Argentina, 11 agosto 2026
Las tablas de Moisés contenían diez mandamientos. La administración pública argentina, siempre dispuesta a contribuir al desarrollo de la teología aplicada, acaba de sugerir la conveniencia de incorporar uno más: no quitarás ladrillos de una obra para tapar los agujeros de la economía.
Es pecado, desde luego. Aunque probablemente Dios lo perdone. Los automovilistas que dejan amortiguadores, cubiertas y paciencia sobre una ruta nacional quizá sean menos misericordiosos.
La controversia nació después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que no todos los recursos recaudados a través del Sistema Vial Integrado —SisVial— terminan necesariamente aplicados al mantenimiento y construcción de rutas.
La explicación fue notable por su sencillez. Una parte de los impuestos va a Vialidad y otra queda a disposición del Ministerio de Economía como contribución al objetivo mayor: alcanzar y preservar el equilibrio fiscal.
Hasta allí, la aritmética.
El inconveniente comienza cuando la aritmética abandona la calculadora y sale a la ruta.
Porque un recurso creado y recaudado con una finalidad determinada no es simplemente dinero que duerme aburrido dentro de una caja esperando que alguien encuentre una ocupación más urgente. Existe una diferencia sustancial entre ordenar las cuentas públicas y utilizar para ese ordenamiento recursos cuya razón de ser es atender una necesidad concreta.
Según la información conocida sobre la ejecución del SisVial, desde 2024 hasta fines de mayo de 2026 se recaudaron aproximadamente 1,5 billones de pesos, mientras que unos 394.406 millones fueron ejecutados en obras viales. Es decir, alrededor de una cuarta parte de lo recaudado. El resto permanecía mayormente en disponibilidades e inversiones financieras.
Ravier no precisó cuánto de lo recaudado termina efectivamente en las rutas. Sí defendió que existe mantenimiento y puso como ejemplo la Ruta Nacional 5: si durante dos años y medio no hubiera recibido atención, argumentó, estaría peor de lo que está.
Es una defensa curiosa.
Que una ruta podría estar peor difícilmente constituya el parámetro más ambicioso para evaluar una política de infraestructura. Un hospital también podría tener menos médicos, una escuela menos maestros y un puente algunas columnas menos. La administración pública, sin embargo, suele aspirar a algo ligeramente superior a demostrar que la catástrofe todavía no ocurrió.
El equilibrio fiscal es una condición indispensable para cualquier Estado que pretenda ser sostenible. Gastar eternamente más de lo que ingresa termina siendo una manera cara y dolorosa de financiar fantasías. En eso, la experiencia argentina posee suficientes doctorados honoris causa.
Pero precisamente por eso conviene distinguir entre reducir el gasto y postergar el gasto necesario.
No reparar hoy una ruta mejora una planilla hoy. La ruta, entretanto, continúa envejeciendo. Y aquello que costaba diez reparar a tiempo puede costar treinta cuando finalmente resulta imposible seguir mirando hacia otro lado. El ahorro, entonces, descubre tardíamente que era apenas una deuda disfrazada.
Hay además una cuestión política más delicada. Si el ciudadano paga un tributo asociado al combustible bajo un sistema concebido para financiar infraestructura vial, resulta razonable que pregunte cuánto se recauda, cuánto llega efectivamente a las rutas, cuánto permanece invertido y bajo qué fundamento.
No es una pregunta ideológica.
Es contabilidad doméstica elevada a escala nacional: si mamá entrega dinero para arreglar el techo, papá puede utilizarlo para pagar otra deuda urgente; pero tarde o temprano alguien tendrá que explicar por qué sigue lloviendo dentro de la cocina.
El Gobierno ha hecho del equilibrio fiscal una bandera central de su gestión. Tiene derecho a defenderla y razones económicas para hacerlo. Pero una bandera no debería convertirse en una sábana suficientemente grande como para cubrir cualquier agujero.
Porque existe una forma virtuosa de equilibrar las cuentas: gastar mejor, eliminar privilegios, reducir estructuras inútiles, controlar sobreprecios y administrar con eficiencia.
Y existe otra bastante más sencilla: dejar para mañana aquello que hoy cuesta dinero.
Las dos producen números parecidos durante un tiempo.
Sólo una produce un país mejor.
Quizá por eso convenga incorporar definitivamente aquel XI Mandamiento a las tablas de la administración argentina:
No quitarás ladrillos de las obras para tapar los agujeros de la economía.
Y si alguna vez la necesidad obliga a hacerlo, habrá una obligación todavía más terrenal que pedir perdón:
decir cuántos ladrillos se quitaron, dónde fueron puestos y cuándo serán devueltos.
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