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Ahondando el relato

Oberdan Sallustro, director general de Fiat Concord, secuestrado y asesinado por el ERP en 1972

por Enrique Guillermo Avogadro
“Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”
George Orwell

Buenos Aires, 9/09/2023
El acto de recordación de las víctimas del terrorismo que realizó el lunes la candidata a Vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña fue lo más destacado de la semana y constituyó un golpe demoledor para el edificio de silencio y tergiversación de la historia que construyó el kirchnerismo. Durante veinte años ininterrumpidos –el gobierno de Mauricio Macri nada hizo para evitarlo- se instiló en la juventud un falso relato de lo que sucedió en la Argentina y se le inculcó la inventada cifra de 30.000 desaparecidos. Se le hizo creer que nada había pasado aquí antes del 24 de marzo de 1976, cuando unos militares dementes, bajados de un plato volador, salieron a matar a jóvenes idealistas que, en lugar de armamento de guerra y una estructura militar semejante a la del Ejército, portaban flores, cantaban canciones de paz y amor y hacían turismo estudiantil a Cuba, Vietnam, Argelia, Libia y Líbano.

Así, se exculpó a las organizaciones terroristas de los miles de atentados con bombas, los asesinatos de cientos de compatriotas (civiles, niños, policías, empresarios, militares, sacerdotes, dirigentes gremiales, etc.), los ataques a unidades de las fuerzas armadas y comisarías, los robos a bancos, los secuestros extorsivos, etc., que cometieron inclusive durante el gobierno democrático del Gral. Juan D. Perón y su viuda, elegidos por más del 60% de los votos. Simétricamente, también se “olvidaron” los atroces crímenes cometidos por la Triple A, esa organización paramilitar creada, armada y financiada desde el poder para combatir en las calles y matar a los “zurdos”, enemigos de la derecha peronista.

Quienes nacieron desde esos años violentos no saben que el ERP se lanzó a una guerra de guerrillas a imitación de Cuba, con la pretensión de transformar a la Provincia de Tucumán en un Estado beligerante en 1975, y que fue el Gobierno nacional, en democracia, quien ordenó al Ejército actuar para aniquilarlo. Pero, sobre todo, se borró de la historia, de un plumazo, el enorme apoyo civil, incluyendo al mismo PJ y a los sindicatos, que tuvo el golpe militar que encabezó el Tte. Gral. Jorge R. Videla.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se llevó a juicio a las miembros de las juntas del Proceso (1976/1983) y se los condenó; los jueces dijeron, en su sentencia, que habían combatido en una guerra. Contemporáneamente, fueron encarcelados varios jefes guerrilleros, tales como Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo. En el mismo período, fueron sancionadas las leyes “de obediencia debida” (exculpaba a los subordinados y responsabilizaba a los jefes superiores) y “de punto final” (puso un límite temporal a la formulación de denuncias contra los militares). Los terroristas volvieron a las andadas en enero de 1989, cuando coparon el Regimiento Mecanizado 3, en La Tablada, con un enorme saldo de muertos; quien comandó la recuperación del cuartel, el Gral Alfredo Arrillaga, fue juzgado y condenado por “lesa humanidad”, mientras que a los atacantes se les conmutaron las penas. Más tarde, el Presidente Carlos Menem indultó a todos ellos, militares y terroristas, en su afán por pacificar al país..

Pero llegó don Néstor a la Casa Rosada y, por el pacto que firmó con Horacio Perro Verbitsky, se garantizó el apoyo de los organismos de derechos humanos (tuertos); así se dotó de unos fueros simbólicos que le permitieron saquear con impunidad el país. El nuevo Presidente hizo arrodillar al Congreso y éste derogó las leyes mencionadas y, de tal modo, se reinició la persecución a quienes habían derrotado al terrorismo. La Corte Suprema, por boca de Ricardo Lorenzetti, informó sin vergüenza que esa política era un tema ¡consensuado entre los tres poderes del Estado!

