Buenos Aires. — Se necesitan políticos. Competentes, preferentemente. Honestos, indispensable. Con experiencia en escuchar antes de hablar, administrar antes de prometer y gobernar antes de buscar culpables. Inútil presentarse sin antecedentes comprobables. Abstenerse improvisados, vendedores de milagros y especialistas en explicar por qué siempre la culpa corresponde al anterior, al adversario o al ciudadano que protesta.
El aviso podría publicarse hoy en cualquier diario argentino y, probablemente, recibiría menos currículums de los esperados.
La política nacional ofreció esta semana otra de esas estampas que deberían preocupar incluso a quienes ya han desarrollado anticuerpos contra el asombro. Mientras el Senado discutía la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las inmediaciones del Congreso volvieron a convertirse en escenario de gases, balas de goma, camiones hidrantes, detenciones y heridos.
Tal como quedó registrado, el operativo terminó con 28 detenidos y cerca de 1.500 personas afectadas o heridas. Entre ellas hubo trabajadores de prensa, nuevamente colocados en la primera línea de una batalla que no habían ido a librar sino a documentar. Una fotógrafa quedó en observación con fractura de cráneo.
El derecho a mantener el orden público pertenece al Estado. No es una concesión ni debería ser motivo de vergüenza ejercerlo. Pero precisamente porque posee esa facultad extraordinaria, también carga con una obligación extraordinaria: no convertir el monopolio legítimo de la fuerza en licencia para utilizarla sin medida.
Ahí comienza el problema.
Victoria Darraidou, responsable del equipo de Violencia Institucional del CELS, describió escenas inquietantes: camiones hidrantes utilizados incluso contra un colectivo de línea, gases lacrimógenos disparados a corta distancia hacia fotógrafos y efectivos recogiendo casquillos después de los incidentes. Son hechos que merecen una investigación seria, no una competencia de relatos.
En la Argentina contemporánea hasta los gases parecen tener versión oficial y versión opositora.
La protesta había crecido durante la tarde pese a la lluvia y pese a que el oficialismo retiró del proyecto el controvertido artículo que permitía ampliar la venta de tierras a extranjeros. El Senado avanzó, en cambio, con mecanismos de desalojo más rápidos ante incumplimientos de alquileres y con restricciones a las facultades expropiatorias del Estado. La Libertad Avanza debió resignar también las modificaciones previstas a la Ley de Manejo del Fuego.
Nada de aquello, sin embargo, puso en peligro la continuidad de la sesión parlamentaria.
Y aquí aparece el segundo acto.
Después de los hidrantes llegó Comodoro Py.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntos “actos violentos y antidemocráticos” destinados a impedir total o parcialmente la actividad legislativa. La presentación menciona figuras de una gravedad considerable: atentado contra el orden constitucional, daños, resistencia a la autoridad e incluso terrorismo.
Terrorismo.
La palabra merece ser pronunciada despacio.
Un Estado democrático puede —y debe— investigar a quien arroja piedras, agrede a un policía o destruye bienes públicos. Manifestarse no concede patente de corso. Pero entre identificar a una persona que comete un delito y colocar sobre una protesta política la sombra del terrorismo existe una distancia que una democracia adulta debería recorrer con extrema prudencia.
La denuncia, de carácter genérico, quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello y actualmente subrogado por María Servini. Será la Justicia, no una conferencia de prensa ni una consigna partidaria, la que deberá establecer si hubo delitos, quiénes los cometieron y cuáles fueron.
También debería establecerse si las fuerzas actuaron dentro de la ley.
Porque la vara democrática funciona en ambas direcciones.
Mientras el poder discutía en el Congreso hasta dónde llega la propiedad y en los tribunales hasta dónde llega la protesta, en Liniers alguien habló de algo bastante menos sofisticado: hasta dónde llega el sueldo.
Durante la misa de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió “no resignarnos” frente al aumento del transporte, las tarifas, los alquileres y los alimentos, ni aceptar mansamente que el salario resulte insuficiente.
No necesitó gráficos.
Tampoco una presentación de PowerPoint.
Habló de un pueblo cansado de promesas incumplidas y lanzó una frase que debería atravesar transversalmente a toda la dirigencia: cuestionó a quienes hablan de los pobres sin acercarse a sus necesidades mientras ellos mismos “se dan la buena vida”.
El destinatario inmediato podrá discutirse. El plural, en cambio, resulta bastante difícil de esquivar.
Sería demasiado cómodo utilizar las palabras del arzobispo exclusivamente para golpear al gobierno de Javier Milei. La distancia entre dirigentes y ciudadanos no nació en diciembre de 2023. Tiene años de antigüedad, sucesivas administraciones, numerosos partidos políticos y una notable capacidad para sobrevivir a todas las elecciones.
Cambian los presidentes.
Cambian los eslóganes.
Cambian los enemigos.
La factura queda sobre la mesa.
Milei llegó precisamente porque millones de argentinos se cansaron de esa política. El problema comienza cuando quien promete terminar con sus vicios corre el riesgo de adquirir algunos de ellos: la intolerancia ante la crítica, la tentación de dividir el país entre virtuosos y enemigos, y la costumbre tan argentina de considerar que toda dificultad deriva de una conspiración ajena.
Gobernar no consiste solamente en ganar votaciones, exhibir cifras macroeconómicas favorables o derrotar adversarios en las redes sociales. También consiste en lograr que el ciudadano pueda vivir bajo reglas previsibles, trabajar, pagar sus cuentas y protestar sin convertirse automáticamente en sospechoso de querer derribar la República.
Y protestar tampoco significa disponer de un permiso para romper, incendiar o agredir.
Esa sencilla reciprocidad parece haberse convertido en alta ingeniería institucional.
Quizás por eso García Cuerva recordó que el trabajo sigue siendo un derecho y una fuente de dignidad. Es una observación elemental, casi antigua, pero extraordinariamente vigente en un país donde demasiadas veces la discusión pública se concentra en quién ganó la batalla del día mientras el ciudadano calcula cuánto falta para cobrar.
La Argentina lleva décadas buscando salvadores y encontrando administradores de emergencias. Ha probado peronistas, radicales, coaliciones, progresistas, liberales y libertarios. Cada nueva temporada promete demoler el fracaso anterior y levantar definitivamente el país.
Curiosamente, los escombros siempre terminan pagándolos los mismos.
Tal vez haya llegado la hora de modificar los requisitos de contratación.
Avisos Clasificados. Se necesitan políticos competentes y honestos. Capaces de escuchar sin arrodillarse, ejercer autoridad sin abusar de ella, equilibrar las cuentas sin olvidar a quienes las pagan y comprender que el adversario no necesariamente es un enemigo de la Nación.
Experiencia deseable.
Sentido común imprescindible.
Honestidad excluyente.
Inútil presentarse sin antecedentes.
🖋️© El Traductor del Poder | 2026 – Derechos reservados
© 2026 SalaStampa.eu, world press service – All Rights Reserved – Guzzo Photos & Graphic Publications – Registro Editori e Stampatori n. 1441 Turin, Italy