Hay países que exportan automóviles, tecnología, maquinaria o productos de alta calidad. La Argentina, siempre dispuesta a distinguirse, parece haber encontrado una especialidad propia: fabricar precios de lujo para consumidores de ingresos modestos. Una industria verdaderamente original, porque no requiere inventar nada. Basta con colocar una etiqueta, agregar impuestos, alquileres, intermediarios y una buena dosis de resignación nacional.
El último Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar vuelve a ponerle números a una vieja sospecha: vestirse y sentarse a comer en la Argentina puede resultar considerablemente más caro que hacerlo en Chile, Brasil o Perú. Según el relevamiento difundido por Noticias Argentinas, determinadas prendas cuestan en dólares aproximadamente el doble que sus equivalentes regionales. Y los restaurantes tampoco parecen interesados en quedarse atrás. La gastronomía nacional ha conseguido que una cuenta porteña pueda parecer redactada por un chef francés y revisada por un banquero suizo.
Lo verdaderamente extraordinario no es que existan productos caros. En cualquier economía los hay. Lo notable es que un país con salarios sensiblemente inferiores a los de numerosas economías desarrolladas consiga ofrecer precios que compiten alegremente con los de mercados mucho más prósperos. Hemos logrado una curiosa combinación: ingresos latinoamericanos, aspiraciones europeas y facturas que parecen haber hecho escala en Mónaco.
Durante años se explicó esta anomalía mediante una colección interminable de argumentos. La presión tributaria, los costos laborales no salariales, los alquileres comerciales, la logística, las restricciones a las importaciones, el dólar atrasado, el dólar adelantado y, cuando ya no quedaba nada por agregar, la incertidumbre. Una palabra maravillosa que sirve para justificar casi cualquier cosa, especialmente cuando quien debe pagar la cuenta no participa de la explicación.
Los empresarios textiles sostienen que impuestos y alquileres absorben una proporción enorme del precio final. Es una explicación que merece ser examinada, porque producir y comercializar en la Argentina ciertamente presenta dificultades. Pero tampoco conviene transformar cada dificultad empresarial en una absolución automática. Entre el costo de fabricación y el precio de vidriera existe una cadena de decisiones comerciales que merece tanta transparencia como los tributos que se denuncian.
También corresponde reconocer que la protección de la industria nacional tiene razones legítimas: conservar empleo, desarrollar capacidades productivas y evitar que la competencia internacional se convierta en una carrera hacia los salarios más bajos. Sin embargo, proteger una industria no debería significar concederle un permiso perpetuo para cobrar cualquier precio. La protección razonable ayuda a crecer; la protección sin exigencias puede terminar criando empresas que confunden al consumidor con un contribuyente cautivo.
La apertura comercial, por su parte, tampoco constituye una varita mágica. Permitir importaciones puede ampliar la oferta y disciplinar precios, pero hacerlo sin atender las condiciones de producción, la carga fiscal y la competencia efectiva puede destruir empleo sin garantizar beneficios duraderos. Entre cerrar las fronteras con candado y abrirlas de par en par existe algo llamado política económica. No siempre produce titulares espectaculares, pero suele resultar bastante más útil.
Mientras los especialistas discuten, el consumidor argentino desarrolla habilidades que merecerían reconocimiento académico. Compara precios internacionales, calcula tipos de cambio, estudia promociones, consulta páginas extranjeras y descubre que determinados productos nacionales pueden resultar más económicos después de cruzar una frontera. El comprador se ha convertido en importador ocasional, analista financiero y agente de turismo comercial. Todo para conseguir una campera sin tener que solicitar un crédito hipotecario.
Y aquí aparece una ironía particularmente sabrosa. Durante décadas, el país promovió el consumo de productos nacionales como una manifestación de patriotismo económico. Una aspiración comprensible, siempre que el patriotismo no se facture con recargo. Porque pedirle a una familia que pague el doble por una prenda, únicamente para demostrar amor a la patria, supone una interpretación bastante generosa del sacrificio cívico. La bandera merece respeto; la etiqueta del precio, explicaciones.
En gastronomía sucede algo parecido, aunque con ingredientes diferentes. La Argentina dispone de excelentes materias primas, tradición culinaria y profesionales capaces de competir internacionalmente. Sin embargo, el costo de sentarse a una mesa puede convertirse en una experiencia menos gastronómica que contable. No toda la responsabilidad corresponde al restaurante: alquileres, servicios, impuestos, personal e insumos forman parte de una estructura costosa. Pero cuando una cena empieza a parecer una inversión financiera, el comensal termina descubriendo las virtudes del comedor doméstico.
El turismo tampoco escapa a esta peculiaridad. Durante años, los visitantes extranjeros encontraron en la Argentina una relación favorable entre calidad y precio. Hoy, cuando los valores expresados en dólares se aproximan o superan los de otros destinos regionales, esa ventaja se debilita. El paisaje sigue siendo magnífico, la cultura conserva su atractivo y la hospitalidad no ha desaparecido. Lo que comienza a desaparecer es la sonrisa del turista cuando llega la cuenta.
El informe señala que julio registró cierto alivio en los precios relativos medidos en dólares. Una noticia bienvenida, aunque convendría no organizar todavía un desfile. Una pequeña corrección mensual no elimina una diferencia acumulada durante años. Confundir una desaceleración con una solución sería como celebrar que un ascensor averiado ha dejado de subir, mientras continúa detenido en el piso equivocado.
El problema de fondo no consiste solamente en determinar quién cobra demasiado, sino en comprender por qué la economía argentina produce semejante distancia entre lo que cuesta vivir y lo que gana buena parte de su población. Los precios no pueden analizarse eternamente separados de los ingresos. Un país no se vuelve próspero porque sus vidrieras se parezcan a las de París. Se vuelve próspero cuando sus habitantes pueden comprar lo que necesitan sin transformar cada adquisición en una operación de alto riesgo.
El Gobierno tiene motivos para celebrar cualquier avance sostenido contra la inflación. Reducirla es indispensable. Pero estabilizar los precios no equivale necesariamente a hacerlos accesibles. Una camisa que deja de aumentar puede continuar siendo prohibitivamente cara. Y una economía puede exhibir indicadores más ordenados mientras millones de consumidores siguen mirando las vidrieras como quien visita un museo: admirando objetos que no están a su alcance.
Tal vez haya llegado el momento de revisar el significado de aquella vieja expresión, Made in Argentina. Durante mucho tiempo representó la aspiración de fabricar en el país productos capaces de competir por calidad, creatividad y precio. Sería lamentable que terminara significando otra cosa: fabricado aquí, vendido como si viniera de Suiza y pagado con un sueldo argentino.
Porque una nación puede acostumbrarse a muchas extravagancias. Pero difícilmente pueda construir prosperidad duradera sobre una economía donde trabajar resulta barato para quien paga salarios y vivir resulta carísimo para quien los cobra.
Y si algún día conseguimos exportar esta extraordinaria habilidad para fabricar precios elevados, quizá logremos equilibrar la balanza comercial. Aunque quedará un pequeño inconveniente: encontrar en el extranjero compradores dispuestos a pagar lo que aquí nos hemos acostumbrado a soportar.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), 9 de octubre de 2026; Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar, según datos difundidos por NA.