
Buenos Aires, 21/11/ 2026
El ministro de Economía, Luis Caputo, encontró una nueva oportunidad para celebrar una reducción tributaria. Esta vez, el protagonista es el Impuesto de Sellos, ese veterano acompañante de contratos y operaciones que suele aparecer cuando alguien necesita formalizar un negocio. La propuesta del Gobierno nacional consiste en eliminarlo mediante un acuerdo con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, como sucede con frecuencia en la economía argentina, la desaparición de un impuesto no significa necesariamente la desaparición de su costo: alguien tendrá que hacerse cargo de la cuenta.
La iniciativa, presentada en San Juan ante la Comisión Federal de Impuestos por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, contempla que la Nación compense a las jurisdicciones adheridas por el 50% de la recaudación que dejarían de percibir. El otro 50% quedaría a cargo de las propias administraciones provinciales. Una invitación a reducir impuestos que llega acompañada de una condición bastante terrenal: para participar del banquete, cada gobernador deberá aportar la mitad de su plato.
El ofrecimiento, según la información difundida, estaría dirigido a las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para reducir costos y favorecer la actividad económica. Sin embargo, todavía quedan preguntas importantes: durante cuánto tiempo se aplicaría la compensación, cómo se calcularía la recaudación resignada y qué efectos tendría sobre las finanzas provinciales. Porque una cosa es anunciar alivio tributario desde Buenos Aires y otra, bastante menos festiva, es equilibrar las cuentas desde una gobernación.
Mientras Caputo celebraba la propuesta, Máximo Kirchner decidió ponerle pimienta al debate. Durante la presentación de Porvenir, el diputado reclamó auditar los beneficios otorgados a las empresas mediante el RIGI y lanzó una advertencia que difícilmente necesite traducción diplomática: «Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar». El dirigente de La Cámpora cuestionó las resistencias que, según afirmó, encontró incluso dentro del peronismo cuando planteó la necesidad de revisar el régimen. En la Argentina, aparentemente, pedir una auditoría puede convertirse en una declaración de guerra antes de que alguien haya abierto el primer expediente.
Conviene, sin embargo, separar los argumentos de los fuegos artificiales. El RIGI fue concebido para atraer grandes inversiones mediante incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, con compromisos específicos para los proyectos beneficiados. Sus defensores sostienen que ofrece previsibilidad a inversiones que requieren enormes desembolsos y largos períodos de recuperación. Sus críticos advierten sobre el costo fiscal, las ventajas frente a empresas excluidas del régimen y la necesidad de verificar los compromisos asumidos. Ambas cuestiones merecen examen. Auditar no equivale a espantar inversiones, del mismo modo que conceder incentivos no garantiza, por sí solo, prosperidad colectiva.
Kirchner fue más allá de la discusión tributaria. Calificó de agotado el modelo económico del Gobierno, cuestionó su dependencia del respaldo estadounidense y vinculó la situación nacional con la condena que cumple Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. También acusó a quienes gobiernan de integrar una casta que permanece libre mientras, según sus palabras, entrega el país. Son afirmaciones políticas de fuerte contenido confrontativo, no conclusiones que puedan darse por demostradas mediante un discurso. La indignación puede llenar auditorios; para demostrar irregularidades hacen falta documentos, procedimientos y pruebas.
En el fondo, Caputo y Kirchner protagonizan dos capítulos de una misma discusión nacional. El primero pretende reducir una carga impositiva para estimular la inversión; el segundo reclama controles sobre los beneficios que el Estado concede a los grandes proyectos. No son objetivos necesariamente incompatibles. Un país puede necesitar menos impuestos distorsivos y, simultáneamente, mayor transparencia sobre sus incentivos económicos. Lo verdaderamente extravagante sería considerar que la confianza empresarial exige renunciar al control público o que toda política de estímulo constituye una entrega del patrimonio nacional.
La cuestión decisiva no es quién celebra más fuerte ni quién promete organizar el mayor quilombo. Es determinar si los beneficios fiscales producen inversiones verificables, empleo, infraestructura y desarrollo, y si las provincias pueden sostener los servicios públicos con los recursos que les quedan. Porque los impuestos se pagan con dinero, las inversiones se justifican con resultados y las promesas políticas deberían rendir cuentas antes de convertirse en monumentos. Entre la calculadora de Caputo y el megáfono de Kirchner, la Argentina necesita algo menos espectacular, pero infinitamente más útil: números claros, controles independientes y una economía que funcione también para quienes no tienen despacho ministerial ni tribuna partidaria.
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