Buenos Aires, 12 de noviembre de 2026
José Hernández — La vuelta de Martín Fierro (1879)
Consejos del viejo Vizcacha
«Hacete amigo del Juez
No le dés de que quejarse;—
Y cuando quiera enojarse
Vos te debes encojer,
Pues siempre es gŭeno tener
Palenque ande ir á rascarse.»
José Hernández murió en 1886, pero algunos de sus personajes parecen haber conseguido residencia permanente en la República Argentina. El viejo Vizcacha, aquel filósofo de la supervivencia, maestro de la conveniencia y enemigo declarado de las complicaciones morales, recomendaba hacerse amigo del juez. No porque creyera demasiado en la Justicia, sino porque conocía las ventajas de tener dónde rascarse cuando la vida comenzaba a picar. Ciento cuarenta y siete años después de la publicación de La vuelta de Martín Fierro, su consejo conserva una actualidad que debería avergonzarnos más de lo que nos divierte.
La causa $LIBRA acaba de ofrecer otro capítulo de esa vieja comedia nacional donde la política, la Justicia y los intereses económicos se encuentran en un escenario que, por momentos, parece construido por un dramaturgo con demasiado sentido del humor. El fiscal federal Eduardo Taiano rechazó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para reabrir la investigación y asumir su impulso. Taiano había solicitado el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados. El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó ese criterio el 23 de octubre. Telón abajo, parecía. Pero alguien en la platea todavía tenía preguntas.
Ese alguien fue Sergio Rodríguez, titular de la PIA, quien consideró prematuro el cierre y reclamó profundizar medidas probatorias pendientes. La diferencia no es un detalle de procedimiento ni una discusión sobre quién ocupa el escritorio más importante. Es una controversia sobre algo bastante más serio: si la investigación reunió elementos suficientes para descartar responsabilidades penales o si el expediente fue enviado al descanso antes de terminar su trabajo.
Entre las cuestiones señaladas por la PIA figuran estudios incompletos de trazabilidad de operaciones con criptomonedas, peritajes informáticos y aspectos de la cooperación internacional. Algunos análisis técnicos no pudieron completarse porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal carecía de las licencias informáticas necesarias. Hay que reconocer que la burocracia argentina posee un talento extraordinario: puede sobrevivir a una crisis económica, a veinte reformas administrativas y a cualquier discurso de modernización, pero una licencia de software parece capaz de detenerla en seco.
La Procuraduría también cuestionó que no se profundizaran determinados movimientos de fondos, registros de comunicaciones, mensajes eliminados y visitas de personas vinculadas con el proyecto a la Casa Rosada. Son cuestiones que, según ese organismo, requieren esclarecimiento. Ninguna de ellas constituye por sí sola una demostración de delito, pero tampoco desaparecen las preguntas simplemente porque un expediente encuentre el camino del archivo. La ausencia de respuestas no es una prueba de culpabilidad; convertirla automáticamente en una prueba de inocencia sería otra clase de pirueta.
Taiano, por su parte, sostiene que los hechos examinados no permiten atribuir conductas delictivas a los funcionarios investigados y que no se ha acreditado un perjuicio a las arcas estatales. En su respuesta calificó de desacertada la interpretación de Rodríguez y cuestionó la profundidad de su conocimiento del expediente. También consideró que algunos argumentos eran más propios de un debate televisivo que de una evaluación judicial. La ironía es formidable: en un país donde la política lleva años convirtiendo los tribunales en espectáculo público, ahora los propios fiscales se reprochan mutuamente el tono de la función.
Conviene, sin embargo, hacer una distinción que no admite bromas. El fiscal tiene la obligación de evaluar las pruebas con independencia de las preferencias políticas de la sociedad. Y un juez no puede condenar a nadie para satisfacer el apetito de una audiencia. La presunción de inocencia no es una concesión graciosa del poder, sino una garantía fundamental del Estado de derecho. Pero esa misma institucionalidad también exige que las investigaciones se desarrollen con el rigor necesario antes de cerrarlas. Ni condenas por anticipado ni absoluciones por cansancio: la Justicia no debería funcionar como una máquina expendedora de certificados de tranquilidad.
