ASUNCIÓN. En Paraguay, casi tres millones de clientes descubrieron que la modernidad bancaria tiene una particularidad poco anunciada: permite abrir una cuenta en minutos, pero no garantiza que uno pueda recuperar su dinero con la misma velocidad. La intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central tras detectar una grave insuficiencia de solvencia, paralizó sus servicios y convirtió una crisis financiera en una emergencia cotidiana. Cuando un banco cierra sus puertas, la primera víctima no suele ser el accionista: es el ciudadano que necesita comprar pan y descubre que su tarjeta ya no responde.
La entidad había construido buena parte de su popularidad mediante la expansión de los servicios digitales, incorporando a numerosos ciudadanos al sistema financiero. Un avance importante, sin duda. Pero la inclusión bancaria tiene una condición elemental: el dinero depositado debe estar disponible cuando su propietario lo necesita. De poco sirve celebrar millones de cuentas abiertas si después millones de personas deben esperar instrucciones para disponer de sus propios ahorros. La tecnología puede sustituir al cajero, pero todavía no inventó una aplicación capaz de reemplazar la confianza.
El Banco Central explicó que el índice de solvencia de Ueno había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La decisión activó un procedimiento de resolución destinado a proteger los depósitos y preservar la estabilidad del sistema. La pregunta inevitable es cómo una institución de semejante dimensión llegó a esa situación mientras funcionaban los mecanismos de supervisión. Porque los controles bancarios no fueron inventados para redactar explicaciones después del naufragio, sino para detectar las vías de agua antes de que el barco empiece a hundirse. Banco Central del Paraguay
El problema adquiere otra dimensión cuando aparecen los recursos públicos. El Instituto de Previsión Social mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank, según los datos difundidos por sus autoridades. También estaban involucrados fondos de otras instituciones estatales. No se trata solamente de inversiones financieras: detrás de esas cifras existen jubilaciones, servicios públicos y obligaciones que no pueden suspenderse porque una operación bancaria salió mal. El dinero público exige prudencia adicional, precisamente porque quienes soportan las consecuencias no participaron en las decisiones. EFE Noticias
La tormenta alcanzó al presidente Santiago Peña, anteriormente vinculado como accionista al grupo empresarial relacionado con Ueno. Carlos Carvallo, titular del Banco Central y antiguo responsable de la financiera Ueno, anunció su renuncia. Legisladores opositores promovieron un pedido de juicio político contra Peña y su vicepresidente, mientras la Justicia investiga posibles irregularidades empresariales. Los vínculos políticos y comerciales merecen un examen riguroso, pero no constituyen por sí mismos una prueba de delito. La responsabilidad penal deberá establecerla la Justicia; la responsabilidad institucional exige, además, explicar cómo funcionaron los controles y quién tomó las decisiones. EFE Noticias+1
La historia latinoamericana ofrece antecedentes que convendría no archivar demasiado pronto. Perú conoció en 1931 el derrumbe del Banco del Perú y Londres, golpeado por la crisis internacional y sus propias debilidades financieras. Décadas después, entre 1998 y 2001, nuevas dificultades bancarias obligaron a intervenir entidades y revisar mecanismos de supervisión. Los contextos fueron distintos y las causas no pueden equipararse automáticamente. Pero existe una enseñanza común: cuando los riesgos se acumulan dentro de instituciones importantes, sus consecuencias terminan atravesando las paredes de los bancos y alcanzando a toda la sociedad.
El episodio paraguayo también merece atención en Argentina, donde Javier Milei ha destacado aspectos del modelo económico del país vecino. La estabilidad macroeconómica, los impuestos relativamente bajos y las condiciones para la inversión pueden constituir argumentos legítimos de una política económica. Sin embargo, ninguna de esas características elimina la necesidad de supervisión financiera independiente. Una economía puede exhibir indicadores favorables y, simultáneamente, albergar vulnerabilidades en una institución determinada. Confundir una cosa con la otra sería tan razonable como declarar seguro un edificio porque su fachada acaba de recibir una mano de pintura.
Mientras tanto, el Banco Central paraguayo anunció una garantía de depósitos de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y un primer pago de hasta diez millones, sujeto a los procedimientos correspondientes. Es una protección importante, aunque una garantía legal no equivale necesariamente a disponibilidad inmediata. Para quien debe pagar el alquiler, comprar medicamentos o sostener un pequeño comercio, la diferencia entre cobrar hoy y cobrar dentro de varias semanas no es un detalle administrativo. Es la distancia entre una solución y un problema que continúa creciendo.
La Asociación de Bancos del Paraguay sostiene que el resto del sistema financiero conserva su solidez y continúa funcionando normalmente. Es una distinción indispensable: la crisis de una entidad no demuestra la insolvencia de todas las demás. Pero tampoco debería utilizarse esa tranquilidad general para restar importancia a lo sucedido. Las instituciones recuperan credibilidad con información transparente, responsabilidades determinadas y depósitos efectivamente restituidos. La confianza no se decreta en una conferencia de prensa: se construye cumpliendo obligaciones.
Y aquí aparece la verdadera dimensión del problema. Paraguay deberá esclarecer qué ocurrió, proteger a los depositantes y determinar si existieron responsabilidades empresariales, regulatorias o políticas. Argentina, Perú y los demás países de la región tienen motivos para observar el desenlace. Porque los modelos económicos pueden discutirse, admirarse o cuestionarse; lo que no admite demasiada discusión es que los ahorros pertenecen a quienes los depositaron. Los bancos pueden cerrar sus ventanillas. Los gobiernos pueden cambiar sus discursos. Pero cuando desaparece la confianza, no existe cajero automático capaz de devolverla.
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Fuentes consultadas
Banco Central del Paraguay, comunicado oficial del 3 de noviembre; Agencia EFE, 4 de noviembre; Reuters y Associated Press, cobertura del 4 de noviembre de 2026.