Hay cifras que necesitan explicación. Y hay otras que, antes de cualquier explicación, necesitan una calculadora, un calendario y una buena dosis de paciencia ciudadana. Tres mil trescientos sesenta y tres días de licencia pertenecen decididamente a la segunda categoría.
El protagonista es un funcionario de Misiones que terminó renunciando después de que saliera a la luz un dato difícil de digerir: 3.363 días de licencia acumulados durante 18 años.
Hagamos una cuenta sencilla, de esas que todavía pueden realizarse sin inteligencia artificial ni diploma universitario.
3.363 días equivalen a más de nueve años corridos.
Naturalmente, una licencia no significa necesariamente faltar sin justificación. Existen enfermedades, accidentes, licencias previstas por ley y circunstancias personales que deben ser respetadas. Una sociedad civilizada protege al trabajador cuando verdaderamente lo necesita.
Pero cuando semejante cantidad de días aparece asociada a alguien que ocupa un cargo público, la pregunta deja de ser privada y pasa a ser inevitablemente pública:
¿Cómo puede funcionar durante años una administración en semejantes condiciones sin que nadie considere necesario revisar la situación?
Porque aquí aparece el verdadero problema.
Podremos discutir al funcionario. Muchísimo más interesante sería discutir el sistema que permitió que la situación se prolongara durante tanto tiempo.
Un empleado puede pedir una licencia. Un médico puede certificarla. Una oficina puede recibirla. Un superior puede aceptarla. Recursos Humanos puede registrarla. Un organismo puede renovarla.
Pero para llegar a 3.363 días hace falta algo más que una persona ausente.
Hace falta una administración muy presente para seguir autorizando.
Y allí comienza la mostaza.
El Estado argentino ha desarrollado durante décadas una curiosa habilidad: ser implacable para reclamarle al ciudadano una fotocopia que falta y extraordinariamente comprensivo cuando debe controlar sus propias ventanillas.
Al contribuyente se le exige puntualidad. Si paga tarde, intereses. Si presenta tarde, multa. Si falta un papel, vuelva mañana. Si cometió un error, corrija, pague y agradezca.
Dentro de determinadas estructuras estatales, en cambio, pareciera existir ocasionalmente otra dimensión del tiempo.
Una dimensión donde los años pasan, las licencias se acumulan, los expedientes engordan y la pregunta más elemental —“¿esto es normal?”— parece no encontrar escritorio competente.
Después nos preguntamos por qué una parte importante de la sociedad mira al empleo público con desconfianza.
Y sería profundamente injusto meter a todos los trabajadores estatales en la misma bolsa.
Hay médicos, enfermeros, maestros, policías, administrativos, técnicos y empleados públicos que cumplen horarios, cargan sobre sus espaldas oficinas enteras y muchas veces trabajan con recursos miserables. Precisamente ellos son los primeros perjudicados por estos episodios.
Porque mientras algunos trabajan, otros convierten el privilegio en caricatura.
Y la caricatura termina desacreditando a todos.
El problema tampoco consiste en afirmar que cualquier persona que toma una licencia “vive del Estado sin trabajar”. Eso sería una simplificación tan cómoda como injusta.
El problema aparece cuando la excepción se convierte en sistema, el sistema en costumbre y la costumbre deja de provocar preguntas.
Tres mil trescientos sesenta y tres días deberían haber provocado unas cuantas.
No en el año dieciocho.
Muchísimo antes.
Quizás allí se encuentre una de las enfermedades más persistentes de cierta administración pública argentina: nadie parece ser responsable mientras todos hayan colocado correctamente el sello.
El expediente está en orden.
La firma está.
El certificado está.
El casillero está marcado.
Entonces todo marcha maravillosamente.
Salvo el Estado.
Y salvo el ciudadano que lo paga.
Porque conviene recordar una vulgaridad que algunos discursos burocráticos suelen olvidar: el Estado no produce dinero por generación espontánea. Cada sueldo público, cada oficina, cada automóvil oficial, cada computadora y cada día remunerado salen, finalmente, del bolsillo de alguien.
Del comerciante que abre aunque llueva.
Del jubilado que paga impuestos cuando compra.
Del trabajador privado que ficha.
Del pequeño empresario que debe pagar salarios incluso cuando el mes fue malo.
Del autónomo que, si no trabaja, descubre una antiquísima doctrina económica: no cobra.
Tal vez por eso estos casos irritan tanto.
No porque el ciudadano sea enemigo del empleado público.
Sino porque conoce perfectamente la diferencia entre derecho y privilegio.
El derecho protege al trabajador cuando corresponde.
El privilegio comienza cuando una estructura tolera aquello que jamás toleraría de quien está del otro lado del mostrador.
La renuncia puede cerrar un cargo.
No cierra la pregunta.
¿Quién controló?
¿Quién autorizó?
¿Quién supervisó?
¿Quién sabía?
¿Y durante cuántos años?
Porque si después de 3.363 días de licencia en 18 años toda la explicación administrativa termina concentrándose exclusivamente en el nombre del funcionario, habremos encontrado un culpable conveniente y conservado intacta la máquina que hizo posible el disparate.
Y entonces podremos esperar tranquilamente el próximo caso.
Quizás con 4.000 días.
Total, para entonces alguien encontrará el expediente.
Beata ignorancia la de quienes creen que se puede vivir eternamente del Estado sin ir a trabajar.
Pero más beata todavía es la de un Estado que, cuando finalmente descubre la silla vacía, parece sorprenderse de que tenga polvo.
El contribuyente, mientras tanto, nunca tuvo licencia.
Para pagar, estuvo presente todos los días.
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