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En Formosa, hasta el árbol genealógico parece tener despacho oficial

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Formosa, Argentina, 21/11/2026.

Charles Darwin explicó la evolución de las especies mediante la selección natural. En Formosa, sin embargo, parece prosperar una variante política mucho más doméstica: la selección familiar. Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Insfrán, fue designada integrante del Superior Tribunal de Justicia provincial. No hubo necesidad de esperar millones de años de evolución: alcanzaron 22 votos afirmativos, siete negativos y una sesión legislativa suficientemente expeditiva.

La nueva magistrada no llega desprovista de antecedentes. Abogada, secretaria Legal y Técnica del gobierno provincial desde 2019 y convencional constituyente durante la reforma de 2025, posee una trayectoria vinculada a la administración pública. El oficialismo destaca precisamente esas credenciales y sostiene que el procedimiento fue legal. El problema, naturalmente, no consiste en llevar el apellido Insfrán, sino en determinar hasta qué punto una carrera desarrollada junto al poder político garantiza la independencia necesaria para juzgarlo.

El nombramiento fue aprobado mediante tratamiento sobre tablas, mecanismo parlamentario perfectamente reconocido, aunque particularmente apropiado para quienes consideran que las discusiones prolongadas constituyen una extravagancia democrática. Sin dictamen previo de comisión, la mayoría oficialista resolvió la incorporación de la magistrada al máximo órgano judicial de la provincia. La velocidad legislativa, conviene reconocerlo, también puede ser una virtud. Especialmente cuando no se desea conceder demasiado tiempo a las preguntas incómodas.

Gildo Insfrán gobierna Formosa desde 1995. Más de tres décadas durante las cuales la provincia ha conocido transformaciones económicas, sociales y constitucionales, pero una notable estabilidad en el sillón del gobernador. La designación de su sobrina no demuestra por sí misma una irregularidad jurídica ni permite presumir que sus futuras decisiones carecerán de independencia. Sin embargo, plantea una cuestión institucional legítima: cuando el poder ejecutivo y la cúspide judicial comparten vínculos familiares, la confianza pública necesita algo más que declaraciones de buenas intenciones.

Las legisladoras Agostina Villagi y Gabriela Neme, junto con el senador Francisco Paoltroni, cuestionaron el procedimiento y advirtieron sobre sus consecuencias para la autonomía judicial. Algunos sectores opositores renovaron incluso sus pedidos de intervención federal. Es una medida extraordinaria que requiere fundamentos constitucionales propios y no puede justificarse automáticamente por un nombramiento controvertido. Pero el reclamo revela la profundidad de una confrontación política que excede ampliamente el apellido de la nueva integrante del tribunal.

La controversia adquiere particular relevancia ante la disputa por las reglas electorales de 2027. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya objetó el régimen de reelección indefinida del gobernador, mientras continúa bajo discusión la cláusula transitoria surgida de la reforma constitucional provincial. En semejante escenario, la composición del Superior Tribunal deja de ser una cuestión exclusivamente administrativa. La independencia judicial importa especialmente cuando los tribunales deben examinar decisiones de quienes ejercen el poder.

Desde el oficialismo se argumenta que la designación cubre una vacante, completa los cinco integrantes previstos para el tribunal y respeta los procedimientos legislativos. Son argumentos que merecen ser considerados. Pero la legalidad formal de un nombramiento no agota el debate sobre su conveniencia institucional. Una democracia no se fortalece únicamente porque sus autoridades puedan hacer algo conforme a las normas; también necesita demostrar que el ejercicio de esa facultad no deteriora la confianza en los organismos encargados de controlar al gobierno.

En definitiva, Formosa ofrece una curiosa lección de biología política. Darwin hablaba de adaptación, competencia y selección natural; la política provincial parece privilegiar la continuidad, la proximidad y los lazos de parentesco. Nadie debería ser excluido de la función pública por pertenecer a una familia determinada, pero tampoco debería recibir un cheque institucional de confianza por esa misma circunstancia. Porque cuando los poderes del Estado empiezan a parecerse demasiado a una reunión de parientes, la República corre el riesgo de quedarse esperando en la puerta, sin invitación y sin derecho a servir el café.

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Fuente informativa: Agencia Noticias Argentinas, 21/11/2026⁠

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