Lima, 19/01/2023
La presidente del Perú, Dina Boluarte, anunció hoy que caerá todo el rigor de la ley sobre los responsables de los actos delincuenciales y vandalismo registrados durante las marchas de protestas acontecidas en Lima y otras regiones. – Hasta aquí informó la Agencia Peruana de Noticias Andina –
En diciembre de 2022, durante la crisis política peruana, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República del Perú durante el proceso de juicio político en su contra, Boluarte condenó el intento como una “ruptura del orden constitucional” y asumió la presidencia después del derrocamiento e intento de fuga de Castillo.
En su primer discurso ante el Congreso, denunció al expresidente Castillo declarando su intención de formar un gobierno de unidad nacional.
Después del encarcelamiento de Castillo, se extendieron las protestas contra el nuevo gobierno, lo que provocó enfrentamientos con la policía que mató a tiros a nueve personas. Los manifestantes acusan a Boluarte de golpista por sus acuerdos con la derecha, acuerdos que -según el líder de Izquierda Socialista del Perú Martín Guerra- hacen muy difícil que una organización popular pueda recibir fondos públicos para la campaña electoral y por tanto presentarse en futuras políticas electorales.
El pasado 11 de diciembre propuso adelantar la próxima elección a abril de 2024 y luego, ante las crecientes protestas, a diciembre de 2023. Sin embargo, el 16 de diciembre el Congreso se negó a adelantar la elección. Según una encuesta, el 83% de los peruanos quiere elecciones anticipadas.
En orden internacional existen fricciones entre el gobierno peruano y Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes en un comunicado conjunto afirman que Pedro Castillo “fue víctima de un movimiento hostil, antidemocrático y violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Por el contrario, Estados Unidos reitera su apoyo al “proceso institucional democrático”, según Antony Blinken.
Las movilizaciones repercuten en las zonas pobres del país, las mismas que votaron masivamente por Pedro Castillo en 2021; las principales carreteras de 18 de los 24 departamentos de Perú y cinco aeropuertos fueron bloqueados. El 14 de diciembre, se declaró el estado de emergencia en todo el país durante 30 días, medida de fuerza que permitió al ejército desplegarse contra los manifestantes. Al día siguiente de esta proclamación, la ciudad de Ayacucho, en el Sur, fue escenario de una violenta represión que terminó con la muerte de ocho personas, además de las siete asesinadas unos días antes en la región Apurímac, también en el Sur. A partir del 16 de diciembre se declaró toque de queda en quince provincias del país. Veinte personas habían sido asesinadas desde el inicio de las manifestaciones el 17 de diciembre, la mayoría por disparos, víctimas de la represión policial y militar.
Dos ministros renunciaron el 16 de diciembre: “No se puede justificar la muerte de compatriotas. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada”, escribió la ministra de Educación, Patricia Correo, en su carta de renuncia, mientras que Amnistía Internacional pidió “el cese inmediato de la violencia de Estado”. “Los principales medios peruanos, en su mayoría propiedad del grupo privado El Comercio, que posee el 80% de los títulos, tienden a encubrir la violencia en las zonas rurales, mientras que a los manifestantes a veces se les describe como “terroristas y criminales”.
El 21 de diciembre de 2022, Boluarte nombró como presidente del Gobierno al ministro de Defensa, Alberto Otárola. También nombró nuevos ministros de Interior, Defensa y Educación.
El 29 de diciembre de 2022, la diputada Sigrid Bazán interpuso recurso de inconstitucionalidad contra Dina Boluarte, el expresidente del Gobierno Pedro Angulo y los exjefes de Gobernación y Defensa por “violencia de Estado” que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, ha resultado en 28 muertos y más de 600 heridos desde que estallaron las protestas contra la administración y el Congreso de Boluarte.
El 10 de enero de 2023, la Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, anunció investigaciones por presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves contra Boluarte, el Primer Ministro Alberto Otárola, el Ministro del Interior Víctor Rojas y el Ministro de Defensa Jorge Chávez.
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