por Enrique Guillermo Avogadro
Las democracias requieren negociación y concesiones.
Los contratiempos son inevitables; las victorias, siempre parciales.
Las iniciativas públicas más importantes para un Presidente
puede ser destrozadas por los medios, malograrse en el Congreso,
o ser rechazadas por las Cortes”
S. Levitsky y D. Ziblatt.
Los argumentos que utilizó Javier Milei para defender, contra viento y marea, su insólita e inexplicable insistencia en imponer al impresentable y tan cuestionado Juez Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema no pueden ser más falsos. Dijo, sin ponerse colorado, que la sostenía por la eficiencia y el conocimiento del candidato sobre el funcionamiento de la Justicia. Con ello, las sospechas de pactos subterráneos con el kirchnerismo –cuyos votos positivos en el Senado le resultarán indispensables para lograrlo- reverdecen y huelen, cada vez más, a impunidad de la corrupción.
La oposición a que Lijo se incorpore al Tribunal supremo no hace más que crecer, a punto tal que esta semana la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a 84 asociaciones profesionales, se expresó severamente en contra, diciendo que el nombrado carece de los requisitos mínimos de antecedentes académicos, probidad y sapiencia; por su parte, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales publicó un estudio que demuestra que este Juez es el menos eficaz entre quienes habitan el maloliente edificio de Comodoro Py, y que “duerme” las causas indefinidamente, sobre todo aquéllas en las que hay funcionarios acusados.
La ciudadanía, en general, no está prestando demasiada atención a este crucial tema, pues está más preocupada por la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el aumento de los servicios y por la caída en la actividad, que pone en riesgo puestos de trabajo. Sin embargo, debiera hacerlo porque, de lograr su propósito el Presidente, las libertades individuales y los patrimonios personales de todos los argentinos estarán sometidos a la voluntad de un personaje que deja tanto que desear, y la prometida persecución a los delincuentes de guante blanco que saquearon el país se convertirá en una nueva desilusión para una sociedad tan castigada.
La Corte Suprema tiene un importantísimo papel asignado por nuestra carta magna: exclusivamente, ser el árbitro final de la constitucionalidad de los actos, leyes y resoluciones de los otros dos poderes del Estado y de los tribunales inferiores. Que aquí, como hemos hecho con tantos otros asuntos relevantes, hayamos conseguido deformar esa función, transformándola en una tercera instancia para cientos de miles de juicios, los previsionales incluidos, no significa que ese rol no deba recuperarse. Y mucho menos intentar convertirla en un mero y condescendiente apéndice del Ejecutivo, que convalide las decisiones más extravagantes de éste con la formación de una mayoría automática, como tantas veces hemos hecho.
Toleramos que se elevara a la Corte a Julio Nazareno, Eugenio Zaffaroni (el garantista que nos sometió a la mayor inseguridad cotidiana) o Ricardo Lorenzetti (ahora sostiene la candidatura de Lijo), y hemos pagado un altísimo precio institucional por ello. Para mostrar nuestra masiva crítica a la iniciativa presidencial, nos reuniremos ante el Palacio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires el lunes 6 de mayo, a las 1830 horas, y gritaremos nuestro “no”; nuestro país está plagado de hombres y mujeres probos, intachables y capaces que podrían ser designados, si en realidad Milei quisiera cumplir sus promesas de avanzar contra la casta saqueadora y no, como parece, pactar con ella, aunque sea para obtener respaldo legislativo para sus iniciativas. Para acompañarnos, éste es el link: https://l1nk.dev/juGXm.
Cierto es que, enfrente, todas las estructuras de la oposición aparecen desflecadas e impotentes, y los antaño disciplinados bloques partidarios en el H° Aguantadero se resquebrajan cada día, tal como se vio en el reciente debate de la Ley de Bases en Diputados; por eso creo que, para el Gobierno, la sanción de ese esencial instrumento por el Senado no debiera ser demasiado difícil, después del bochorno de la auto-triplicación de las dietas que sus miembros protagonizaron. Algo similar ocurre con los dirigentes sindicales en sus amenazas de paros y huelgas, y hasta con los gerentes de la pobreza, acosados por los permanentes descubrimientos de fraudes en la ayuda social. La manifestación universitaria del 23 de abril, en otras épocas, se hubiera convertido, por su masividad, en un complicado punto de inflexión para el Presidente, no pudo ser aprovechado por el fracasado “club del helicóptero” para desestabilizar al Gobierno.
Estoy convencido que, si Javier Milei logra llegar a mitad de año sin que se produzca un improbable estallido social, con la inflación reducida a un dígito mensual y en caída, con alguna recuperación de la actividad, del salario y de las jubilaciones, habrá atravesado el dramático Jordán que tantos pronosticaban y que adquirirá fuerza política cuando se diriman las elecciones de medio término, a fines del año próximo. Y para ello cuenta con un activo incomparable: en materia económica no nos mintió en campaña y, cuando nos dijo que haría precisamente lo que está haciendo, lo votamos masivamente, hartos de décadas de fracaso colectivo.
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