Brasil votará el domingo y, como suele ocurrir cuando las urnas están cerca, buena parte de la política parece haber descubierto que el adversario no solamente está equivocado: además es responsable de casi todas las desgracias conocidas por la humanidad.
Luiz Inácio Lula da Silva pidió en Río de Janeiro ganar en primera vuelta y habló de “matar la desgracia”. La expresión, pronunciada dentro de un acto electoral y dirigida políticamente contra su adversario, Flávio Bolsonaro, posee la contundencia que tanto gusta durante las campañas: pocas palabras, mucho estruendo y escaso espacio para los matices.
El problema comienza cuando uno abandona por algunos minutos la tribuna y mira los expedientes.
El escándalo del Banco Master tiene una característica particularmente incómoda: no parece respetar demasiado las fronteras ideológicas. Las investigaciones sobre Daniel Vorcaro y la entidad liquidada han alcanzado o mencionado a políticos, funcionarios, integrantes o entornos del Banco Central y figuras relacionadas con el Supremo Tribunal Federal. Hay investigaciones, sospechas, pagos bajo examen, relaciones que deberán explicarse y, naturalmente, personas que rechazan haber cometido irregularidades.
En semejante escenario, repartir certificados anticipados de inocencia y culpabilidad según el color de la camiseta sería un ejercicio de politeitis aguda.
Flávio Bolsonaro tiene un problema concreto y serio: está bajo investigación por presuntos delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero en el caso Banco Master. Eso merece información, investigación y respuestas. Pero una investigación continúa siendo una investigación. En un Estado de derecho, la diferencia entre sospechoso y condenado no es un detalle tipográfico.
Lula tampoco puede transformar el expediente en propiedad electoral exclusiva. El caso Master ha revelado una red de contactos y pagos que atraviesa distintos sectores del poder brasileño. Presentarlo simplemente como la demostración de que los malos viven todos en la casa de enfrente sería demasiado cómodo. Y la comodidad, en política, suele ser prima hermana de la memoria selectiva.
También pesa sobre esta elección la figura de Jair Bolsonaro. El expresidente fue condenado en 2025 a 27 años y tres meses de prisión por la trama destinada a impedir la continuidad institucional después de su derrota electoral de 2022. Es un hecho judicial, no una opinión editorial. Su hijo Flávio carga inevitablemente con ese apellido, pero es candidato por derecho propio y deberá responder por sus propios actos, no mediante culpabilidades hereditarias.
Del otro lado, Lula tampoco llega a las urnas convertido milagrosamente en una página en blanco. Su historia política contiene investigaciones, procesos y una condena que lo llevó a prisión y que posteriormente fue anulada por razones jurídicas y procesales. Eso tampoco desaparece porque resulte incómodo recordarlo durante una campaña.
Y aquí aparece probablemente la parte más interesante del asunto.
Mientras unos gritan “corrupción” contra los otros y los otros devuelven el paquete con estampilla urgente, Brasil tiene más de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar. Personas que el lunes siguiente continuarán necesitando trabajo, seguridad, hospitales, escuelas, transporte, estabilidad económica y alguna razonable esperanza de que el salario alcance hasta fin de mes.
Ninguna de esas necesidades desaparece porque un candidato pronuncie una frase brillante desde un camión.
El Banco Master debe investigarse hasta donde corresponda y caiga quien caiga. Si hubo delitos, habrá que determinar quién los cometió. Si funcionarios, políticos, magistrados, empresarios o intermediarios utilizaron sus posiciones para obtener beneficios ilegales, deberán responder individualmente ante las instituciones competentes.
Precisamente por eso conviene no convertir una investigación judicial en detergente electoral.
Brasil conoce demasiado bien la combinación explosiva entre política, dinero y tribunales como para reducir nuevamente una cuestión institucional a un partido de fútbol. Cuando la corrupción se convierte solamente en un arma para arrojar contra el adversario, deja de combatirse como sistema y empieza a administrarse como argumento.
El domingo los brasileños elegirán presidente, legisladores, gobernadores y senadores. Las encuestas describen una competencia presidencial muy cerrada y no permiten convertir anticipadamente el escrutinio en certeza. El resultado pertenece a los electores brasileños, no a los editorialistas.
Desde esta ventana, por lo tanto, sería saludable mantener cierta distancia sanitaria.
Informemos sobre Lula.
Informemos sobre Flávio Bolsonaro.
Informemos sobre Vorcaro, el Banco Master, los jueces, los funcionarios y cada expediente que corresponda.
Pero evitemos contagiarnos de politeitis.
Porque cuando el periodismo empieza a preocuparse demasiado por quién debe ganar una elección, corre el riesgo de olvidar para qué estaba allí antes de que comenzara la campaña:
para mirar las manos de todos.
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Fuentes consultadas: Agencia EFE; Tribunal Superior Electoral de Brasil; Reuters; Datafolha; Transparencia Internacional.