Buenos Aires.— La política argentina acaba de descubrir una nueva modalidad de administración pública: observar cómo votan los ciudadanos de otro país mientras el propio Congreso posterga sus decisiones. Una comitiva de legisladores y funcionarios viaja a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Entre ellos figura Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La experiencia internacional siempre resulta enriquecedora. Aunque sería todavía más provechosa si, al regresar, los viajeros recordaran que también tienen obligaciones parlamentarias en Buenos Aires.
El Presupuesto 2027, pieza fundamental para determinar cuánto recauda, cuánto gasta y qué prioridades establece el Estado, sigue sin conseguir los acuerdos necesarios. La Libertad Avanza pretendía acelerar su aprobación, pero el PRO, la UCR y los representantes provinciales decidieron que acompañar al Gobierno no significa necesariamente firmar cualquier documento que aparezca sobre la mesa. Una saludable manifestación de independencia legislativa, siempre que no termine convertida en otra feria de favores políticos.
El PRO reclama fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, rebajas tributarias y mayores garantías sobre las concesiones viales. Entre sus propuestas aparece incluso una reducción del IVA aplicado a los huevos. La iniciativa puede tener fundamentos económicos atendibles, aunque ofrece una imagen bastante pintoresca del momento nacional: mientras se discute el financiamiento del Estado, los diputados deben decidir cuánto cuesta fiscalmente preparar una tortilla.
La Unión Cívica Radical, por su parte, exige preservar mecanismos de actualización de las asignaciones sociales y garantizar recursos para universidades y discapacidad. No son cuestiones ornamentales. Detrás de cada partida existen estudiantes, familias, instituciones y personas cuya vida cotidiana no puede quedar suspendida hasta que los dirigentes terminen de negociar. Un presupuesto puede presentar cifras impecables y, sin embargo, resultar profundamente defectuoso cuando sus números dejan de representar necesidades humanas.
Las provincias también han presentado sus facturas. Reclaman deudas previsionales, mantenimiento de rutas, infraestructura y condiciones para sostener sus economías regionales. Los gobernadores conocen una verdad bastante elemental: el equilibrio fiscal celebrado desde un despacho porteño pierde parte de su encanto cuando los caminos se deterioran, las cajas jubilatorias acumulan dificultades y la producción debe circular por carreteras que parecen conservar recuerdos materiales del siglo pasado.
Como ingrediente adicional aparece la nueva legislación sobre biocombustibles. Córdoba y Santa Fe impulsan su tratamiento, mientras representantes bonaerenses y distintos bloques advierten sobre posibles perjuicios para pequeñas empresas productoras de biodiésel. Existen intereses económicos contrapuestos y objeciones que merecen discusión. Reducir el desacuerdo a una conspiración sería una comodidad intelectual. Pero utilizar las diferencias como excusa permanente para no decidir tampoco constituye precisamente un homenaje a la eficiencia parlamentaria.
Entretanto, el oficialismo pretende alcanzar un acuerdo que permita emitir dictamen hacia mediados de noviembre y llevar el Presupuesto al recinto el día 25. El calendario comienza a parecerse a una carrera de obstáculos, con la particularidad de que algunos corredores discuten las reglas mientras otros aprovechan para viajar al extranjero. Javier Milei, que convirtió la velocidad de las reformas en una de sus banderas políticas, descubre que el Congreso no funciona con acelerador presidencial. Necesita votos, acuerdos y algo menos frecuente: confianza.
La cuestión de fondo no consiste en prohibir que los legisladores conozcan otras democracias. Consiste en recordarles que fueron elegidos para trabajar en la propia. Estados Unidos votará el 3 de noviembre y continuará resolviendo sus asuntos institucionales. La Argentina, mientras tanto, seguirá esperando un presupuesto que refleje algo más que las ambiciones del Gobierno y el precio de los acuerdos parlamentarios. Porque una cosa es viajar para aprender cómo funciona la democracia y otra bastante distinta es regresar con fotografías, recuerdos y millas acumuladas, mientras las responsabilidades permanecen exactamente donde las dejaron: en la sala de espera.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas, 2 de noviembre de 2026; Infobae, 28 y 30 de octubre; La Nación, 30 de octubre; TN, 1 de noviembre; Cámara de Diputados de la Nación; Comisión Federal Electoral y USAGov.