La Organización de las Naciones Unidas, creada para promover la paz y la cooperación entre los Estados, acaba de ofrecer una demostración bastante menos edificante: sus principales potencias no consiguen ponerse de acuerdo ni siquiera para elegir a quien deberá conducirla. La sexta ronda de consultas, celebrada el 16 de octubre, terminó sin un candidato capaz de superar las objeciones de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Mientras buena parte del planeta reclama soluciones para guerras, desplazamientos humanos y crisis económicas, en Nueva York continúa la discusión sobre quién tendrá las llaves del despacho principal.
Tres nombres encabezan la competencia: la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi. Grynspan obtuvo nueve apoyos, mientras sus dos competidores reunieron ocho cada uno. Los tres recibieron dos votos negativos de miembros permanentes, suficientes para bloquear su eventual designación si esas posiciones se mantienen en la votación formal. No se trata de candidatos sin experiencia. Se trata de diplomáticos cuyas posibilidades dependen menos de sus antecedentes profesionales que de la disposición de las grandes potencias a aceptarlos.
El mecanismo merece una explicación sencilla. El Consejo de Seguridad tiene quince integrantes, pero cinco poseen un privilegio que los otros diez no disfrutan: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido pueden impedir una decisión sustancial mediante su veto. Para recomendar un secretario general se necesitan al menos nueve votos favorables y ninguna oposición de esos cinco países. Después interviene la Asamblea General, encargada del nombramiento. Dicho de otra manera: casi doscientos Estados participan en Naciones Unidas, pero cinco conservan una cerradura que los demás no pueden abrir. La igualdad soberana figura entre los principios de la organización; la igualdad de poder, evidentemente, no estaba incluida en el paquete.
La última consulta incorporó papeletas de colores diferentes para distinguir los votos de los miembros permanentes de los emitidos por los otros diez países. El procedimiento permitió comprobar que los principales aspirantes enfrentan oposición dentro del grupo privilegiado, aunque no identificar públicamente a cada responsable. El resultado es revelador: el problema no consiste únicamente en encontrar una persona competente, sino en encontrar una persona que no incomode demasiado a quienes pueden bloquearla. Una búsqueda que, aplicada a cualquier empresa privada, probablemente terminaría con la intervención de sus accionistas. En Naciones Unidas, los accionistas tienen nombre de países y asiento permanente.
La candidatura de Rafael Grossi introduce un elemento de particular interés para la Argentina. El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica posee una trayectoria reconocida en negociaciones nucleares y asuntos de seguridad internacional. Su país lo postuló formalmente para ocupar el máximo cargo de la ONU. Sin embargo, sus antecedentes profesionales no bastan para asegurarle el respaldo necesario. Tampoco corresponde atribuir automáticamente la resistencia británica a la controversia sobre las Islas Malvinas: sin identificación comprobada de los votos, convertir esa hipótesis en una certeza sería reemplazar la información por una conjetura. La cuestión de soberanía existe y es histórica; otra cosa es demostrar que determina una votación concreta.
Grynspan y Rodrigues-Birkett representan, además, una aspiración que Naciones Unidas lleva más de ocho décadas sin satisfacer: ninguna mujer ha ocupado jamás su Secretaría General. La representación de América Latina y el Caribe también pesa en las discusiones. Son argumentos legítimos, pero no deberían convertirse en sustitutos de la capacidad profesional. Elegir a una mujer únicamente por ser mujer sería tan insuficiente como excluirla por esa misma condición. La organización necesita competencia, independencia y autoridad diplomática. No una ceremonia de reparación simbólica destinada a producir fotografías históricas mientras los conflictos reales continúan esperando soluciones.
Detrás de las candidaturas aparece la verdadera dimensión del conflicto: las relaciones entre las potencias que compiten por influencia política, tecnológica, militar y comercial. Estados Unidos y China mantienen profundas diferencias estratégicas; Rusia conserva sus propias prioridades, mientras Francia y Reino Unido defienden sus intereses y alianzas. Sería ingenuo esperar que esas disputas desaparecieran durante la elección de un secretario general. Pero también resulta razonable preguntarse cuánto puede representar al conjunto de la humanidad una institución cuya máxima autoridad necesita superar previamente el examen de conveniencia de cinco gobiernos. La diplomacia exige compromisos; la subordinación permanente es otra cosa.
António Guterres concluirá su mandato el 31 de diciembre de 2026. Su sucesor deberá enfrentarse a una organización cuestionada por su eficacia, sometida a dificultades financieras y obligada a intervenir diplomáticamente en conflictos donde las resoluciones no siempre consiguen modificar la realidad. No heredará precisamente una oficina tranquila. Tendrá que administrar expectativas enormes con instrumentos limitados, mientras algunos de los países llamados a respaldar su trabajo son también protagonistas de las disputas que debería contribuir a resolver. Una responsabilidad formidable, acompañada de una autonomía bastante menos formidable.
La paradoja final es difícil de disimular. Naciones Unidas nació de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con la promesa de evitar nuevas catástrofes. Ochenta y un años después, sus Estados miembros siguen necesitando un espacio común para dialogar, negociar y contener conflictos. Desmantelar ese espacio no resolvería las rivalidades internacionales. Pero defender su existencia tampoco obliga a fingir que funciona satisfactoriamente. Cuando una organización destinada a facilitar acuerdos no consigue ponerse de acuerdo sobre su propia conducción, el problema deja de ser exclusivamente administrativo. Es político, estructural y profundamente humano. Porque el mundo no necesita un secretario general que agrade a todos los poderosos. Necesita uno capaz de recordarles que, fuera de sus despachos, existen miles de millones de personas que no tienen derecho de veto sobre las consecuencias de sus decisiones.
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Fonti: ANSA, dispacci del 10 ottobre 2026. Osservazione diretta del passaggio del corteo in corso Palermo, Torino. Documentazione audiovisiva conservata nell’archivio privato della redazione.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (16 de octubre de 2026); Reuters y Associated Press (16 de octubre de 2026); Naciones Unidas, documentación oficial sobre la selección y nombramiento del secretario general; Security Council Report.
Nota de precisión editorial: La sexta ronda fue una consulta informal y no vinculante, no una elección definitiva. Los votos negativos de miembros permanentes anticipan posibles vetos, pero no constituyen todavía vetos formales. Los resultados completos incluyen también abstenciones de opinión, omitidas en las cifras del cable original. La identidad de los países que se opusieron a cada candidato no ha sido establecida públicamente con certeza.