Los números no mienten. Al 31 de julio de 2025, el promedio de prisión preventiva en Argentina es de 10,02 años. Repito: diez años de encierro sin sentencia firme. Y cuando se llega a juicio, quienes resultan absueltos han pasado en promedio 7 años presos injustamente.
Pero la estadística más brutal no es la media, sino la realidad de 169 personas que llevan entre 11 y 15 años en prisión preventiva, y otras 27 que superan los 16 años. Esto no es “garantismo” ni “respeto al debido proceso”: es condena ilegal anticipada. Es una pena perpetua disfrazada, y en muchos casos, una sentencia a muerte lenta por desgaste físico y psicológico.
En este contexto, el Poder Ejecutivo tiene la llave para poner fin a esta aberración. El presidente Javier Milei podría —si quisiera— conmutar penas, otorgar indultos y cerrar causas que violan todo estándar jurídico y constitucional. No hablamos de “perdonar crímenes” sino de impedir que el Estado continúe siendo verdugo antes de ser juez.
No hacerlo no es neutralidad: es complicidad.
Se puede sostener el relato de la “justicia independiente” o la “memoria selectiva” solo si uno está dispuesto a aceptar que cientos de personas mueran lentamente bajo custodia, sin haber sido condenadas.
Basta de hipocresía. La prisión preventiva eterna es un crimen de Estado. Y todo presidente que mire para otro lado será recordado no como libertario ni como salvador, sino como el que mantuvo un sistema de venganza encubierta.
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