Press "Enter" to skip to content

A tres bancas de la patria: Malvinas, negocios y soberanía de ocasión

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2026. — La patria estuvo a tres diputados de distancia. Esa fue la curiosa medida de la soberanía nacional que ofreció este miércoles la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apenas consiguió reunir 126 legisladores de los 129 necesarios para abrir la sesión. A las 12.31, Martín Menem debió declarar fracasada la convocatoria. La Ley Malvinas, la reforma del Banco Central y otros proyectos quedaron esperando turno. Para un Gobierno acostumbrado a presentar sus iniciativas como acontecimientos históricos, el episodio tuvo algo de comedia involuntaria: la historia estaba anunciada, pero los protagonistas no terminaron de ocupar sus asientos.

El golpe no llegó exclusivamente de la oposición tradicional. Lo administraron, con precisión matemática, algunos de esos aliados que suelen acompañar al Gobierno cuando los acuerdos políticos están convenientemente lubricados. Los 18 diputados de Provincias Unidas decidieron no aportar el quórum, pese a que varios estuvieron físicamente en el recinto. Tampoco colaboraron los representantes del MID y otros sectores habitualmente dispuestos al diálogo. La escena dejó una enseñanza elemental: en la política argentina, estar presente no significa necesariamente sentarse, y sentarse tampoco garantiza votar a favor. Todo depende de qué haya sobre la mesa, además de los proyectos de ley.

Detrás de la maniobra aparecen dos gobernadores con experiencia suficiente para distinguir una negociación de una fotografía oficial: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba. Sus sectores reclaman avances en la legislación sobre biocombustibles y espacios de representación en el Consejo de la Magistratura. El mensaje fue bastante menos solemne que un discurso sobre la soberanía, pero infinitamente más comprensible para los habitantes del Congreso: los compromisos incumplidos tienen consecuencias. La Casa Rosada descubrió que los gobernadores pueden acompañar una iniciativa presidencial sin extender un certificado de obediencia perpetua.

Sin embargo, reducir el episodio a una disputa entre gobernadores y funcionarios sería quedarse contemplando el mantel mientras desaparece la vajilla. La denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional pretende modificar el régimen de sanciones contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Pero también incorpora disposiciones sobre seguridad nacional, inteligencia, inversiones extranjeras e interferencias externas. Es decir, bajo una bandera de indiscutible trascendencia histórica se agrupan materias que merecen debates propios y controles rigurosos. La soberanía no debería convertirse en un envase patriótico dentro del cual pueda introducirse cualquier reforma aprovechando la emoción colectiva.

Y aquí aparece una contradicción que merece algo más que un comunicado ministerial. Diversas investigaciones periodísticas señalaron que el oficialismo modificó aspectos del régimen sancionatorio después de que Washington expresara preocupación por las consecuencias que ciertas prohibiciones podrían tener para empresas y fondos estadounidenses. El Gobierno reconoció contactos con Estados Unidos, aunque relativizó las versiones sobre presiones. La cuestión exige transparencia: ¿se buscó mejorar técnicamente la legislación o proteger intereses económicos que podrían verse alcanzados por ella? No son preguntas equivalentes, y la respuesta no puede quedar escondida entre declaraciones patrióticas y discretas conversaciones diplomáticas. Cuando se legisla sobre Malvinas, las excepciones merecen tanta atención como las prohibiciones.

La oposición tampoco desperdició la oportunidad de ponerse el traje de defensora de la patria. Julia Strada denunció que el proyecto favorecía intereses financieros extranjeros; Myriam Bregman celebró el fracaso como demostración de la dependencia oficialista respecto de sus aliados. Desde La Libertad Avanza, Karen Reichardt acusó a los adversarios de abandonar la defensa de la soberanía. Cada cual encontró en la sesión frustrada un argumento para confirmar su propio relato. El problema es que una denuncia política no demuestra por sí sola una concesión a intereses extranjeros, del mismo modo que pronunciar la palabra Malvinas no convierte automáticamente un proyecto gubernamental en un acto de patriotismo.

Para Javier Milei, el traspié tiene una dimensión que excede las islas. El proyecto impulsado desde el entorno de Santiago Caputo debía exhibir iniciativa política, capacidad de negociación y fortaleza legislativa. Terminó mostrando que los acuerdos pueden evaporarse cuando llega el momento de contar manos. Las disputas entre sectores del oficialismo alimentan especulaciones sobre responsabilidades internas, pero atribuir el fracaso a una conspiración doméstica sin pruebas sería confundir periodismo con adivinación. Lo comprobable resulta suficientemente incómodo: el Gobierno llegó al recinto sin haber asegurado el número indispensable para comenzar.

Hay, además, una ironía institucional difícil de disimular. Mientras unos denunciaban supuestas concesiones a intereses extranjeros y otros acusaban a sus adversarios de traicionar la causa nacional, la Cámara ni siquiera consiguió abrir una discusión pública sobre el texto. No hubo votación sobre la Ley Malvinas, ni aprobación ni rechazo. Simplemente no hubo sesión. También quedaron pendientes la reforma del Banco Central y diversos acuerdos comerciales y judiciales. Conviene recordarlo: impedir el debate puede producir una victoria táctica, pero no necesariamente una solución legislativa. La política que se felicita por no discutir corre el riesgo de terminar celebrando su propia inutilidad.

El desenlace deja una advertencia especialmente oportuna ante las próximas negociaciones del Presupuesto 2027. La Casa Rosada puede multiplicar discursos, prometer transformaciones irreversibles y proclamar que dispone de una mayoría política; pero el Congreso continúa funcionando con números, compromisos y voluntades que no se fabrican desde un atril. Mientras tanto, Malvinas merece algo más digno que servir de escenografía para medir fuerzas entre gobernadores, ministros y operadores. La soberanía argentina es una causa permanente, no una ficha de intercambio parlamentario. Porque cuando la patria entra al Congreso convertida en moneda de negociación, el problema ya no consiste solamente en conseguir tres diputados: consiste en averiguar quién está dispuesto a defenderla cuando se termina la función.

© 🖋️ El Agrimensor de las Ambiciones | 2026 — All Rights Reserved


© 2026 SalaStampa.eu, world press service – All Rights Reserved – Guzzo Photos & Graphic Publications – Registro Editori e Stampatori n. 1441 Turin, Italy

Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), 18 de noviembre de 2026; Cámara de Diputados de la Nación, Orden del Día 514/2026; Infobae; TN; El Cronista. Las interpretaciones y valoraciones corresponden a esta columna editorial.

* 17 *