Hay palabras que hieren. Hay palabras deliberadamente ofensivas. Hay incluso palabras que una sociedad puede considerar intolerables. Pero entre condenar una palabra y condenar a muerte a quien la pronunció existe una distancia tan enorme que ninguna indignación debería impedirnos verla.
Anojan Sivarasa, trabajador migrante de Sri Lanka, quedó atrapado precisamente en esa distancia.
Todo comenzó lejos de Arabia Saudita, durante una discusión religiosa en las redes sociales. Una imagen relacionada con una peregrinación hindú derivó en provocaciones cruzadas. Alguien atacó verbalmente una divinidad hindú y Sivarasa respondió con un comentario ofensivo contra el profeta Mahoma.
No hace falta reproducirlo.
La grosería no adquiere mayor valor periodístico porque se la imprima nuevamente. Basta saber que existió, que fue eliminada y que su autor publicó después una disculpa.
Pero Internet posee una memoria bastante más larga que nuestros arrepentimientos.
Alguien había realizado una captura de pantalla. El comentario llegó hasta la empresa para la cual Sivarasa trabajaba en Arabia Saudita y, posteriormente, hasta las autoridades.
El joven fue detenido.
La primera condena ya resultaba extraordinariamente severa vista desde buena parte del mundo: cinco años de prisión y una multa de tres millones de riyales saudíes. Después llegaron las apelaciones. La fiscalía saudí pidió que el caso fuera considerado bajo la legislación islámica y la instancia superior terminó imponiendo la pena capital. El Gobierno de Sri Lanka ha confirmado que mantiene abiertas vías jurídicas y diplomáticas para intentar obtener una conmutación o un perdón.
Aquí conviene caminar descalzos, en punta de pie, y no con botas de cruzado.
Arabia Saudita posee su ordenamiento jurídico, su tradición religiosa y su soberanía. Quien reside o trabaja en otro país está obligado a conocer y respetar sus leyes. Y la libertad de expresión tampoco debería confundirse con una patente universal para agraviar gratuitamente las convicciones religiosas de los demás.
Todo eso puede decirse sin tartamudear.
Pero también puede formularse otra pregunta, igualmente clara: ¿puede una ofensa escrita en Facebook merecer la muerte de un hombre?
Ese es el punto.
No se trata de decidir desde una redacción europea o latinoamericana cómo debe organizar Arabia Saudita su sistema jurídico. Mucho menos de convertir este episodio en una disputa entre islam, hinduismo, cristianismo o cualquier otra religión.
Se trata de algo bastante más elemental: la proporcionalidad.
Una sociedad puede sancionar. Puede exigir respeto. Puede proteger aquello que considera sagrado. Puede incluso establecer límites a determinadas expresiones. Pero cuando la respuesta posible a unas palabras escritas en una pantalla es terminar definitivamente con la existencia de quien las escribió, la discusión abandona el territorio de los buenos modales y entra en el de los derechos humanos.
Y aparece además una paradoja propia de nuestro tiempo.
Sivarasa borró el comentario. Se disculpó. La pantalla, sin embargo, ya había dictado su propia sentencia: alguien había guardado la captura.
Antes se decía que las palabras se las llevaba el viento. Las redes sociales consiguieron la proeza de despedir también al viento: ahora las palabras quedan archivadas, copiadas, reenviadas y pueden atravesar océanos antes de que su autor termine de arrepentirse.
El episodio contiene por eso una advertencia que excede largamente este caso. Publicar no es hablar solo. Un teléfono en la mano puede convertirse, en segundos, en una imprenta mundial sin director, sin corrector y, demasiadas veces, sin esos diez segundos de prudencia que separan un pensamiento de una estupidez.
Pero una estupidez continúa siendo una estupidez.
No debería convertirse en una sentencia de muerte.
Sri Lanka ha movilizado diplomáticos, juristas y dirigentes religiosos de distintas confesiones para intentar salvar a Sivarasa. Su presidente, Anura Kumara Dissanayake, ha comprometido gestiones de clemencia y una delegación jurídica trabaja ahora con abogados saudíes para llevar el caso ante la instancia superior.
Quizás allí se encuentre la salida más digna.
No hace falta que Arabia Saudita renuncie a sus convicciones religiosas para ejercer clemencia. Tampoco hace falta declarar inocente una expresión ofensiva para considerar desmesurado quitarle la vida a quien la escribió.
Entre absolver una grosería y ejecutar a un hombre existe un territorio inmenso.
Se llama humanidad.
Y todavía estamos a tiempo de habitarlo.
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Fuentes consultadas: BBC Sinhala; Ministerio de Relaciones Exteriores de Sri Lanka; Daily FT; News 1st; informaciones públicas sobre las gestiones jurídicas y diplomáticas en curso.