Voz de América – Redacción
Janine Lélis, ministra de trabajo y justicia de Cabo Verde reiteró el pasado 23 Julio que su gobierno no se entremeterá en el caso de Alex Saab, un empresario colombiano al servicio del gobierno de Venezuela que fue detenido en el país.
“Cabo Verde tiene el deber de cooperar”, afirmó Lélis al ser cuestionada por periodistas, en la ciudad de Ribeira Grande de Santiago, sobre en el proceso judicial.
Estados Unidos, que fue quien motivó su arresto vía Interpol, solicitó la extradición de Saab, mientras que Venezuela exige su puesta en libertad.
“Este deber de cooperación es más fuerte cuando se trata de asuntos ligados con crímenes relacionados al tráfico de droga y lavado de dinero”, afirmó Lélis, recordando que el gobierno respondió “a una solicitud por colaboración internacional y de allí el proceso siguió su curso judicial”.
Alex Saab Propiedades Colombia
La Fiscalía de Colombia ocupó bienes de Álex Saab por más de 9,6 millones de dólares
Entre las propiedades confiscadas a Alex Saab se encuentra una mansión de 3.740 metros cuadrados, avaluada preliminarmente en 28 mil millones de pesos; dos casas, un apartamento de 379 metros cuadrados y tres garajes.
La ministra explicó que el ejecutivo ha validado y apoyado una opinión anterior de la Fiscalía que establece que, en situaciones así, “informa al Gobierno si se cumplen las condiciones exigidas por la Constitución, si se cumplen los requisitos y, en función de ello, se emite un dictamen”.
“Más allá de eso no puedo decir porque no conozco los detalles de los trámites del proceso judicial”, enfatizó Lelis, quien subrayó que Cabo Verde es un Estado de derecho y que corresponde a los tribunales decidir en función de las pruebas y las leyes.
“Esa es la confianza que tenemos”, recalcó la ministra, agregando que “lo que decida el tribunal será el fallo final sobre el asunto”.
El proceso
Como la Voz de América ha reportado previamente, Alex Saab fue arrestado el 12 de junio en la isla de Sal, mientras iba camino a Irán en una misión al servicio del gobierno en disputa de Venezuela, que le considera un “enviado especial”.
Después de que el Tribunal del Distrito de Sal legalizara su arresto, fue llevado a San Vicente, donde el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, la segunda instancia, validó el arresto e inició el proceso judicial.
Tal como el abogado defensor Pinto Monteiro explicó previamente a VOA, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, autorizó el procedimiento de la solicitud del proceso de extradición.
El 3 de julio, Saab fue transferido a la isla de Sal por razones de seguridad.
EE.UU. reclama la autoridad para enjuiciar a Saab alegando que él y un socio, Enrique Pulido, usaron bancos estadounidense para depositar unos 350 millones de dólares que fueron defraudados a través del sistema de control cambiario de Venezuela.
El gobierno de Venezuela envió a su embajador ante Cabo Verde, Alejandro Correa, al archipiélago con un equipo de abogados. La administración en disputa argumenta que Saab es un “enviado especial” de Caracas y que estaba a su servicio al viajar a Irán para obtener productos para el país.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro considera el arresto ilegal y exige la liberación del empresario.
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