por Enrique Guillermo Avogadro
Buenos Aires, 13/09/2023
Después de cerrar mi nota el pasado fin de semana, me enteré de la nueva calamidad que cayó sobre nuestro propio país.
Me refiero a la sentencia dictada por la Juez Loretta Preska, de Nueva York, en el juicio que el fondo Burford iniciara hace años contra la Argentina e YPF por haber ignorado nuestras autoridades el estatuto de la empresa al momento de expropiar el 51% del capital social de la misma en 2012.
Ese monumental disparate, aplaudido de pie por una gran mayoría de nuestros legisladores, se consumó mientras Cristina Fernández se desempeñaba por segunda vez como Presidente de la República y su Ministro de Economía era el impresentable caradura Axel Kiciloff, actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que pretende su reelección.
En su curioso fallo, que exculpa a YPF y responsabiliza al Estado nacional, pese a que acepta como válido el monto reclamado por dicho fondo, ¡US$ 16.000 millones!, deja abierta la puerta para negociaciones entre las partes del juicio; sobre la marcha de éstas habrá que poner la lupa para evitar nuevas y caras “avivadas”.
Pero lo notable es que la magistrada basó su decisión, textualmente, en las públicas manifestaciones de Kiciloff, cuando dijo que hubiera sido “estúpido” cumplir con la ley y los estatutos (que obligaban a quien adquiriera su paquete mayoritario a ofrecer comprar a los restantes accionistas).
Con las disculpas del caso por la auto-referencia, en julio de 2018, al saber de la existencia de ese juicio, escribí una nota en la que denuncié que, detrás de la pantalla de ese “fondo buitre” estaban nada menos que la misma Cristina, la actual Vicepresidente condenada por ladrona, y sus hijos, dando las explicaciones de mis dichos. A pesar de los muchos medios digitales que la publicaron, aquí y en el exterior, no recibí intimación alguna a retractarme públicamente ni fui acusado ante los Tribunales.
No por casualidad, quien defendió a nuestro país en el juicio fue nada menos que Carlos Chino Zannini, Procurador del Tesoro desde 2019, notorio súbdito y cómplice necesario de la ahora auto-recluida y tan corrupta emperatriz del Calafate.
Para confirmar cuán caro nos resultó toda la gestión del inefable Gobernador como Ministro, basta recordar los pagos a Repsol por US$ 10.000 millones (intereses incluídos) después de asegurar que sería la compañía española quien resarciría a la Argentina, o los nefastos acuerdos que firmó con el Club de Paris, reconociendo hasta los intereses punitorios, que siempre son condonados al regularizar la situación de la deuda.
Alguna vez, la Argentina debería instaurar el juicio de residencia obligatorio, para que todos los funcionarios públicos con poder de decisión rindieran acabadas explicaciones, al terminar sus mandatos o funciones, acerca de la real evolución de su patrimonio y, en especial, a los perjuicios que sus actos hubieran causado al erario público. Muchos de quienes aún se pasean por el escenario político, además del enano físico y moral mencionado y su jefa espiritual, ya estarían, si así fuera, detrás de las rejas y se habrían vuelto absolutamente insolventes.
En otro orden de cosas, y para responder cualquier eventual acusación de mero panegirista del Proceso militar, me permito recordar que en marzo de 2006, hace ya diecisiete años, escribí otra nota para explicar a mis lectores desde dónde y cómo veía lo sucedido entonces.
En cada ocasión en que llegué por primera vez a las cárceles en que se encuentran los militares presos, les pedí leerla y subordiné la continuidad de mi presencia a la aceptación de mi postura; a pesar de mis duros cuestionamientos al proceder de las juntas, nunca me tocó escuchar objeción alguna. Nobleza obliga.
Hasta la próxima, si Dios quiere.