La oposición quiso voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de Javier Milei, pero terminó haciendo una columbeta antes de comenzar. Había convocado una sesión especial en Diputados para discutir una de las medidas más importantes del Gobierno. Llegaron 121 legisladores. Necesitaban 129. Faltaron ocho y se acabó la función. No hubo debate, no hubo votación y tampoco hizo falta que el oficialismo defendiera el decreto. Le alcanzó con mirar las bancas vacías y esperar que pasara la media hora reglamentaria.
Conviene explicar el asunto sin necesidad de consultar un diccionario jurídico. El DNU 70 es un enorme paquete de modificaciones que Milei firmó en diciembre de 2023. Cambió o eliminó numerosas reglas sobre alquileres, comercio, empresas, servicios y otras actividades económicas. El Gobierno sostiene que esas medidas permiten liberar la economía de regulaciones innecesarias. Sus adversarios consideran que muchas perjudican a los ciudadanos y que semejantes reformas deberían discutirse en el Congreso. Hasta aquí, dos posiciones perfectamente comprensibles. Lo menos comprensible comienza cuando llega la hora de votar.
Para que la Cámara de Diputados pueda comenzar una sesión necesita reunir, como mínimo, 129 de sus 257 integrantes. Eso se llama quórum. No significa que los presentes estén de acuerdo ni que vayan a votar todos lo mismo. Significa, sencillamente, que hay suficientes diputados para ponerse a trabajar. Esta vez faltaron ocho. Y aquí aparece una curiosidad de nuestra democracia: un legislador puede influir en el resultado de una discusión sin pronunciar una sola palabra. Basta con no ocupar su asiento. Una extraordinaria economía de movimientos que, lamentablemente, no siempre se refleja en el presupuesto parlamentario.
El Gobierno celebró las ausencias de legisladores de bloques provinciales y sectores que mantienen relaciones variables con la Casa Rosada. Algunos diputados que habían sido considerados posibles participantes no aparecieron. Otros llegaron cuando Martín Menem ya había levantado la sesión. La puntualidad, que en cualquier estación ferroviaria sirve para no perder el tren, en el Congreso puede determinar el destino de una ley. Y cuando el tren parlamentario parte sin pasajeros suficientes, siempre hay alguien dispuesto a descorchar una botella.
Pero detrás de esta columbeta había algo más importante que ocho sillas desocupadas. Si la oposición conseguía rechazar el DNU 70 y el Senado también lo rechazaba, el decreto habría perdido vigencia. No se trataba solamente de discutir una norma sobre tierras. Estaban en juego numerosas modificaciones introducidas por el Gobierno, desde los alquileres hasta las reglas aplicables a empresas de medicina prepaga, pasando por el comercio y distintos servicios. Un paquete demasiado grande para caer por una votación que el oficialismo podía intentar evitar mediante acuerdos políticos.
La cuestión de las tierras merece una explicación particular. El decreto de Milei derogó la legislación que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros. Ahora, frente al riesgo de que la oposición reuniera los votos necesarios para rechazar todo el DNU, el Gobierno impulsó una iniciativa legislativa para restablecer esas restricciones. Dicho en castellano de almacén: primero se quitó una regla y después se buscó volver a colocarla. No necesariamente porque hubieran cambiado las convicciones, sino porque habían cambiado las cuentas. En política, algunas ideas parecen tener ruedas: avanzan, retroceden y giran según la pendiente parlamentaria.
La Corte Suprema también intervino en el escenario jurídico relacionado con la Ley de Tierras, mientras el oficialismo movía sus piezas legislativas. El resultado fue una combinación de decisiones judiciales, negociaciones políticas y cambios de estrategia. Nada de esto constituye, por sí mismo, una ilegalidad. Los gobiernos pueden modificar sus propuestas y los diputados tienen derecho a decidir cómo actuar. Pero una cosa es ejercer derechos institucionales y otra muy distinta es pretender que los ciudadanos no adviertan las contradicciones. La memoria pública no siempre es perfecta, aunque tampoco padece amnesia por decreto.
La sesión frustrada incluía además asuntos que afectan directamente a numerosas familias, entre ellos la emergencia en discapacidad y una propuesta para aliviar y regularizar deudas familiares. Es decir, mientras los bloques calculaban presencias, ausencias y conveniencias, había ciudadanos esperando respuestas sobre problemas bastante menos entretenidos que las maniobras parlamentarias. Una familia endeudada no paga sus cuentas con discursos. Una persona con discapacidad tampoco resuelve sus necesidades mediante una conferencia de prensa. Y ninguna de las dos puede darse el lujo de suspender sus dificultades por falta de quórum.
Desde la oposición llegaron las acusaciones habituales. Germán Martínez cuestionó a quienes no facilitaron la sesión y Pablo Juliano denunció maniobras del oficialismo para impedirla. El Gobierno, por su parte, festejó haber evitado una derrota potencialmente importante. Cada sector podrá presentar sus argumentos, pero los hechos son bastante más sencillos: la oposición no reunió los diputados necesarios y el oficialismo consiguió conservar, al menos por ahora, una herramienta central de su programa económico. No hubo una victoria legislativa mediante votos favorables al decreto. Hubo una sesión que nunca llegó a comenzar.
Y aquí termina la columbeta, aunque seguramente no será la última. En una democracia, las leyes deberían sostenerse por sus fundamentos, discutirse por sus consecuencias y modificarse cuando existen razones suficientes. Las negociaciones son parte legítima de la política; convertir la ausencia en método permanente para evitar discusiones importantes es otra cuestión. El ciudadano común no necesita conocer todos los artículos del reglamento parlamentario para comprender lo sucedido. Le basta saber que 121 diputados fueron al recinto, ocho más habrían permitido comenzar y el Gobierno terminó festejando. En el Congreso argentino, a veces, la mayor habilidad política consiste en conseguir que los representantes del pueblo no estén presentes cuando llega la hora de representarlo.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), Sebastián Hadida, 15 de octubre de 2026. Ley 26.122, artículo 24, República Argentina.
Nota de precisión: El rechazo de un Decreto de Necesidad y Urgencia por una sola cámara del Congreso no basta para derogarlo. La legislación vigente exige el rechazo de ambas cámaras. Los derechos adquiridos durante su vigencia quedan protegidos.