Asunción, 5 de noviembre de 2026. — En Paraguay ocurrió algo que los manuales de economía suelen explicar con números, pero que la política termina resolviendo con renuncias: cuando desaparece la confianza, hasta el presidente puede quedarse sin crédito. Santiago Peña presentó su dimisión después del colapso de Ueno Bank, una entidad financiera cuya caída arrastró ahorros, compromisos públicos y buena parte de la credibilidad gubernamental.
El mandatario explicó que se marchaba para preservar la estabilidad institucional. Una despedida solemne, aunque bastante tardía para quienes descubrieron que su dinero había quedado atrapado detrás de una ventanilla cerrada.
El Banco Central del Paraguay había dispuesto la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar un deterioro grave de su solvencia. La entidad atendía a casi tres millones de clientes y administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos. No se trataba, por lo tanto, de una pequeña financiera que había perdido la brújula contable. Era un engranaje importante del sistema económico, con recursos de trabajadores, jubilados y organismos estatales comprometidos. Cuando semejante estructura se desploma, el problema deja de pertenecer exclusivamente a los banqueros: llega a los hogares y termina golpeando las puertas del Palacio de Gobierno.
La situación se volvió particularmente incómoda para Peña por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario del banco, del que fue accionista hasta 2025. A ello se sumaron los cuestionamientos por la designación de Carlos Carvallo, anteriormente vinculado a Financiera Ueno, al frente del Banco Central. Estos antecedentes no constituyen por sí solos una prueba de responsabilidad penal, pero justifican preguntas que ninguna democracia seria debería considerar impertinentes. Porque una cosa es gobernar cerca del mundo financiero y otra bastante distinta es permitir que la frontera entre los negocios privados y las obligaciones públicas se vuelva invisible.
El golpe político definitivo llegó desde su propia casa. Horacio Cartes, expresidente y principal figura del Partido Colorado, retiró su respaldo al mandatario y acompañó la iniciativa de juicio político. El hombre que había contribuido a colocar a Peña en la Presidencia terminó aceptando que su permanencia era políticamente insostenible. Una demostración bastante instructiva de cómo funcionan ciertas lealtades: son eternas mientras el poder conserva valor de mercado. Cuando la cotización cae, aparecen los defensores de la moral republicana, muchas veces con una rapidez que habría resultado admirable si hubiesen demostrado idéntica diligencia antes del desastre.
Peña anunció su decisión mediante un mensaje público, invocando la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas. También pidió disculpas a quienes hubieran sentido defraudada su confianza. Son palabras apropiadas para cerrar una presidencia, pero insuficientes para cerrar las cuentas de un banco. Porque la responsabilidad política no se liquida con una declaración solemne, ni el sufrimiento de los depositantes desaparece cuando un mandatario abandona su despacho. Las disculpas tienen valor moral; los ahorros, en cambio, necesitan respaldo financiero. Y hasta ahora nadie ha inventado una moneda que permita pagar las jubilaciones con arrepentimiento.
La Constitución paraguaya establece que el vicepresidente Pedro Alliana debe completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, una vez formalizada la sucesión correspondiente. Su continuidad ofrece una salida institucional, aunque no necesariamente una transformación del sistema político que permitió llegar a esta crisis. El Partido Colorado conserva una posición central en el poder y sus distintas corrientes ya comenzaron a reorganizarse alrededor del futuro gobierno. Cambiar de conductor puede resultar indispensable cuando el vehículo termina en la banquina. Pero si nadie revisa los frenos, las próximas curvas seguirán ofreciendo exactamente el mismo peligro.
Mientras tanto, la Justicia investiga presuntas irregularidades financieras. La Fiscalía avanzó contra directivos y personas vinculadas con operaciones cuestionadas, aunque las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante procedimientos judiciales y pruebas, no mediante condenas periodísticas anticipadas. También corresponde examinar el comportamiento de los organismos reguladores y determinar si hubo alertas ignoradas, controles deficientes o decisiones que favorecieron intereses particulares. La pregunta no consiste solamente en quién administró mal el dinero, sino en cómo pudieron acumularse riesgos semejantes bajo la mirada de instituciones cuya función era precisamente impedirlos.
Paraguay enfrenta ahora una prueba que supera ampliamente el destino político de Santiago Peña. Debe demostrar que sus instituciones pueden proteger a los ciudadanos, investigar sin privilegios y recuperar la confianza sin recurrir a operaciones de maquillaje. La renuncia presidencial puede cerrar una etapa, pero no cancela las obligaciones del Estado ni devuelve automáticamente los depósitos. La política ya encontró un procedimiento para reemplazar al presidente. Ahora falta resolver algo bastante menos ceremonial: devolverles a los paraguayos la seguridad de que sus ahorros no son fichas de un casino administrado por el poder. Porque en una república los gobiernos pueden cambiar de manos; lo que jamás debería cambiar de dueño, sin consentimiento, es el dinero de sus ciudadanos.
© 🖋️ El Tasador del Relato | 2026 — All Rights Reserved
© 2026 SalaStampa.eu, world press service – All Rights Reserved – Guzzo Photos & Graphic Publications – Registro Editori e Stampatori n. 1441 Turin, Italy
Fuentes consultadas: Reuters, Associated Press, ABC Color, Última Hora y Cámara de Diputados de Paraguay. Información contrastada al 5 de noviembre de 2026. La presentación de la renuncia está confirmada; su aceptación formal por el Congreso no había quedado verificada en las fuentes consultadas.