A partir de entonces, se abrieron dos caminos paralelos. Por un lado, se mandó a la cárcel, mediante juicios amañados encabezados por verdaderos asesinos togados, con testigos falsos que confiesan haber construido una “memoria colectiva” y en los que se ignoran todas las pruebas de inocencia, a cerca de tres mil ancianos (algunos llegan a los 100 años), muchos (805) ya muertos en cautiverio y con prisiones preventivas que superan, en promedio, los 9 años (el máximo legal es de 3 años, y sólo para los casos en que pueden ponerse en riesgo la investigación o exista peligro de fuga). Por otro, se organizó una gigantesca defraudación al Estado bajo la forma de monumentales indemnizaciones (superan los US$ 4.000 millones) a quienes dicen haber sufrido cárcel, torturas o exilio, algo que ha sido denunciado, infructuosamente, por José D’Angelo y Luis Gasulla en varios libros.

Villarruel pretende, además del reconocimiento y la reparación a las víctimas de la guerrilla, como hizo Uruguay (siempre un ejemplo), que esos crímenes también sean considerados de “lesa humanidad” y, consecuentemente, imprescriptibles. Y tiene razón porque, contra lo que aúllan las Madres, las Abuelas y los Hijos de los subversivos y más allá de la negativa de la Juez Romilda Servini de Cubría a aceptarlo así, el Pacto de Roma (2004), aplicado con retroactividad a los militares, define como tales, no sólo al terrorismo de Estado, sino a aquéllos delitos cometidos por organizaciones armadas, financiadas e instruidas por Estados extranjeros, como fue el caso de Montoneros y ERP en nuestro país.

El riesgo de un cambio en el criterio de los jueces, siempre atentos a los nuevos vientos que llegan desde la política, para tantos terroristas que, décadas después, siguen actuando y aún pretenden destruir a la Argentina con reivindicaciones de falsos derechos mapuches, y que amenazan con reaccionar con violencia en las calles si la oposición triunfa, es la verdadera razón de la virulenta reacción que se vió y oyó en los medios kirchneristas.

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Gobierno de Lanusse (1971-73)
Tras la caída de Levingston, Lanusse fue nombrado presidente “de facto” en marzo de 1971. A pesar del inicio de la construcción de infraestructuras (carreteras, puentes, etc.) necesarias para el desarrollo del país, su gobierno no respondió a las demandas populares en materia de política social y económica, encontrándose así con la misma impopularidad que sus dos predecesores..

Lanusse intentó responder a la declaración de la Hora del Pueblo convocando elecciones, pero excluyendo de ellas a los peronistas en el marco del llamado Gran Acuerdo Nacional. Para supervisar las elecciones, nombró ministro del Interior al radical Arturo Mor Roig, que contaba con el apoyo de la coalición de partidos Hora del Pueblo..

La intensificación de la lucha armada.
Bajo la presidencia de facto de Lanusse, la guerra de guerrillas se impuso definitivamente en todo el país con ataques a instalaciones militares, asesinatos, heridos y secuestros. En marzo de 1972, el director general de Fiat Concord, Oberdan Sallustro, fue secuestrado por el ERP. Fue asesinado al mes siguiente.

En agosto de 1972, un intento de fuga de guerrilleros de la prisión de Rawson terminó en una masacre. Aunque algunos de los fugados, entre ellos Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, lograron escapar a Chile, otros diecinueve prisioneros fueron recapturados. Dieciséis de ellos, miembros de Montoneros, FAR y ERP, fueron asesinados en Trelew, mientras que tres lograron sobrevivir. La misma noche del 22 de agosto de 1972, la junta promulgó la ley 19.797, que prohibía cualquier información sobre las organizaciones guerrilleras. La masacre provocó manifestaciones en varias ciudades.

El fin de la Revolución Argentina
Finalmente, Lanusse revocó la proscripción del Partido Justicialista, aunque la mantuvo contra Perón al aumentar el número de años de residencia exigidos a los candidatos presidenciales, excluyendo así de hecho a Perón de las elecciones, ya que se encontraba en el exilio desde la Revolución Libertadora de 1955.

Perón decidió entonces designar a su secretario personal Héctor José Cámpora, un peronista de izquierdas, como candidato para representar a la coalición electoral FreJuLi (Frente Justicialista de Liberación), compuesta por el Partido Justicialista y partidos menores aliados. El lema electoral del FreJuLi era “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”.


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