El oro de los argentinos no pertenece al ministro de Economía, al presidente del Banco Central ni al gobierno de turno. Pertenece al país. Por eso, cuando una denuncia judicial cuestiona operaciones financieras realizadas con esas reservas y menciona resultados negativos superiores a mil millones de dólares, lo primero que corresponde exigir no es una declaración patriótica. Es una explicación completa, documentada y comprensible.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro Luis Caputo, del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del director Juan Curutchet, en relación con operaciones con derivados de oro realizadas durante 2025. Les atribuye posibles delitos contra la administración pública y sostiene que existieron irregularidades y obstáculos a la fiscalización. Son acusaciones que deberán examinar los tribunales. Hasta entonces, ninguno de los denunciados puede ser presentado como culpable por el simple hecho de haber sido denunciado.
La controversia gira alrededor de cifras que merecen bastante más que una conferencia de prensa. Según los datos contables citados en la denuncia, las operaciones con opciones sobre oro arrojaron un resultado negativo de aproximadamente 1.023 millones de dólares. Sin embargo, durante el mismo ejercicio, las tenencias de oro registraron importantes ganancias por diferencias de cotización. Confundir ambos conceptos sería tan incorrecto como utilizar uno para ocultar el otro. Una pérdida en derivados no demuestra, por sí sola, un perjuicio patrimonial equivalente para el Banco Central. Pero tampoco desaparece porque el precio del oro haya aumentado.
Aquí comienza el verdadero examen. ¿Qué operaciones se realizaron? ¿Con qué entidades financieras? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién las autorizó? ¿Qué riesgos pretendían cubrir? ¿Cuánto costaron y cuáles fueron sus resultados netos? Son preguntas técnicas, ciertamente, pero las respuestas no deberían necesitar un diccionario reservado a los iniciados de la City londinense.
La utilización de derivados financieros no constituye un delito. Son instrumentos habituales en los mercados internacionales y pueden servir para proteger activos frente a variaciones de precios. También pueden generar pérdidas considerables cuando las condiciones cambian o las estrategias resultan equivocadas. La diferencia entre una cobertura legítima, una mala decisión y una conducta delictiva no la establece un titular periodístico. La establecen los contratos, los registros, las responsabilidades y las pruebas.
La diputada Marcela Pagano también presentó una denuncia contra Caputo y Bausili, cuestionando la trazabilidad pública de fondos que, según su planteo, alcanzan cifras cercanas a cuatro billones de pesos. Esa presentación debe ser examinada por sus propios fundamentos, sin mezclar automáticamente cantidades, operaciones ni eventuales responsabilidades. Acumular denuncias no equivale a acumular pruebas. Pero acumular interrogantes sin respuestas tampoco contribuye a la confianza pública.
El problema político es igualmente importante. Durante años, los argentinos escucharon que faltaban dólares, que era indispensable acumular reservas, que los mercados exigían confianza y que cada sacrificio económico tenía como finalidad recuperar la estabilidad. Resulta razonable, entonces, que quieran conocer con precisión cómo se administra uno de los activos más sensibles del Estado. La confianza no se obtiene pidiéndole al ciudadano que cierre los ojos. Se construye permitiéndole mirar las cuentas.
Tampoco sería prudente convertir un pedido de detención en un espectáculo anticipado de esposas y patrulleros. La privación preventiva de la libertad exige fundamentos jurídicos concretos, no indignación televisiva. Dalbón sostiene que existieron maniobras de obstrucción a la investigación. Si dispone de pruebas, deberá presentarlas y someterlas al control judicial. La gravedad de una denuncia no reemplaza la obligación de demostrarla.
El Gobierno, por su parte, tiene una oportunidad que ninguna estrategia comunicacional debería desperdiciar: publicar la información pertinente, explicar las operaciones y facilitar el trabajo de los organismos de control, con los resguardos legales que correspondan. La transparencia no consiste en divulgar únicamente los números favorables. Consiste también en explicar aquellos que incomodan.
Hay una vieja costumbre argentina que atraviesa administraciones de todos los colores: considerar que los funcionarios son propietarios temporales de los asuntos públicos y que los ciudadanos deben conformarse con recibir noticias cuando sus administradores lo consideran conveniente. Es una inversión bastante curiosa de las responsabilidades democráticas. Quien administra debe rendir cuentas. Quien es dueño tiene derecho a pedirlas.
Ahora corresponde a la Justicia determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidades pueden acreditarse. Corresponde al Banco Central explicar sus decisiones y sus resultados. Y corresponde al periodismo distinguir entre hechos comprobados, cifras contables, acusaciones e interpretaciones, sin convertirse en fiscal suplente ni en abogado defensor del poder.
Porque el oro puede cambiar de cotización, de custodio o de instrumento financiero. Lo que no debería cambiar jamás es un principio mucho más sencillo: las reservas son argentinas, las decisiones tienen responsables y las cuentas deben estar a la vista.
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Fuentes de referencia: Agencia Noticias Argentinas (NA), despacho del 12 de octubre de 2026; declaraciones atribuidas al abogado Gregorio Dalbón; denuncia y manifestaciones públicas de la diputada Marcela Pagano. Las imputaciones mencionadas permanecen sujetas a comprobación judicial.