La política argentina tiene una extraordinaria capacidad para superar a sus propios guionistas. Cuando uno supone que ya se han agotado los argumentos, aparece un nuevo episodio con ingredientes suficientes para ocupar simultáneamente la sección política, policial y, si alguien se descuida, la programación de la tarde.
Esta vez la historia comienza lejos de Buenos Aires. Nadia Beller fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fernando Cerimedo, consultor político argentino que trabajó cerca de Javier Milei y que actualmente mantiene vínculos profesionales con el poder boliviano, fue detenido mientras se disponía a viajar hacia Buenos Aires.
Hasta allí, los hechos.
Después comienza la telenovela.
Desde el hospital, Beller acusó a Cerimedo de haber ordenado el ataque. Además aseguró que mantenían una relación sentimental, afirmó estar embarazada de él y agregó una colección de denuncias que, de comprobarse, transformarían el episodio policial en un terremoto político: habló de agresiones, presunto lavado de dinero y hasta de la filtración de los audios vinculados con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Son acusaciones. Graves, ciertamente. Pero acusaciones.
Y esa palabra resulta indispensable porque en tiempos de redes sociales existe una curiosa tendencia a considerar sentencia judicial cualquier declaración pronunciada delante de un micrófono. La Justicia boliviana deberá determinar quién disparó, quién ordenó disparar —si existió un autor intelectual— y qué responsabilidad, si alguna, corresponde a Cerimedo.
Lo demás deberá investigarse por separado.
Porque una mujer baleada no convierte automáticamente en verdaderas todas sus afirmaciones, del mismo modo que la proximidad de un acusado con determinados dirigentes políticos tampoco convierte a esos dirigentes en responsables de sus actos.
Pero sería igualmente ingenuo fingir que estamos frente a un episodio completamente aislado del universo político.
Cerimedo no es un desconocido que accidentalmente apareció en una fotografía con algún funcionario. Fue un operador digital relevante, participó de campañas políticas latinoamericanas y tuvo una relación significativa con el armado comunicacional que acompañó el ascenso de Javier Milei.
Y entonces aparece ANDIS.
Beller sostiene que Cerimedo y Natalia Basil estuvieron relacionados con la filtración de los audios que alimentaron la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Afirma, incluso, poseer grabaciones capaces de respaldar parte de sus dichos.
Si esas grabaciones existen, deberán aparecer.
Si contienen lo que ella asegura, deberán ser peritadas.
Y si prueban delitos, deberán intervenir los tribunales correspondientes.
Así funciona —o debería funcionar— una República. No mediante insinuaciones, hashtags o tribunales improvisados frente a una cámara, sino mediante pruebas.
Sin embargo, existe un aspecto político que merece atención incluso antes de conocer el desenlace judicial.
Durante años se construyeron verdaderos ejércitos digitales destinados a instalar relatos, destruir adversarios, multiplicar rumores y convertir sospechas en certezas mediante repetición. La política descubrió que una versión reproducida diez mil veces puede resultar electoralmente más útil que una verdad demostrada una sola vez.
Ahora algunos de quienes habitaron ese mundo parecen atrapados dentro de su propia maquinaria.
Grabaciones. Filtraciones. Audios. Mensajes. Acusaciones cruzadas. Relaciones personales mezcladas con operaciones políticas.
La fábrica del relato comienza a producir relatos sobre sus propios fabricantes.
Y allí reside quizá la ironía más formidable de esta historia.
Durante años nos enseñaron que bastaban algunos segundos de audio, una captura de pantalla y unos cuantos miles de cuentas repitiendo una consigna para establecer una verdad política.
Ahora que las acusaciones golpean hacia adentro, descubrimos repentinamente las virtudes de la prudencia, la presunción de inocencia y la necesidad de esperar las pruebas.
Bienvenidos sean.
Nunca es tarde para descubrir el Estado de Derecho.
Mientras tanto, sería conveniente no confundir géneros.
Hay una mujer que sobrevivió a un ataque a balazos. Eso no es una telenovela.
Hay un hombre detenido cuya eventual responsabilidad deberá establecer la Justicia. Tampoco lo es.
La telenovela comienza cuando alrededor de esos dos hechos aparecen amantes, esposas, audios clandestinos, operadores, consultores, trolls, presuntas coimas y secretos de alcoba capaces —según quienes los cuentan— de sacudir gobiernos.
Demasiado material para un solo capítulo.
Por ahora, entonces, las pinzas sobre la mesa.
Porque si algo ha demostrado la política argentina es que entre la primera versión y el expediente judicial suele existir una distancia considerable.
Y porque en esta nueva serie nadie debería olvidar una regla elemental:
cuando todos aseguran conocer el final antes de que termine el primer capítulo, probablemente alguien esté intentando vendernos el libreto.
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