El presidente Javier Milei ha construido buena parte de su identidad política alrededor de una confrontación permanente contra lo que denomina la casta. El problema aparece cuando las preguntas comienzan a dirigirse hacia el propio poder. Entonces resulta imprescindible demostrar que el principio de transparencia no tiene domicilio partidario. Un mandatario puede no haber cometido delito alguno y, aun así, deber explicaciones políticas sobre su participación pública en la promoción de un activo financiero. La responsabilidad penal y la responsabilidad institucional son dos asuntos distintos. Confundirlas suele ser útil para los discursos; separarlas es indispensable para gobernar.
Tampoco corresponde transformar automáticamente a Karina Milei en responsable de las actuaciones de empresarios, intermediarios o visitantes de la Casa Rosada. Autorizar un ingreso no demuestra una asociación delictiva. Pero cuando una investigación examina posibles vínculos entre funcionarios públicos y promotores privados, las preguntas sobre esas relaciones merecen respuestas documentadas. El poder tiene derecho a defenderse. Lo que no tiene es el privilegio de declarar impertinente cualquier interrogante que le resulte incómodo.
Mientras tanto, la discusión ha adquirido un carácter singular: dos representantes del Ministerio Público Fiscal discrepan acerca de si corresponde continuar investigando. Taiano considera que los elementos reunidos justifican el cierre. Rodríguez sostiene que todavía existen pruebas por producir y cuestiones por esclarecer. No se trata de una competencia para determinar cuál fiscal habla más fuerte, sino de establecer cuál interpretación encuentra mejor respaldo en las actuaciones. El expediente debería pesar bastante más que los apellidos.
Ahora corresponde al juez Martínez de Giorgi resolver el planteo de la PIA. En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal examina una controversia relacionada con la participación de damnificados como querellantes. Por lo tanto, presentar el caso como definitivamente concluido sería adelantarse a resoluciones pendientes. Tampoco sería correcto asegurar que la causa será reabierta. Entre una posibilidad y una decisión existe una distancia que la información responsable debe respetar, por mucho que la ansiedad política quiera recorrerla a caballo.
Hay, además, una cuestión que ningún tecnicismo consigue borrar: la confianza pública. Cuando un caso involucra a las máximas autoridades del Ejecutivo, el deber de investigar correctamente adquiere una dimensión institucional extraordinaria. No porque los gobernantes tengan menos derechos que los demás ciudadanos, sino porque sus actos afectan la credibilidad de las instituciones. Una investigación incompleta puede perjudicar tanto a quienes denuncian como a quienes son denunciados. La sospecha permanente tampoco es justicia.
El viejo Vizcacha seguramente contemplaría estas discusiones con una sonrisa torcida, acomodándose el poncho antes de recomendar prudencia, buenos conocidos y algún palenque conveniente. Pero hay una diferencia fundamental entre sus consejos y los principios de una república: la Justicia no debe ser el palenque particular de nadie. Ni del presidente, ni de su hermana, ni de sus adversarios, ni de los funcionarios judiciales. Debe ser el lugar donde las pruebas se examinan sin privilegios y las decisiones pueden explicarse sin recurrir a la fe política.
Porque el verdadero peligro no consiste solamente en que un culpable pueda escapar de una condena. También reside en que un inocente quede condenado para siempre por la sospecha, o en que una sociedad termine creyendo que las causas judiciales se abren y se cierran según la temperatura del poder. Si eso sucede, ya no hará falta leer a José Hernández para encontrar al viejo Vizcacha.
Bastará con mirar alrededor y comprobar cuántos palenques siguen disponibles.
Y cuidado, señores: que en una república el palenque pertenece a la ley, no al dueño del caballo.
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Fuentes consultadas y contraste editorial: Agencia Noticias Argentinas, información de Agostina Carlesso del 5 y 12 de noviembre; Infobae, 11 de noviembre; elDiarioAR, 12 de noviembre; y el texto original de La vuelta de Martín Fierro (1879), de José Hernández.