La discusión sobre la venta de tierras rurales a extranjeros suele presentarse como un debate entre apertura económica y proteccionismo. Sin embargo, reducirla a esa dicotomía sería una simplificación impropia de un asunto que compromete el patrimonio permanente de una Nación.
Argentina posee desde hace años un marco legal que regula la adquisición de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Esas normas podrán ser mejores o peores, más flexibles o más restrictivas, pero nacieron de una idea elemental: la tierra no es un bien cualquiera. No se fabrica, no se importa y, una vez transferida, difícilmente regrese al patrimonio nacional.
No corresponde aquí emitir un juicio jurídico sobre el alcance de las modificaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei. Esa tarea pertenece a constitucionalistas, legisladores y especialistas en derecho agrario. Pero observar la realidad política también forma parte del periodismo.
Y la realidad muestra un Ejecutivo obsesionado por conseguir recursos. La urgencia fiscal parece haberse convertido en el principal motor de casi todas las iniciativas oficiales. Cuando el dinero pasa a ser el argumento dominante, existe el riesgo de que las decisiones estratégicas terminen evaluándose únicamente por el ingreso inmediato que generan y no por las consecuencias que dejarán dentro de veinte o cincuenta años.
La tierra no constituye solamente una propiedad privada. También representa producción, agua, minerales, alimentos, soberanía y capacidad de desarrollo. En casi todos los países del mundo existen límites, controles o mecanismos de revisión cuando se trata de activos considerados estratégicos. No se trata necesariamente de desconfianza hacia la inversión extranjera, sino de prudencia institucional.
Resulta igualmente llamativo que un gobierno que reivindica un capitalismo casi absoluto busque su legitimación en un escenario internacional donde el mayor protagonista económico es, precisamente, China. Un país que ha construido su expansión global mediante un modelo difícil de encuadrar en los manuales clásicos del liberalismo: un capitalismo administrado por un Estado de partido único, capaz de planificar inversiones durante décadas mientras el mercado ejecuta la estrategia.
La paradoja es evidente. Se proclama la superioridad del libre mercado mientras buena parte del comercio internacional, de las cadenas industriales y de las inversiones estratégicas se encuentran condicionadas por un gigante que practica un socialismo de mercado con extraordinaria eficacia económica.
Quizá el verdadero debate no consista en preguntarse quién puede comprar una hectárea, sino qué proyecto nacional existe detrás de cada venta. Porque vender un campo para financiar una urgencia presupuestaria puede resolver una necesidad de hoy, pero difícilmente construya el país de mañana.
Las naciones verdaderamente prósperas no administran su patrimonio con desesperación. Lo hacen con paciencia, estrategia y memoria. La diferencia entre una y otra actitud suele medirse en generaciones, no en balances trimestrales.
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