
Mendoza, Argentina — 18 de noviembre de 2026. En la tierra del buen vino, la política también tiene sus cosechas agrias. El gobernador Alfredo Cornejo y el diputado nacional Luis Petri, compañeros de ruta cuando convenía sumar votos, han comenzado a ventilar sus diferencias con una generosidad que ni el más entusiasta fabricante de detergentes podría imaginar. Los trapitos salen al sol, las sonrisas de campaña empiezan a desteñirse y el Presupuesto provincial de 2027 se convierte en el escenario de una disputa que huele mucho más a sucesión política que a simple contabilidad pública.
El primer descorche llegó en la Legislatura, donde los diputados alineados con Petri se negaron a acompañar el despacho necesario para avanzar con el tratamiento del Presupuesto. El argumento fue contundente: autorizar nuevo endeudamiento equivaldría a extenderle al Gobierno un «cheque en blanco». La negativa, sumada al rechazo del peronismo y otros opositores, dejó al cornejismo sin los respaldos necesarios para habilitar las operaciones de crédito. Un detalle incómodo para un gobernador acostumbrado a conducir la orquesta y descubrir que algunos músicos han decidido interpretar otra partitura.
La respuesta oficial no tardó en llegar. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, abandonó por un momento el lenguaje de los balances y eligió el de las barricadas: para el Gobierno, quienes rechazan el Presupuesto son oposición. Así, con una frase, convirtió a antiguos aliados en adversarios circunstanciales. También los acusó de cuestionar el proyecto sin argumentos suficientes. Curiosa manera de fomentar el consenso: primero se invita a discutir, después se advierte que quien no acompaña queda del otro lado de la trinchera. Una democracia puede soportar discrepancias; lo que no debería necesitar es un certificado de obediencia para considerar legítimo a un interlocutor.
Pero detrás de las declaraciones hay números que merecen algo más que una discusión entre dirigentes irritados. El Ejecutivo solicita autorización para contraer hasta 320 millones de dólares de deuda: 120 millones destinados a infraestructura energética y otros 200 millones para un programa de desarrollo productivo. El Gobierno sostiene que se trata de inversiones necesarias para ampliar la capacidad económica de Mendoza. Una explicación atendible, aunque insuficiente por sí sola para despejar todas las dudas. Porque una cosa es anunciar que el dinero tendrá un destino virtuoso y otra, bastante más exigente, es establecer quién lo administrará, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control.
A la controversia se suma el famoso rollover, esa expresión financiera que permite refinanciar vencimientos de deuda y que, pronunciada en inglés, parece menos dolorosa para los contribuyentes. Fayad sostiene que Mendoza debe anticiparse a las obligaciones más importantes de 2028 y 2029, aprovechando sus actuales indicadores crediticios. El argumento tiene lógica financiera: refinanciar no significa necesariamente aumentar el endeudamiento neto. Pero tampoco constituye, por definición, una operación conveniente. Todo depende de tasas, plazos, garantías y condiciones. El idioma de los acreedores puede ser internacional; la responsabilidad de pagar sigue siendo profundamente mendocina.
El ministro también rechaza la acusación de que se haya presentado un presupuesto irresponsablemente deficitario. Según su explicación, la provincia conserva superávit corriente y el desequilibrio global previsto, equivalente al 0,5% del total, cuenta con financiamiento identificado. Conviene distinguir ambos conceptos antes de lanzar acusaciones de insolvencia. Sin embargo, que un déficit esté financiado no significa que desaparezca ni que deba aceptarse sin examen. Las cuentas públicas no se vuelven transparentes porque el Gobierno las considere razonables, ni fraudulentas porque sus adversarios las bauticen con una frase efectista.
Del lado del petrismo, el diputado provincial Gustavo Cairo añadió otro ingrediente a la discusión: antes de pedir préstamos, exigió conocer proyectos, costos, beneficios y mecanismos de devolución. También reclamó reducir impuestos en lugar de ampliar la deuda. Son cuestionamientos que merecen respuestas documentadas, no solamente reproches políticos. Pero aquí corresponde aplicar la misma vara a todos. Quien exige transparencia tiene la obligación de explicar qué partidas rechaza, qué condiciones propone modificar y cómo financiaría las inversiones que considera necesarias. Decir «cheque en blanco» puede producir un buen titular; convertir la objeción en una alternativa concreta requiere bastante más trabajo.
La coincidencia legislativa entre el petrismo y el peronismo agregó el condimento que faltaba. Dos sectores con recorridos políticos muy diferentes terminaron obstaculizando una misma iniciativa oficial. Eso no demuestra la existencia de una alianza formal, pero confirma que las matemáticas parlamentarias pueden construir compañías inesperadas. Cornejo descubre que sus aliados no son incondicionales y Petri comprueba que puede ejercer influencia sin ocupar el despacho del gobernador. En política, como en el truco, a veces alcanza con mostrar que se tiene una carta importante, aunque todavía no haya llegado el momento de jugarla.
Y entonces aparece el verdadero fantasma que sobrevuela la Casa de Gobierno: 2027. Petri, exradical, exministro de Defensa de Javier Milei y actual diputado nacional por La Libertad Avanza, no es un recién llegado a la política mendocina. En 2023 compitió contra Cornejo en las primarias provinciales, perdió y posteriormente lo respaldó. Aquella reconciliación permitió una convivencia útil, pero nunca eliminó la competencia por el liderazgo. Hoy, con el final del mandato de Cornejo acercándose, cada diferencia presupuestaria puede convertirse también en una demostración de fuerza. Sería ingenuo ignorarlo; sería igualmente injusto concluir que toda objeción financiera obedece exclusivamente a una ambición electoral.
La conclusión es bastante sencilla: Mendoza necesita inversiones, crédito responsable y presupuestos examinados con rigor. No necesita que sus dirigentes conviertan cada discrepancia en una declaración de guerra ni que utilicen los recursos futuros como fichas de una competencia anticipada. Cornejo deberá explicar hasta el último dólar que pretende comprometer; Petri y sus legisladores deberán demostrar que sus reparos tienen sustancia más allá de la disputa por el poder. Porque mientras unos miden candidaturas y otros calculan mayorías, los mendocinos seguirán pagando impuestos, esperando obras y reclamando resultados. Y convendría recordarles a todos que la provincia no es una bodega hereditaria, el presupuesto no es una caja de campaña y la gobernación no se adjudica por concurso de egos.
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