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Sólo infamias

por Enrique Guillermo Avogadro

“Algunos de esos dirigentes gremiales, dueños de empresas y fortunas, se
han transformado en los máximos extorsionadores del poder democrático”.
Jorge Fernández Díaz

Buenos Aires, 24/02/2024
A sólo setenta y seis días de asumir, las deslumbrantes luces que encendió el Gobierno iluminan sin piedad las canalladas que el kirchnerismo cometió, con alevosía y sin vergüenza alguna, contra la sociedad en su conjunto; explican, en gran medida y para quien quiera verlas, las causas del inconmensurable desastre que hoy vivimos.

Todos los días, cualquiera sea el lugar que toque la actual administración, surgen toneladas de maloliente pus, síntoma claro de una extendida infección. Antes fueron los “chocolates” de la Legislatura bonaerense, los inicuos recitales “gratuitos” organizados con fines proselitistas por gobernadores e intendentes de las provincias y municipios más pobres, y los ya famosos fondos fiduciarios, esa monumental caja política –US$ 10.000 millones- de la que se alimentó la “casta” veinte años y que, al ser defendida con uñas y dientes por sus beneficiarios, hizo fracasar la “ley ómnibus”; esta semana, fueron el PAMI, la ANSES, el INADI, el IOMA, desmesurados organismos con presupuestos enormes y poblados de militantes “ñoquis” con remuneraciones de ensueño e incapaces de cumplir la función social para la que fueron creados.

Los funcionarios no deben olvidar que tienen la obligación legal de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento, y que serán los fiscales quienes, al recibir la información, impulsen la acción penal cuando corresponda. Y al Ministro de Justicia se le agradece que haya devuelto a la UIF y a la OA la posibilidad de actuar como querellantes, facultándolos a requerir pruebas.

En el caso de los fideicomisos, el más rutilante (no el mayor ni el menos explicable) es el Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), dirigido por Fernanda Miño, una enriquecida habitante de La Cava (San Isidro) e integrante del movimiento que lidera Juan Grabois, el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, al cual el Estado giró durante cuatro años dos millones de dólares diarios para obras que no se hicieron y que, cuando lo fueron, se trató básicamente de cordón-cuneta. Hoy, a pesar del escándalo, el dinero sigue fluyendo hacia el FISU, ahora canalizado por Caritas y las iglesias evangélicas. Este audaz piquetero, que se atribuye una íntima amistad con SS Francisco, tiene otro negocio comparable en el papel y el cartón que sus “cooperativas” compran, a precio vil, a los miles de pobres, verdaderos esclavos, que vemos cada noche en las calles del AMBA empujando sus penosos carritos.

Una somera auditoría sobre los distintos planes sociales, repartidos a mansalva por los Fernández², arrojó resultados sorprendentes, con miles de beneficiarios que viajaron al exterior en aviones y barcos, muchos con trabajos formales y decenas de antiguos muertos que seguían cobrando. Cuando se intenta terminar con la corrupción que campea en la intermediación de los alimentos, los gerentes de la pobreza, Grabois en primera fila, mandan descomunales obesas con ollas vacías a protestar y lloran en público por el hambre, y en privado porque les se acaba el robo y la reventa. Ahora, todas las organizaciones se han unido, como se vio ayer, en una protesta generalizada que enmascara la verdadera razón tras el telón de las necesidades de los pobres.

La reglamentación de la desregulación de las obras sociales sindicales afectó tanto a los dirigentes que, sin pudor alguno, despertaron del letargo de cuatro años en que se sumieron para evitar notar el terrible deterioro de salarios y jubilaciones y el aumento sideral de la pobreza que el populismo salvaje producía. Y es razonable que así ocurra, puesto que es de los aportes compulsivos de los trabajadores a las áreas de salud de los gremios de donde sus jerarcas extraen su riqueza personal; se sienten tan impunes, y lo han sido desde 1966, que no dudan en exhibir sus numerosos automóviles de lujo, sus fastuosas residencias, sus empresas contratadas por las mismas organizaciones que dirigen y sus viajes a sitios paradisíacos.

Con la percepción del notorio fracaso de la huelga general que promovieron hace pocos días, pero muy preocupados por el ataque a su órgano más sensible (el bolsillo), ahora reaccionan con paros sectoriales de todo tipo, en un remedo de guerra de guerrillas; comenzaron por los ferrocarriles –que sumó descrédito a los gremialistas cuando se informó que los maquinistas perciben salarios tanto mayores a los pasajeros que transportan, que son los principales perjudicados-, los servicios de salud, y amenazan con no iniciar el ciclo lectivo. Si bien es cierto que los médicos, enfermeros y maestros están mal pagos, no lo es menos que se trata de servicios esenciales que no pueden ni deben interrumpirse. Javier Milei debe entender que es en estas áreas –salud y educación, tanto como seguridad, defensa y justicia- donde el Estado debe mantener una presencia esencial, amén de fortalecer los organismos anti-monopólicos.

Un frente de tormenta más preocupante viene ahora desde las provincias petroleras de la Patagonia, cuyos gobernadores –varios de ellos del PRO- han unificado sus reclamos por los fondos que, dicen, han sido retenidos ilegalmente por el Presidente. En un comunicado conjunto, amenazaron ayer al Gobierno, apelando al federalismo, con no permitir que salga de sus territorios un solo barril de petróleo ni un metro cúbico de gas si, antes del próximo miércoles, Javier Milei no gira ese dinero. De hacerla efectiva, la energía dejará de fluir, electricidad incluida, con todo lo que ello puede significar para el país al sumarse a la fuerte recesión económica.

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