La política argentina tiene una curiosa costumbre: los adversarios gritan, pero los desencantados explican.
Y por eso las declaraciones de la diputada nacional Lourdes Arrieta merecen una lectura que vaya bastante más allá de la anécdota de una legisladora que cambió de bloque. Arrieta llegó al Congreso acompañando a Javier Milei, integró La Libertad Avanza y hoy, desde Provincias Unidas, reconoce públicamente estar decepcionada de aquel presidente al que decidió respaldar.
Hasta aquí podría tratarse simplemente de otra ruptura política. En la Argentina, después de todo, los divorcios partidarios son casi una institución nacional.
Pero Arrieta introdujo una frase bastante más incómoda: “Decidí acompañarlo a él, no a la hermana”, dijo en referencia a Karina Milei.
No hace falta compartir su diagnóstico para advertir el calibre político de la frase. Porque toca una cuestión que acompaña al Gobierno desde hace tiempo: dónde termina el liderazgo presidencial y dónde comienza la arquitectura de poder construida alrededor del Presidente.
Arrieta cuestiona además la incorporación del “odio” y la “violencia” al discurso político y denuncia mecanismos de manipulación en las redes sociales. Otra vez: son sus afirmaciones, no nuestras conclusiones. Pero plantean una pregunta que el oficialismo debería poder responder sin recurrir inmediatamente al lanzallamas digital.
¿Cuánto tiempo puede gobernarse convirtiendo cada discrepancia en una traición?
Una fuerza política que llegó prometiendo combatir a la casta corre un riesgo particularmente exquisito: terminar adquiriendo algunos de sus hábitos. Entre ellos, considerar virtuoso al que obedece, sospechoso al que pregunta y enemigo al que se marcha.
La democracia, afortunadamente, es bastante más incómoda.
También merece atención el segundo capítulo de las declaraciones de Arrieta: su pedido de informes sobre el impuesto a los combustibles líquidos y el destino de los recursos vinculados a la infraestructura vial.
Aquí abandonamos el territorio de las simpatías políticas y entramos en uno mucho menos romántico: la caja.
La diputada sostiene que los ciudadanos continúan pagando en el combustible un componente tributario destinado a las rutas mientras determinadas provincias deben afrontar reparaciones y, simultáneamente, se estudian sistemas de peaje. Si esa descripción es correcta, la pregunta no parece revolucionaria ni destituyente: corresponde saber cuánto se recaudó, dónde fue el dinero y qué obras fueron realizadas.
El contribuyente argentino posee una paciencia digna de estudio científico. Paga impuestos para tener rutas, vuelve a pagar para reparar las rutas y, eventualmente, puede terminar pagando peaje para circular por aquello que ya financió.
Solamente faltaría cobrarle entrada para mirar el asfalto.
Arrieta describe como deplorable el estado de las rutas nacionales 7 y 40 en Mendoza y sostiene que su deterioro perjudica al turismo, al comercio y a la conexión con Chile. También extiende sus críticas a escuelas, infraestructura y actividad gastronómica. Son denuncias que deberán contrastarse con datos y respuestas oficiales. Precisamente para eso existe un pedido de informes.
Y precisamente para eso debería servir el Congreso.
El problema político para Milei no consiste en que una diputada esté decepcionada. Ningún presidente gobierna sin perder aliados, entusiasmos y fotografías familiares por el camino.
El problema aparece cuando comienzan a repetirse, desde personas que alguna vez estuvieron dentro del proyecto, reproches relacionados con cuestiones que exceden una pelea personal: concentración del poder, intolerancia frente a la crítica, deterioro institucional, prioridades del gasto y distancia frente a necesidades elementales de la población.
Milei fue elegido, entre otras razones, porque millones de argentinos estaban hartos de un Estado caro, ineficiente y voraz. Reducir sus excesos era —y continúa siendo— una tarea necesaria.
Pero reducir el Estado no significa evaporar sus obligaciones.
Educación, salud, seguridad e infraestructura no son extravagancias socialdemócratas ni souvenirs de la casta. Son funciones esenciales de cualquier Estado que pretenda merecer ese nombre. La motosierra puede ser una herramienta para cortar despilfarros; convertida en filosofía universal, también puede terminar serruchando la rama sobre la que está sentado el propio Gobierno.
Hay además una enseñanza más sencilla.
Cuando critica un opositor, el Gobierno puede atribuirlo a la batalla política. Cuando critica un periodista, puede acusarlo de operar. Cuando protesta un gobernador, puede denunciar intereses provinciales. Cuando reclama un sindicalista, siempre queda disponible el archivo de la vieja corporación.
Pero cuando quienes empiezan a cuestionar el rumbo son aquellos que alguna vez levantaron la misma bandera, el catálogo de excusas comienza a quedarse sin páginas.
Lourdes Arrieta dice estar decepcionada.
El Gobierno puede responder que se equivoca, demostrarlo con números y explicar sus decisiones. Está en todo su derecho.
Lo que sería bastante menos inteligente es agregar simplemente otro nombre a la lista de enemigos.
Porque gobernar convencido de que todos los que se alejan son traidores tiene una consecuencia matemática inevitable:
un día quedan solamente los fieles.
Y los fieles sirven magníficamente para aplaudir.
Para advertir que el camino termina en un precipicio, suelen ser bastante menos útiles.
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