Argentina, 08 agosto de 2026
Hay una vieja sentencia atribuida a la tradición romana que ha sobrevivido mucho mejor que numerosos emperadores: «Roma no paga traidores».
Su fuerza no reside tanto en determinar quién la pronunció exactamente o en qué batalla nació, sino en la idea que atravesó los siglos: hasta quien se beneficia de una traición sabe que el traidor constituye una mercancía política de escaso valor. Puede resultar útil durante una jornada; difícilmente resulte confiable al día siguiente.
Pero nuestra época ha perfeccionado el mecanismo.
Ya no siempre es necesario encontrar al traidor.
También se lo puede fabricar.
En política, basta con establecer previamente qué significa ser leal. Si la lealtad consiste en acompañar al conductor incluso cuando cambia de dirección, cualquiera que permanezca donde estaba puede amanecer convertido en desertor.
Algo de esa lógica puede observarse en el prolongado enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel.
No interesa aquí adjudicar inocencias ni repartir certificados de buena conducta. Tampoco convertir a Villarruel en víctima por decreto periodístico ni a Milei en culpable automático. Interesa algo bastante más importante: el procedimiento político mediante el cual una diferencia termina presentada como traición.
Porque existe una enorme distancia entre discrepar y traicionar.
Una vicepresidente no es un empleada del Presidente. Fue elegida por los mismos ciudadanos, en la misma fórmula y mediante el mismo acto electoral. Tiene funciones constitucionales propias y, sobre todo, conserva algo que ninguna elección debería confiscarle: el derecho a pensar.
Cuando ese derecho comienza a interpretarse como deslealtad, aparece un problema que excede ampliamente a Milei y Villarruel.
Aparece la política religiosa.
No religiosa por tener una fe, sino por adoptar sus mecanismos más elementales: un dogma que no se discute, un conductor que lo interpreta, creyentes que lo defienden y herejes que deben ser señalados.
Entonces desaparece la discusión.
Quien formula una objeción ya no está equivocado: traiciona.
Quien pregunta no busca comprender: conspira.
Quien señala una contradicción trabaja para el enemigo.
Y quien no pertenece al propio campamento necesariamente debe pertenecer al contrario.
Es una formidable simplificación del mundo.
También es una formidable renuncia a pensar.
La Argentina conoce demasiado bien este mecanismo. Lo practicaron distintos movimientos, gobiernos y liderazgos con colores políticos opuestos. Cambiaron los nombres, las liturgias y los balcones; permaneció intacta una antigua costumbre nacional: pedir al ciudadano que elija una camiseta y después prohibirle mirar el partido.
De allí nace otro instrumento extraordinariamente eficaz: la victimización política.
Para cohesionar una tropa nada resulta más útil que convencerla de que está permanentemente sitiada. Si el Gobierno tropieza, existen conspiradores. Si una medida fracasa, aparecen intereses ocultos. Si alguien se aleja, era un traidor. Si surgen críticas, regresan los fantasmas.
Y en la Argentina contemporánea hay fantasmas especialmente rentables: el kirchnerismo, el massismo y el kicillofismo.
Sus antecedentes, errores, responsabilidades y episodios judiciales merecen ser examinados sin indulgencia. Pero convertirlos en explicación universal de cada dificultad presente constituye otra cosa.
Un fantasma puede servir para recordar de dónde venimos.
No puede conducir el automóvil.
Sin embargo, una parte de la sociedad parece aceptar un razonamiento sorprendente: cualquier cuestionamiento al presente supone necesariamente querer regresar al pasado.
Si criticás a Milei, sos kirchnerista.
Si cuestionás al Gobierno, sos massista.
Si defendés una institución frente al Ejecutivo, sos «casta».
Si no aplaudís, conspirás.
Y si preguntás hacia dónde vamos, probablemente alguien responda explicándote de dónde escapamos.
Es allí donde el miedo comienza a sustituir al pensamiento.
Por temor al regreso del kirchnerismo o del massismo, algunos argentinos parecen dispuestos a refugiarse en las polleras políticas de Karina Milei sin preguntar demasiado hacia dónde marcha la caravana.
El problema no es Karina.
El problema es caminar con los ojos cerrados porque asusta mirar hacia atrás.
Ningún gobierno merece semejante privilegio. Ni éste, ni el anterior, ni el próximo.
El ciudadano libre no debe fidelidad personal a Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Javier Milei, Victoria Villarruel, Mauricio Macri ni a ningún otro dirigente. Su lealtad pertenece —si alguna debe— a la República, a las instituciones, a los hechos y a su propia conciencia.
Precisamente por eso el pensamiento no homologado resulta incómodo.
No cabe fácilmente en una bandera.
Puede coincidir hoy con una decisión gubernamental y cuestionarla mañana. Puede reconocer un acierto de Milei sin convertirse en mileísta; señalar un atropello sin transformarse mágicamente en kirchnerista; defender a Villarruel frente a un agravio sin declararse villarruelista.
Eso se llamaba, antes de que las redes sociales repartieran carnets ideológicos, pensar.
Y pensar tiene un inconveniente extraordinario para cualquier estructura política basada en la obediencia: produce ciudadanos difíciles de arrear.
Quizás por eso convenga recuperar aquella vieja máxima romana, aunque adaptándola ligeramente a nuestros tiempos.
Roma no pagaba traidores.
La política moderna descubrió algo más económico:
inventarlos.
Porque fabricar un traidor permite construir simultáneamente un enemigo, una víctima y una causa.
Y mientras la multitud discute quién traicionó al conductor, casi nadie formula la pregunta verdaderamente peligrosa:
¿hacia dónde nos está conduciendo?
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