Hay documentos que envejecen y documentos que, cuanto más envejecen, más ruido hacen. El papel amarillea, la tinta pierde arrogancia, cambian los reyes y desaparecen los imperios; pero algunas líneas escritas hace dos siglos y medio conservan la incómoda costumbre de seguir hablando.
El 2 de octubre de 1766, Carlos III dispuso la organización del gobierno español de las Islas Malvinas y designó al capitán de navío Felipe Ruiz Puente para ejercerlo. Dos días después, el 4 de octubre, las instrucciones reales precisaron algo que merece ser leído sin necesidad de tambores patrióticos: el gobierno de las Malvinas quedaba bajo dependencia de la Capitanía General de Buenos Aires.
Y aquí conviene hacer una distinción que suele perderse cuando la historia se transforma en munición. Una cosa es documentar cómo una monarquía organizaba administrativamente sus posesiones en el siglo XVIII; otra, bastante diferente, es pretender que una disposición colonial resuelva por sí sola una controversia internacional contemporánea. La historia aporta piezas. El derecho internacional discute después qué peso tiene cada una.
Pero las piezas existen.
La orden de Carlos III a Ruiz Puente resulta particularmente significativa porque no se limita a otorgarle un título ornamental. Le ordena pasar por Montevideo, abastecerse, coordinarse con el gobernador y capitán general de Buenos Aires y permanecer bajo sus órdenes. La Corona estaba trazando una cadena administrativa. No era poesía geográfica: era burocracia imperial.
Y la burocracia, aunque tenga bastante menos glamour que una batalla naval, posee una virtud formidable para los historiadores: deja papeles.
Ruiz Puente debía además recibir de los franceses el establecimiento creado por la expedición de Louis-Antoine de Bougainville en Port Louis. La transferencia francesa a España constituye otro capítulo indispensable de aquella historia atlántica en la que París, Madrid y Londres se movían sobre mares y territorios que todavía estaban muy lejos de imaginar las fronteras nacionales del siglo XXI.
Felipe Ruiz Puente asumió en 1767 como primer gobernador español de las islas. El antiguo establecimiento francés pasó a llamarse Puerto de la Soledad y allí se desarrollaron instalaciones destinadas a sostener una presencia permanente: dependencias administrativas, alojamientos, almacenes y una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Soledad.
La magnífica estampa de Antoine-Joseph Pernety que acompaña esta página ayuda a devolverle carne a aquello que los documentos administrativos presentan en tinta seca. Allí aparecen la bahía, las construcciones, embarcaciones, hombres y animales. No vemos una discusión televisiva sobre soberanía. Vemos algo mucho más elemental: gente viviendo en unas islas remotas del Atlántico Sur.
La precisión histórica, sin embargo, exige evitar una tentación. Decir que “en 1766 nacieron los derechos argentinos sobre las Malvinas” sería trasladar hacia atrás una República Argentina que todavía no existía. Lo que sí puede afirmarse es que España colocó administrativamente el gobierno de las islas dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. Décadas después aparecería otra cuestión decisiva: qué territorios y derechos de la Corona española heredaron las Provincias Unidas tras la independencia.
Allí comienza otro capítulo. Y otro tambor.
Porque después vendrían la Revolución de Mayo, la independencia, los actos de gobierno rioplatenses sobre las islas, Luis Vernet, la intervención estadounidense de la Lexington, la ocupación británica de 1833, las protestas diplomáticas argentinas, las resoluciones de Naciones Unidas, la guerra de 1982 y una controversia de soberanía que continúa abierta entre Argentina y el Reino Unido.
Por eso 1766 importa, pero importa precisamente cuando no se lo obliga a decir más de lo que dice.
La Real Cédula no necesita maquillaje. Resulta históricamente relevante porque muestra que la administración española vinculó expresamente el gobierno de las Malvinas con Buenos Aires. Es una pieza documental dentro de una cadena histórica mucho más extensa y, justamente por eso, merece ser presentada completa, contextualizada y sin convertir un archivo en una barricada.
Dos siglos y medio después, españoles, argentinos y británicos ya no son aquellos españoles, rioplatenses y británicos del XVIII. Cambiaron los Estados, cambiaron las normas y cambió el mundo.
Los papeles, en cambio, permanecieron.
Y a veces basta abrir un viejo legajo para escuchar, detrás del crujido de sus hojas, unos tambores que vienen caminando desde 1766.
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Fuente: gallica.bnf.fr — Bibliothèque nationale de France (BnF).