
Hay una enseñanza del Evangelio según San Mateo que debería colocarse en letras de bronce sobre la puerta de todos los despachos presidenciales: «Saca primero la viga de tu propio ojo». No exige renunciar a señalar los errores ajenos. Simplemente recomienda una operación previa, bastante incómoda para quienes confunden el ejercicio del poder con el privilegio de tener siempre razón. Javier Milei acaba de ofrecer una oportunidad extraordinaria para recordar esa lección.
Ante ministros, funcionarios y empresarios reunidos en la Fundación Faro, el presidente argentino aseguró que las Malvinas «tarde o temprano volverán a ser argentinas». Hasta allí, ninguna novedad histórica. La reivindicación de soberanía sobre las islas constituye una política de Estado que precede largamente al actual gobierno y que sobrevivirá, probablemente, a muchos otros. Lo verdaderamente llamativo apareció cuando Milei explicó por qué considera que ese desenlace se aproxima: Gran Bretaña, según su diagnóstico, «se está cayendo a pedazos».
El presidente atribuyó semejante derrumbe a los problemas fiscales, los impuestos y lo que denominó una «invasión de los inmigrantes». Curiosa manera de ejercer la diplomacia: reclamar una negociación sobre soberanía mientras se insulta la situación interna del país con el cual se pretende negociar. La economía británica puede atravesar dificultades, como cualquier otra, pero de allí a imaginar que Londres entregará un territorio disputado porque aumentaron sus impuestos existe una distancia considerable. Aproximadamente la misma que separa un análisis geopolítico de una conversación de café después del tercer coñac.
La Argentina tiene fundamentos históricos, jurídicos y geográficos para sostener su reivindicación sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. También cuenta con resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a ambos gobiernos a negociar. Esos argumentos merecen ser defendidos con perseverancia, documentación y seriedad diplomática. No necesitan apoyarse en el supuesto hundimiento económico británico, y mucho menos en la utilización de los inmigrantes como explicación universal de las desgracias nacionales. La soberanía es demasiado importante para convertirla en un accesorio de la retórica partidaria.
Pero volvamos a la viga. Antes de anunciar la decadencia ajena, convendría examinar las dificultades propias. La Argentina arrastra problemas de ingresos, empleo, consumo, endeudamiento familiar e infraestructura que no desaparecen porque un presidente exhiba optimismo en una conferencia. La estabilidad fiscal, cuando se alcanza, es una condición importante para ordenar la economía, pero no constituye por sí sola un certificado de prosperidad. Un país no se vuelve poderoso simplemente porque su mandatario declare que los demás están empeorando. Tampoco mejora el bolsillo de sus ciudadanos porque Downing Street tenga problemas con sus cuentas.
Milei sostiene que la Argentina está ganando relevancia económica internacional. Esa afirmación merece ser examinada mediante inversiones efectivas, capacidad productiva, comercio exterior, ingresos reales y condiciones de vida, no mediante aplausos de un auditorio favorable. Porque una nación puede ordenar determinadas variables macroeconómicas y, simultáneamente, mantener a buena parte de su población enfrentada a dificultades cotidianas. Los discursos pueden anticipar un futuro. Los hechos, en cambio, tienen la desagradable costumbre de exigir pruebas.
Hay, además, una cuestión que no admite frivolidades. Las Malvinas no son una ficha disponible para apuestas sobre la decadencia de otras naciones. Allí viven personas, existen intereses económicos, operan empresas y se mantienen posiciones políticas profundamente enfrentadas. El Reino Unido administra el archipiélago y rechaza negociar su soberanía; la Argentina sostiene su reclamación histórica. Desconocer cualquiera de esas realidades no facilita una solución. La diplomacia exige comprender incluso los argumentos que se rechazan. Gritar más fuerte no modifica un mapa, y ridiculizar al interlocutor difícilmente lo persuada de sentarse a negociar.
El anunciado recurso a mecanismos internacionales y las posibles medidas contra empresas vinculadas con la explotación petrolera merecen, por supuesto, atención. El proyecto Sea Lion plantea cuestiones económicas, ambientales y jurídicas que deben ser examinadas con rigor. Pero ningún procedimiento internacional debería presentarse anticipadamente como una victoria sobre la soberanía si su competencia, alcance y efectos no han sido establecidos. Los tribunales resuelven controversias dentro de sus atribuciones; no conceden automáticamente aquello que un gobierno promete desde una tribuna.
La historia argentina ya conoce el precio de confundir una causa legítima con las necesidades políticas de un gobernante. La guerra de 1982 dejó muertos, heridas y responsabilidades que ninguna generación debería olvidar. Precisamente por respeto a quienes combatieron y a quienes no regresaron, la cuestión Malvinas merece una política exterior de largo plazo, respaldada por instituciones sólidas y una sociedad informada. No necesita salvadores providenciales ni pronósticos sobre el derrumbe del adversario. Necesita paciencia estratégica, continuidad y una Argentina capaz de sostener su palabra.
Y aquí regresa San Mateo, con una actualidad que probablemente no imaginó hace veinte siglos. El Evangelio no prohíbe mirar la paja en el ojo ajeno: exige retirar primero la viga del propio. Javier Milei tiene pleno derecho a defender la soberanía argentina y a cuestionar las políticas económicas británicas. Pero antes de extender certificados de decadencia a Londres, haría bien en comprobar cuánto de la prosperidad que anuncia ha llegado efectivamente a los hogares argentinos. Porque las Malvinas no volverán por la ruina de Gran Bretaña. Y la Argentina tampoco saldrá adelante por el simple placer de anunciar la ruina de los demás.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), 23 de octubre de 2026; discurso oficial de Javier Milei publicado por Casa Rosada, 23 de octubre; Tribunal Internacional del Derecho del Mar, comunicados del 13 y 20 de octubre de 2026
