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El papa Francisco frente a la corrupción

El papa Francisco estableció, mediante una Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, que los dirigentes vaticanos -incluyendo los cardenales a la cabeza de dicasterios o responsables de entes, así como los administrativos- deben suscribir una declaración donde confirman no tener condenas o investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal, y no podrán tener bienes en paraísos fiscales.

La nueva ley anticorrupción del pontífice establece también que no podrán invertir en empresas que operan contra la Doctrina eclesial. Además prohíbe a los empleados del Vaticano aceptar regalos por valor superior a los 40 euros.

La nueva ley anticorrupción impulsada por Francisco llega precisamente en los días en que Moneyval, el Comité de Estrasburgo que evalúa la transparencia de las finanzas de los Estados, deberá pronunciarse sobre los progresos en este campo hechos por la Santa Sede y eventualmente promoverla a la “lista blanca”.

El Motu Proprio de Francisco incorpora disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas. La declaración debe ser suscrita en el acto de asumir la oficina o el cargo, y luego nuevamente cada dos años.

Tras las normas sobre las licitaciones, rigen ahora reglas que conciernen a todos los niveles dirigenciales de la Santa Sede y a todos quienes desempeñan funciones de administración activa, funciones jurisdiccionales o de control.

Antes de asumir el cargo, y sucesivamente cada dos años, deberán firmar una declaración en la que aseguran no haber tenido condenas definitivas, no estar sometidos a procesos penales pendientes o a investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, reciclado, explotación de menores, evasión o elusión fiscal, ni en la Santa Sede ni en ningún otro Estado.

También deberán declarar que no poseen dinero en efectivo ni inversiones, ni siquiera mediante terceros, en países con alto riesgo de lavado o financiación del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operen contra la Doctrina social de la Iglesia.

Las nuevas normas, que siguen a otras sobre licitaciones y contratos, se hicieron necesarias porque “la corrupción puede manifestarse en modos y formas diferentes -subraya el papa- también en sectores distintos al de las licitaciones y por eso las normativas y las mejores prácticas a nivel internacional prevén, para los sujetos que ocupan papeles clave en el sector público, obligaciones particulares de transparencia con fines de prevención y contraste, en cada sector, de conflictos de interés, modalidades clientelares y corrupción en general”.

La Secretaría para la Economía podrá llevar a cabo controles sobre la veracidad de las declaraciones de los dirigentes y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas o mendaces, podrá despedir al empleado y reclamar por los años eventualmente sufridos.

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