al día siguiente.
La oposición argentina parece todavía dedicada a escoger el vehículo antes de decidir hacia dónde quiere viajar. Cambia nombres, ensaya alianzas, mide candidatos y acomoda fotografías; pero no consigue ofrecer una propuesta suficientemente clara para quienes están descontentos con el Gobierno sin desear regresar al pasado.
En ese escenario aparece la reforma electoral: presentada como necesidad institucional por el oficialismo y recibida con la inevitable calculadora por las provincias. Porque en la política argentina todos defienden las reglas generales hasta que descubren cuánto pueden perder en su propio distrito.
El Gobierno procura ordenar el tablero nacional; los gobernadores protegen sus territorios; los partidos calculan bancas; y los ciudadanos, convidados imprescindibles pero rara vez consultados, intentan comprender si se está mejorando el sistema electoral o simplemente moviendo los muebles antes de la próxima función.
Falta más de un año para las elecciones. En la Argentina, eso no es un plazo: es una eternidad con inflación política. Pueden aparecer nuevos candidatos, romperse alianzas, recomponerse amistades y surgir dirigentes que hoy todavía no han descubierto que poseen vocación presidencial.
Por ahora, la conclusión de nuestro reportero del público merece ser escuchada: el Gobierno puede tener problemas, pero la oposición aún no tiene una respuesta. Y cuando un país debe escoger entre una gestión discutida y una alternativa que todavía no sabe presentarse, la grieta deja de ser un abismo.
Se convierte en sala de espera.
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