
Buenos Aires, 21/ 11/ 2026.
En la política argentina, las cuentas no siempre cierran con una calculadora. A veces necesitan una comisión parlamentaria, varias explicaciones y algún que otro dolor de cabeza. La diputada nacional Marcela Pagano, antigua integrante de La Libertad Avanza, presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien atribuye presunto mal desempeño de sus funciones y responsabilidad por las consecuencias del programa económico y financiero del Gobierno.
La presentación, contenida en un escrito de cuatro páginas según la información difundida por Agencia Noticias Argentinas, reúne seis capítulos de acusación. Entre ellos figuran la contracción del entramado empresarial, los resultados de la programación macroeconómica, el tratamiento de las reservas de oro, las ausencias del ministro ante convocatorias parlamentarias, determinadas operaciones de endeudamiento externo y la administración de fondos viales. Una enumeración que exige algo más que declaraciones televisivas: documentación, respuestas institucionales y comprobación de responsabilidades.
Uno de los datos centrales del planteo es la presunta desaparición de 32.429 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. La cifra, invocada por Pagano como evidencia del deterioro productivo, merece un examen riguroso de las estadísticas oficiales, sus categorías y las causas de las bajas. Porque una cosa es registrar menos empleadores y otra establecer cuánto corresponde atribuir directamente a las decisiones de un ministro. En economía, como en fotografía, el encuadre importa tanto como lo que aparece dentro de él.
El capítulo del oro agrega un ingrediente especialmente delicado. Pagano cuestiona las explicaciones oficiales sobre la ubicación y administración de las reservas metálicas del Banco Central. La controversia se alimentó de denuncias opositoras sobre movimientos de oro hacia el exterior, mientras que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la entidad conserva 1.984.960 onzas troy y ofreció explicaciones sobre su custodia y auditoría. La cuestión de fondo no consiste solamente en saber dónde descansa el metal, sino también bajo qué condiciones jurídicas, financieras y de control se encuentra depositado.
El pedido incorpora además dos ausencias atribuidas a Caputo frente a interpelaciones votadas por la Cámara de Diputados. Allí aparece una discusión que trasciende cualquier simpatía partidaria: las facultades constitucionales del Congreso para requerir explicaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Un ministro puede defender sus políticas con gráficos, conferencias y discursos; pero la rendición de cuentas institucional tiene procedimientos propios. Y el Parlamento, por incómodo que resulte, no es un accesorio decorativo de la República.
En materia financiera, la legisladora cuestiona operaciones de endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción, acuerdos cuya documentación considera insuficientemente pública y la colocación de recursos viales con asignación específica en instrumentos financieros. Son asuntos técnicos, ciertamente, pero con consecuencias concretas sobre el patrimonio público. La evaluación de su legalidad exige examinar decretos, contratos, autorizaciones presupuestarias y las facultades de cada organismo. No basta con pronunciar la palabra «timba» para demostrar una irregularidad, del mismo modo que invocar la estabilidad financiera no sustituye la obligación de explicar cómo se administran los recursos.
La presentación constituye, por ahora, una acusación parlamentaria y no una declaración de culpabilidad. El juicio político requiere procedimientos constitucionales y mayorías legislativas específicas; tampoco debe confundirse el desacuerdo con una orientación económica con la acreditación de una causal de remoción. Corresponderá a las instituciones competentes examinar los cargos y al ministro responderlos, si el trámite avanza. La crítica política puede ser severa, pero la prueba debe conservar siempre la última palabra.
La paradoja es conocida: mientras el Gobierno presenta su programa económico como una transformación estructural, sus críticos reclaman un balance de costos, resultados y responsabilidades. Caputo tiene derecho a defender su gestión; Pagano, a promover los mecanismos de control previstos por la Constitución. Entre ambos se encuentra una pregunta que merece respuestas verificables: ¿qué resultados produjo la política económica y qué decisiones pueden atribuirse jurídicamente a sus responsables? Porque, al final, las cuentas públicas no pertenecen al ministro de turno ni a sus adversarios: pertenecen a los ciudadanos.
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Fuente informativa: Agencia Noticias Argentinas, 21/11/2026
Verificación editorial: la presentación y los seis cargos fueron corroborados en publicaciones del 21/11/2026 Las cifras económicas y las imputaciones se mantienen atribuidas a la diputada, sin presentarlas como hechos judicialmente probados.
