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Buenos Aires, 13 de noviembre de 2026. — La historia argentina tiene una curiosa manera de administrar responsabilidades: los gobiernos toman decisiones, los funcionarios pronuncian discursos solemnes y, cuando los tribunales internacionales presentan la cuenta, paga el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, apartado en diciembre de 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner. La sentencia llega con más de dos décadas de retraso, pero con una puntualidad admirable a la hora de calcular indemnizaciones.
Moliné O’Connor no era precisamente un magistrado ajeno a las controversias. Había ingresado a la Corte Suprema en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, y formó parte de aquella célebre «mayoría automática», expresión que difícilmente encontrará un lugar de honor en los manuales de independencia judicial. Su destitución, aprobada por el Senado con 45 votos favorables y 19 contrarios, fue presentada como parte de una necesaria renovación institucional. El problema, según estableció ahora el tribunal interamericano, es que una causa políticamente popular no convierte automáticamente en legítimos los procedimientos utilizados para ejecutarla.
La Corte Interamericana consideró que la remoción vulneró el principio de independencia judicial porque se fundamentó en el contenido de sentencias dictadas por el magistrado. También señaló deficiencias en la fundamentación del juicio político y en las respuestas judiciales a sus impugnaciones. La distinción es fundamental: los jueces pueden ser sometidos a procedimientos de responsabilidad por conductas que justifiquen su remoción, pero el desacuerdo político con sus decisiones no basta, por sí solo, para destituirlos. De lo contrario, la independencia judicial termina convertida en un elegante adorno constitucional, útil para los discursos y prescindible cuando incomoda al poder.
La resolución tampoco absuelve retrospectivamente a Moliné O’Connor de todas las críticas recibidas durante su trayectoria. Y conviene subrayarlo, porque en la Argentina existe una notable facilidad para confundir una condena al procedimiento con una canonización del protagonista. El tribunal internacional no necesitó transformar al antiguo integrante de la mayoría automática en un héroe de la República para reconocer que sus garantías habían sido vulneradas. Hasta los jueces cuestionados tienen derechos. Especialmente cuando quienes los juzgan disponen de mayorías parlamentarias y abundante entusiasmo político.
El capítulo económico agrega una dosis de picante a la memoria institucional. Según la información difundida por Agencia NA, la sentencia contempla una indemnización de 300.000 dólares para la viuda del exmagistrado, 75.000 dólares para cada uno de sus cuatro hijos y otros 30.000 dólares por costas y gastos legales. En total, 630.000 dólares, sin contar las obligaciones vinculadas al restablecimiento del régimen de pensión. Moliné O’Connor falleció en agosto de 2014, mucho antes de conocer el desenlace internacional de su reclamo. La justicia llegó tarde para el interesado, pero suficientemente temprano para encontrar una caja pública todavía abierta.
La Corte también cuestionó la revocación de su pensión vitalicia en 2004 y la demora de casi veinte años en resolver el litigio contencioso-administrativo. Es aquí donde el expediente deja de ser exclusivamente una discusión sobre el kirchnerismo y se convierte en una radiografía del funcionamiento estatal argentino. Las administraciones cambian, los ministros se reemplazan y los expedientes envejecen con una paciencia que ningún ciudadano podría permitirse. Cuando finalmente aparece una sentencia internacional, la responsabilidad institucional permanece, aunque la responsabilidad política se haya evaporado entre archivos, homenajes y campañas electorales.
La decisión plantea además una cuestión incómoda para todos los sectores políticos, no solamente para quienes gobernaban en 2003. Si una mayoría parlamentaria puede utilizar el juicio político para castigar decisiones judiciales que considera inconvenientes, el equilibrio entre poderes queda sometido a la voluntad circunstancial del vencedor. Hoy puede ser un juez asociado al menemismo; mañana, uno nombrado por sus adversarios. La garantía constitucional no fue concebida para proteger simpatías partidarias, sino precisamente para impedir que la justicia cambie de dueño cada vez que cambia el gobierno.
La sentencia deja una enseñanza que la dirigencia argentina debería colocar sobre los escritorios antes de volver a pronunciar la palabra República: no alcanza con proclamar la defensa de las instituciones; también hay que respetar sus límites cuando resultan molestos. Néstor Kirchner ya no está, Moliné O’Connor tampoco, y buena parte de aquella disputa pertenece a los archivos. Pero la obligación de reparar subsiste. Como suele ocurrir en esta peculiar contabilidad nacional, los políticos escribieron el episodio, la justicia internacional redactó el epílogo y los ciudadanos recibieron la factura.
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Fuente de base: Agencia Noticias Argentinas (NA), despacho del 12 de noviembre de 2026 sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Moliné O’Connor.