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El agua, patrimonio de la humanidad: cuando un derecho fundamental pasa por la caja

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2026.

El agua no conoce fronteras, ideologías ni balances comerciales. Corre por los ríos antes de que existan los gobiernos, alimenta la vida sin consultar documentos y constituye una necesidad que ninguna sociedad puede sustituir. Sin embargo, cuando llega a los domicilios a través de una red de distribución, adquiere tarifa, vencimiento y, eventualmente, orden de corte. La naturaleza proporciona el recurso; la infraestructura lo convierte en servicio. Y entre ambos extremos aparece, inevitablemente, la política.

La Resolución 46/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), difundida este viernes según informó la Agencia Noticias Argentinas, establece las condiciones bajo las cuales Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) puede restringir o interrumpir el suministro. La normativa, presentada en el contexto de la privatización de la empresa, introduce procedimientos, plazos y excepciones que afectan directamente a los usuarios. No se trata de un detalle administrativo: estamos hablando del agua que llega a las cocinas, los baños y las mesas familiares.

Para los usuarios residenciales, la falta de pago puede activar el procedimiento cuando la mora supera los sesenta días corridos desde el segundo vencimiento de la factura. Pero la interrupción definitiva no es inmediata. Antes debe aplicarse una restricción temporal del caudal durante un período mínimo de otros sesenta días. Si la deuda continúa sin regularizarse y el usuario no accede a la Tarifa Social, la empresa queda habilitada para avanzar hacia el corte, conforme a las condiciones reglamentarias. Una especie de reloj administrativo que comienza a correr mientras las necesidades domésticas siguen funcionando sin calendario.

Para los usuarios no residenciales, el margen es considerablemente menor: quince días corridos de mora desde el segundo vencimiento. En todos los casos de falta de pago, la concesionaria debe notificar fehacientemente al usuario con una anticipación mínima de siete días hábiles. El reglamento reconoce así una garantía elemental: antes de cerrar una canilla, corresponde comunicar formalmente las razones y permitir que el interesado actúe.

Existen, además, circunstancias ajenas a las deudas que pueden justificar una interrupción. Entre ellas figuran las instalaciones sanitarias defectuosas que perjudiquen a terceros, las modificaciones edilicias sin factibilidad técnica que afecten las redes y las manipulaciones indebidas de la infraestructura. En el ámbito industrial, los vertidos contaminantes constituyen un capítulo particularmente delicado: determinados incumplimientos, incluidos los relacionados con el cianuro, pueden provocar medidas inmediatas. Aquí la cuestión deja de ser exclusivamente económica y entra en juego la protección de la salud pública.

Pero el reglamento también establece límites. Los inmuebles residenciales comprendidos en el Programa de Tarifa Social vigente quedan protegidos frente al corte o la restricción. Lo mismo ocurre con hospitales, sanatorios, centros asistenciales y establecimientos penitenciarios. También existen salvaguardias cuando hay acuerdos de pago vigentes, intervenciones del organismo regulador o impugnaciones formales pendientes de respuesta fundada. Son disposiciones esenciales porque reconocen que no todas las situaciones pueden resolverse mediante la misma operación contable.

La cuestión de fondo, sin embargo, merece una reflexión más amplia. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Ese reconocimiento no significa que toda prestación domiciliaria deba ser gratuita ni elimina las obligaciones económicas de los usuarios. Significa que el acceso al agua suficiente, segura y asequible constituye una exigencia fundamental de dignidad humana. Una distinción que convendría mantener siempre presente, especialmente cuando se discuten tarifas y mecanismos de cobro.

También sería un error ignorar que potabilizar, transportar, distribuir y controlar el agua requiere inversiones importantes. Las tuberías envejecen, las plantas necesitan mantenimiento, la energía cuesta dinero y las pérdidas de las redes no desaparecen por decreto. Una empresa prestadora, pública o privada, debe disponer de recursos para sostener el servicio. El verdadero desafío consiste en asegurar esa sostenibilidad sin convertir las dificultades económicas de los hogares en una amenaza para sus condiciones sanitarias.

La privatización, por sí sola, no resuelve ese equilibrio ni determina necesariamente su fracaso. Todo depende de las obligaciones contractuales, la calidad del control público, la transparencia de las tarifas y la eficacia de los mecanismos de protección. Una concesionaria necesita cobrar por su trabajo; un regulador debe impedir abusos; y el Estado conserva responsabilidades fundamentales respecto del acceso a los servicios esenciales. Confundir estas funciones sería tan inconveniente como suponer que una firma comercial puede reemplazar por completo a una política sanitaria.

Hay, además, una realidad que suele quedar fuera de los expedientes. Una familia puede atrasarse en el pago de una factura por desempleo, enfermedad, pérdida de ingresos o una dificultad transitoria. No todas las deudas expresan desinterés por cumplir. Por eso, la Tarifa Social, los acuerdos de pago y los procedimientos de reclamación no deberían funcionar como favores excepcionales, sino como instrumentos accesibles, comprensibles y eficaces. El derecho escrito sirve de poco cuando quien necesita ejercerlo no consigue atravesar la ventanilla.

El agua es un bien natural indispensable para la humanidad, aunque las instalaciones que permiten llevarla hasta cada vivienda tengan propietarios, operadores y costos concretos. Esa diferencia debería orientar cualquier discusión seria sobre su administración. La factura corresponde al servicio prestado; el valor de la vida humana no figura en ninguna columna del balance.

Y acaso allí resida la paradoja de nuestro tiempo: hemos desarrollado tecnologías capaces de detectar una deuda con precisión de centavos, pero todavía debemos esforzarnos para garantizar que nadie quede privado de condiciones básicas de higiene y subsistencia por no poder pagarla.

Porque una sociedad puede discutir legítimamente quién administra las cañerías, quién financia las obras y cómo se calculan las tarifas. Lo que no debería perderse entre resoluciones y vencimientos es una verdad bastante anterior a cualquier empresa: el agua es indispensable para vivir, y ningún sistema de prestación puede permitirse olvidar a quienes dependen de ella.

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Fuentes: Fuente primaria: Resolución 46/2026 — Boletín Oficial – Argentina

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