«Sanctus Milei». Sátira gráfica sobre el poder, la pretendida superioridad moral y la retórica de las hogueras. © Guzzo Photos & Graphic Publications.
Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano exaltado, pueden atribuirse a un arrebato. Cuando salen de la boca de un presidente de la República, adquieren otra dimensión. Javier Milei volvió a arremeter contra periodistas durante una cena de la Fundación Faro, en Puerto Madero, y recurrió a una imagen que la historia conoce demasiado bien: la hoguera. No habló desde una tribuna callejera ni desde una discusión de café. Habló investido de la autoridad del Estado argentino. Y esa diferencia, que debería resultar elemental, parece haberse extraviado entre los brindis.
El episodio tuvo como telón de fondo el sobreseimiento del mandatario en la causa $LIBRA. Milei reivindicó la decisión judicial y reclamó quién habría de compensarlo por lo que describió como un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias. Tiene derecho a defender su honor, cuestionar informaciones y reclamar las rectificaciones que correspondan. Lo que no tiene es un privilegio presidencial para convertir su indignación personal en una ceremonia pública de escarnio. La Justicia dispone de tribunales; las democracias no necesitan inquisidores.
El Presidente identificó por sus nombres a varios periodistas, entre ellos Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes dirigió acusaciones de corrupción y operaciones mediáticas. Son imputaciones del mandatario, no hechos establecidos por pronunciarlas ante un auditorio distinguido. Después llegó la expresión sobre quienes deberían quemarse en la hoguera. Conviene conservar el contexto y no atribuirle una orden literal de ejecución: fue una declaración de hostilidad formulada en términos violentos. Y precisamente por eso merece una crítica severa. La violencia verbal no necesita convertirse en una instrucción material para degradar el debate público.
Pero esta historia tiene otros protagonistas. Según la información difundida por Noticias Argentinas, entre los asistentes figuraban importantes empresarios de sectores tecnológicos, financieros, industriales, sanitarios y energéticos. También altos funcionarios del Gobierno y representantes institucionales. Una concentración de poder económico y político que difícilmente pueda confundirse con una reunión de vecinos desprevenidos. Allí estaban personas acostumbradas a negociar contratos, administrar fortunas y evaluar riesgos. Sería interesante saber si alguna calculó el riesgo institucional de escuchar semejantes expresiones sin manifestar públicamente su desacuerdo.
No corresponde inventar aplausos, adhesiones ni gestos que la crónica disponible no documenta. Tampoco sería justo adjudicar a cada comensal una conformidad automática por el simple hecho de haber asistido. Pero hay una pregunta legítima que permanece sobre la mesa: ¿qué responsabilidad pública asumen quienes participan de encuentros donde el jefe del Estado transforma a determinados periodistas en enemigos merecedores de una hoguera retórica? La prudencia empresarial puede explicar muchas reservas. No todas las justifica. Especialmente cuando quienes callan suelen reclamar, con admirable energía, seguridad jurídica, respeto institucional y libertad para desarrollar sus negocios.
La prensa argentina tiene defectos, intereses, errores y contradicciones. Como cualquier actividad humana, debe responder por sus afirmaciones y rectificar cuando se equivoca. Ninguna credencial periodística concede inmunidad frente a la crítica. Pero tampoco una banda presidencial concede autoridad para descalificar colectivamente a quienes investigan, preguntan o publican informaciones incómodas. El periodismo no está obligado a agradarle al Gobierno. Su función incluye precisamente formular las preguntas que el poder preferiría no escuchar. De otro modo, dejaría de ser periodismo para convertirse en servicio de relaciones públicas, con café incluido y factura a cargo del contribuyente.
Resulta particularmente inquietante la facilidad con que una resolución judicial favorable puede presentarse como certificado universal de inocencia política y condena moral de todos los críticos. Un sobreseimiento tiene el alcance jurídico que establecen sus fundamentos y el estado procesal de la causa. No convierte automáticamente en falsas todas las preguntas formuladas durante una investigación, ni demuestra por sí solo que cada periodista haya participado de una conspiración. Confundir esos planos permite fabricar una conclusión cómoda: si el Presidente tiene razón ante un tribunal, todos sus críticos deben ser culpables ante la opinión pública. Es una operación intelectual demasiado rudimentaria para merecer el nombre de razonamiento.
También merece atención la invocación de Adam Smith para justificar la falta de piedad hacia quienes el mandatario considera indignos de ella. La autoridad de un pensador no transforma un insulto en doctrina ni una frase atribuida en argumento. La civilización política se construyó precisamente para impedir que cada gobernante decida quiénes son los buenos, quiénes son los malos y qué castigo simbólico merecen estos últimos. Cuando el poder comienza a distribuir certificados de virtud y condenas morales, la libertad deja de ser un derecho común y corre el riesgo de convertirse en una concesión para los obedientes.
La reacción posterior demuestra que el episodio no pasó inadvertido. La Academia Nacional de Periodismo, Adepa y representantes de diferentes sectores políticos cuestionaron las expresiones presidenciales. No se trata de exigir que un mandatario simpatice con los periodistas, sino de recordar que su responsabilidad institucional es mayor que su derecho al enojo. Una República puede soportar presidentes temperamentales. Lo que no debería acostumbrarse a soportar es que la intimidación verbal se convierta en una modalidad ordinaria del ejercicio del poder.
La velada terminó, las mesas fueron levantadas y los invitados regresaron a sus ocupaciones. Pero las palabras permanecen. También permanece la pregunta sobre quienes las escucharon. No sabemos qué pensó cada uno ni corresponde condenarlos por una reacción que no conocemos. Sabemos, en cambio, qué dijo el Presidente, porque hasta la transcripción oficial de la Casa Rosada lo registra. Y sabemos algo más: una democracia no comienza a perder su dignidad solamente cuando se encienden las hogueras, sino cuando el lenguaje de las hogueras deja de escandalizar a quienes tienen la responsabilidad de impedirlas.
🖋️ © El Testigo del Tiempo | 2026 – Derechos reservados
©️2026 SalaStampa.eu, world press service – Guzzo Photos & Graphic Publications – Registro Editori e Stampatori n. 1441 Turin, Italy
Fuentes consultadas: Presidencia de la Nación Argentina, transcripción oficial del discurso del 23 de octubre de 2026; Agencia Noticias Argentinas (NA), 25 de octubre; La Nación, 24 de octubre de 2026.