El Gobierno argentino enfrenta dos problemas que no consigue resolver con discursos: una economía que no responde como había prometido y un Congreso donde las grandes reformas anunciadas avanzan con dificultad. Javier Milei asegura que el país crecerá durante los próximos cuatro años. Sin embargo, los últimos datos económicos alimentan dudas sobre el futuro inmediato, mientras buena parte de la agenda legislativa continúa esperando turno. Una cosa es anunciar el porvenir y otra, bastante menos entretenida, conseguir que llegue.
La actividad económica registró una caída del 2,9% en julio, según los datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas. El Presidente sostiene que el producto bruto interno se encuentra en niveles máximos y que el empleo no presenta dificultades graves. Pero dentro del propio oficialismo aparecen funcionarios que reconocen una realidad menos sonriente: los grandes números pueden mostrar cierto orden mientras los negocios venden menos, las familias reducen sus compras y numerosas empresas tienen dificultades para sostener su actividad. Es lo que los economistas llaman la diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Para el ciudadano común, la explicación resulta bastante más sencilla: las cuentas del Estado pueden mejorar sin que mejore su bolsillo.
El ministro Luis Caputo había anunciado en abril que los siguientes dieciocho o veinte meses serían los mejores de las últimas décadas. La promesa todavía tiene tiempo para cumplirse, pero los economistas comienzan a advertir que el tercer trimestre podría terminar con una nueva contracción. Algunos consideran incluso posible una recesión técnica, expresión que se utiliza habitualmente cuando la actividad económica cae durante dos trimestres consecutivos. No significa necesariamente una catástrofe, pero tampoco constituye una invitación a descorchar champán. Y mucho menos cuando el consumo continúa dando señales de debilidad.
Los especialistas consultados por Noticias Argentinas coinciden en que recuperar el terreno perdido durante julio exigiría un crecimiento muy importante en agosto y septiembre. Federico Filippini, Federico González Rouco y Claudio Caprarulo presentan cálculos y diagnósticos preocupantes. Diego Piccardo contempla la posibilidad de una recuperación, aunque reconoce que difícilmente alcance para cerrar el trimestre con crecimiento. No todos ven exactamente el mismo panorama, pero comparten una advertencia: los resultados económicos no mejoran porque un funcionario anuncie que mejorarán. Los números tienen la desagradable costumbre de no obedecer órdenes presidenciales.
Mientras tanto, en el Congreso sucede algo parecido. El primero de marzo, Milei anunció que 2026 sería el año más reformista de la historia argentina. Prometió una batería de proyectos destinados a modificar aspectos importantes del funcionamiento del país. Sin embargo, cuando octubre comienza a despedirse, iniciativas como el Presupuesto 2027, la reforma electoral y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central siguen pendientes de tratamiento. El calendario parlamentario avanza con una puntualidad que las reformas todavía no consiguen imitar.
Desde la Casa Rosada explican las demoras mediante una sucesión de acontecimientos inesperados, bautizados con una expresión muy apreciada por los economistas: cisnes negros. Entre ellos mencionan la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, los problemas judiciales relacionados con el DNU 70/2023 y las dificultades para negociar con otras fuerzas políticas. Son circunstancias que pueden alterar una agenda de gobierno, aunque conviene recordar que las investigaciones judiciales no equivalen a condenas y que las decisiones del Congreso forman parte del funcionamiento institucional. Gobernar también consiste en administrar los obstáculos, no solamente en explicar quién los colocó.
Existe, además, una dificultad que ningún decreto puede eliminar: La Libertad Avanza no dispone de mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Para aprobar leyes necesita negociar, aceptar modificaciones y construir acuerdos. Son actividades perfectamente normales en una democracia, aunque resulten menos espectaculares que anunciar transformaciones históricas desde un escenario. A medida que se acercan las elecciones de 2027, los gobernadores y legisladores comienzan también a calcular sus propias conveniencias. Y cuando aparece una urna en el horizonte, hasta los aliados más entusiastas descubren el valor de la prudencia.
La combinación de una economía debilitada y una agenda legislativa demorada representa un problema político considerable. El Gobierno necesita demostrar resultados para sostener la confianza de sus votantes, pero también necesita acuerdos parlamentarios para desarrollar su programa. Si la actividad económica no mejora, las negociaciones pueden complicarse todavía más. Y si las reformas no avanzan, el oficialismo tendrá mayores dificultades para presentar los cambios prometidos como hechos concretos. Se forma así un círculo incómodo: la economía reclama decisiones, la política reclama acuerdos y el calendario electoral no espera a ninguno de los dos.
Conviene, sin embargo, evitar las conclusiones apresuradas. Una caída económica no determina por sí sola el resultado de una elección, del mismo modo que una promesa incumplida en octubre todavía puede encontrar alguna respuesta antes de diciembre. Milei conserva la posibilidad de recuperar actividad, impulsar proyectos y presentar resultados. Pero sus adversarios también disponen de una oportunidad: demostrar que poseen alternativas viables y no limitarse a esperar que el Gobierno tropiece. Porque una oposición que solamente celebra las dificultades ajenas corre el riesgo de descubrir que el descontento ciudadano tampoco constituye un programa de gobierno.
La verdadera prueba llegará cuando los argentinos comparen las promesas con su vida cotidiana. No necesitarán consultar demasiados gráficos para saber si pueden comprar más, si encuentran trabajo, si sus ingresos alcanzan y si las empresas vuelven a invertir. El Presidente puede conservar su optimismo y los economistas, sus pronósticos. Pero el ciudadano tiene una ventaja sobre ambos: conoce el precio de las cosas porque debe pagarlas. Y cuando llegue el momento de votar, quizá recuerde menos los discursos sobre el futuro que las facturas que tuvo que pagar durante el presente.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), despachos del 18 de octubre de 2026 sobre actividad económica, previsiones de especialistas y agenda legislativa del Gobierno nacional.