En política, retirar una bandera antes de que la conviertan en derrota puede ser un acto de inteligencia. El problema aparece cuando esa maniobra deja al descubierto que nunca existió una mayoría sólida para sostenerla. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el proyecto sobre la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros.
La Libertad Avanza llegó al Senado convencida de que podría imponer una de las reformas más sensibles de su agenda. Sin embargo, bastó que varios gobernadores aliados hicieran cuentas con sus propios territorios para que el entusiasmo libertario chocara contra la realidad. Los votos desaparecieron y el capítulo terminó archivado antes de llegar al recinto.
La explicación oficial habla de “buscar mayores consensos”. Es el lenguaje elegante con el que la política suele describir una retirada estratégica. Traducido al castellano corriente: el Gobierno no tenía los números necesarios y prefirió sacrificar una pieza antes que perder toda la partida.
No deja de ser llamativo que una iniciativa presentada como fundamental termine convertida, en cuestión de horas, en un tema postergable. Si el corazón del proyecto podía extraerse sin afectar el resto de la ley, entonces cabe preguntarse si realmente era una prioridad nacional o simplemente una apuesta ideológica mal calculada.
El episodio también deja heridas políticas. Federico Sturzenegger, principal impulsor de la reforma, ve cómo una de sus propuestas más ambiciosas queda frenada por la misma coalición de apoyos que el Gobierno aseguraba tener consolidada. Mientras tanto, Patricia Bullrich volvió a ejercer el ingrato oficio de apagar incendios parlamentarios para evitar una derrota aún mayor.
Los gobernadores, por su parte, enviaron un mensaje que trasciende esta discusión. Recordaron que el federalismo no siempre responde a la lógica de la Casa Rosada y que existen límites políticos cuando determinados temas rozan intereses provinciales, identidad territorial y sensibilidad social.
No es la primera vez que el oficialismo modifica sobre la marcha un proyecto emblemático para garantizar una sesión. Tampoco parece que será la última. La repetición empieza a dibujar un método de gobierno donde las iniciativas se anuncian con estridencia, pero terminan corregidas por la realidad parlamentaria.
Gobernar exige audacia, pero también cálculo político. Cuando las iniciativas avanzan sin medir el terreno, el Congreso termina funcionando como un detector de improvisaciones. Y cada marcha atrás erosiona un poco más la imagen de fortaleza que el Gobierno intenta proyectar.
Porque una cosa es negociar, virtud indispensable en cualquier democracia. Otra muy distinta es llegar al recinto convencido de tener el mapa y descubrir, una vez más, que faltaban brújula, consenso… y votos.
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