Buenos Aires.— El Senado argentino aprobó por 42 votos contra 21 la reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, amplía las condiciones para disponer internaciones involuntarias, incorpora expresamente nuevas adicciones y promete mejorar la respuesta sanitaria. Sobre el papel, una intervención oportuna. En la realidad, una pregunta bastante menos elegante: ¿quién llegará primero, el médico o la tragedia?
La modificación central permite intervenir ante un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros. En situaciones de emergencia, un solo médico podrá disponer inicialmente la internación, que deberá ser revalidada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. La medida conserva su carácter excepcional. Una precisión indispensable: internar contra la voluntad de alguien no puede convertirse en una cómoda solución administrativa.
La senadora oficialista Ivana Arrascatea resumió el espíritu de la reforma con tres palabras: «Llegar a tiempo». Una expresión difícil de discutir y todavía más difícil de cumplir. Porque llegar a tiempo requiere profesionales, establecimientos, tratamientos y una red asistencial capaz de funcionar antes de que la urgencia golpee la puerta. Lo demás es literatura parlamentaria.
Desde la oposición, Guillermo Andrada puso el dedo donde más duele: la legislación vigente no habría fracasado por sus principios, sino por la falta de recursos para aplicarlos. Es una distinción fundamental. Cambiar las reglas puede resultar necesario; cambiar las reglas sin proporcionar los medios para cumplirlas es una vieja especialidad de la política argentina. Se inauguran soluciones con discursos y después se busca quién paga la factura.
La reforma también contempla las adicciones en general, incluida la ludopatía, y establece condiciones específicas para la atención de menores. Son cuestiones que merecen respuestas sanitarias concretas, no sermones morales. Mientras tanto, el proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y procura establecer mecanismos de cooperación económica entre la Nación y las provincias.
Precisamente allí apareció otra de las objeciones. El senador Gerardo Zamora advirtió sobre las nuevas responsabilidades provinciales y la necesidad de financiarlas. Carlos Arce, de Misiones, también reclamó medios suficientes para garantizar la atención. Porque el federalismo sanitario no consiste en repartir obligaciones desde Buenos Aires y enviar, junto con ellas, una cordial expresión de buenos deseos.
Patricia Bullrich defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y destacó la prevención como objetivo. El principio es razonable. Pero entre prevenir, asistir e internar existe una cadena de responsabilidades que no admite improvisaciones. La salud mental no puede quedar reducida a una discusión sobre quién tiene autoridad para cerrar una puerta. Importa, sobre todo, quién dispone de los medios para abrirla cuando corresponde.
El Senado ha dado media sanción a una reforma que todavía deberá superar el examen de Diputados. No corresponde anunciar su éxito ni condenar anticipadamente su fracaso. Corresponde exigir garantías, financiación verificable y responsabilidades claramente establecidas. La dignidad del paciente no es una concesión del Estado, y la desesperación de una familia tampoco debería convertirse en argumento para prescindir de ella.
Al final, la discusión no será recordada por la cantidad de discursos ni por la aritmética de los votos. Será juzgada por las personas que reciban asistencia cuando todavía sea posible ayudarlas. Porque en la salud mental, como en tantas otras responsabilidades públicas, el tiempo siempre viene a faltar al final. Y cuando falta, ninguna mayoría parlamentaria puede devolverlo.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), despacho del 29 de octubre de 2026, con resultados de la votación, contenido del dictamen y declaraciones parlamentarias. Texto elaborado sobre la información suministrada; corroboración independiente del expediente legislativo pendiente.