Buenos Aires, 5 de noviembre de 2026. — En la Argentina, algunos expedientes judiciales parecen tener más vidas que un gato y menos apuro que una tortuga de vacaciones. La causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros imputados, acaba de ofrecer otra demostración. Cuando parecía encaminada al archivo, apareció la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para sostener que todavía quedaban pruebas por examinar. Y así, lo que algunos consideraban un asunto terminado volvió a convertirse en un problema judicial de primera magnitud.
El fiscal Eduardo Taiano había solicitado el sobreseimiento de los investigados al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación. El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el planteo y dispuso el cierre de la causa en primera instancia apenas un día después. Una velocidad que, comparada con los habituales tiempos de Comodoro Py, podría merecer una medalla olímpica. Naturalmente, la rapidez no demuestra irregularidad alguna. Pero cuando una investigación compleja termina mientras todavía se discute la necesidad de producir pruebas, la eficiencia deja de ser una virtud indiscutible y empieza a despertar preguntas.
La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, considera que el cierre fue prematuro y que existen diligencias pendientes capaces de aportar elementos relevantes. Su planteo no equivale a demostrar una estafa ni a establecer responsabilidades penales. Significa algo bastante más elemental: antes de cerrar definitivamente una investigación, convendría asegurarse de que se investigó lo necesario. Una exigencia que debería resultar tan natural en los tribunales como encontrar expedientes sobre los escritorios, aunque la experiencia aconseje no dar nada por descontado.
El juez Daniel Rafecas, que reemplaza temporalmente a Martínez de Giorgi, decidió escuchar nuevamente a Taiano antes de que se resuelva el pedido de la PIA. El procedimiento tiene fundamento procesal, aunque ofrece una escena digna del teatro institucional argentino: un fiscal que solicitó cerrar la investigación deberá pronunciarse sobre el intento de otro fiscal de continuarla. Ambos pertenecen al Ministerio Público Fiscal, pero sus interpretaciones parecen viajar en trenes diferentes. Uno considera que el recorrido terminó; el otro sostiene que todavía faltan estaciones.
El problema político es inevitable. Javier Milei llegó a la Presidencia proclamando una ruptura con las prácticas tradicionales del poder. Sin embargo, cuando una controversia judicial alcanza a su propio entorno, las preguntas sobre transparencia, responsabilidad y controles institucionales adquieren una dimensión especialmente delicada. No corresponde declarar culpable al Presidente por una investigación cuestionada, pero tampoco convertir su investidura en un paraguas bajo el cual las dudas deban desaparecer. La inocencia se presume; la transparencia se demuestra. Y ninguna de las dos necesita un ejército de propagandistas para existir.
A este escenario se suma otro movimiento judicial: la Cámara Federal de Casación Penal admitió que se revise la exclusión de damnificados que pretenden intervenir como querellantes. La decisión no significa que hayan recuperado definitivamente esa condición ni que la causa esté formalmente reabierta. Pero incorpora una nueva discusión sobre quiénes pueden cuestionar los sobreseimientos. Porque si quienes afirman haber sufrido perjuicios quedan fuera del proceso, mientras quienes deben investigar consideran concluida la tarea, la Justicia corre el riesgo de parecer una conversación entre funcionarios con el público esperando detrás de la puerta.
Ahora la responsabilidad vuelve a Martínez de Giorgi, quien deberá resolver el planteo de la PIA cuando regrese de su licencia. Si lo rechaza, existe una apelación subsidiaria destinada a llevar la controversia ante la Cámara Federal. Nada de esto anticipa una condena, una absolución definitiva ni siquiera la reapertura efectiva de la investigación. Pero demuestra que el cierre judicial todavía enfrenta objeciones relevantes. Y cuando dos representantes del Ministerio Público discrepan sobre la suficiencia de las pruebas, la respuesta institucional debería ser una resolución fundada, no una competencia por ver quién consigue colocar primero el candado.
El verdadero problema de $LIBRA ya no se limita a determinar si existió un delito y quiénes pudieron haber participado. También consiste en establecer si las instituciones argentinas son capaces de investigar asuntos que rozan al poder sin dejarse arrastrar por la conveniencia política, la presión mediática o las urgencias del calendario. Javier Milei tiene derecho a defender su inocencia, los denunciantes a reclamar una investigación conforme a derecho y la sociedad a exigir respuestas verificables. Porque en una República seria la Justicia no está para fabricar culpables ni para repartir certificados de inocencia por anticipado. Está para descubrir la verdad. Y la verdad, por mucho que incomode, no debería necesitar permiso del poder para entrar por la puerta.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (5 de noviembre de 2026); La Nación (5 de noviembre de 2026); Infobae (30 de octubre de 2026