La universidad pública argentina volvió a salir a la calle para reclamar algo bastante sencillo: dinero para funcionar y respeto por las leyes vigentes. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió frente al Congreso a estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sindicales. El reclamo era concreto, pero terminó envuelto en una discusión mucho más ruidosa: piedras, gases, detenidos y declaraciones políticas. En la Argentina parece que hasta para discutir el presupuesto de una biblioteca hace falta convocar a la caballería.
El conflicto no nació ayer. Las universidades denuncian dificultades para sostener sus actividades, salarios deteriorados, becas insuficientes y proyectos científicos paralizados. El Gobierno sostiene una política de disciplina fiscal y control del gasto público. Dos posiciones que podrían discutirse con números, documentos y argumentos. Pero la discusión se convierte en una batalla de consignas donde todos levantan la voz y pocos se molestan en explicar cómo se financiará la educación superior durante los próximos años.
La cuestión central es la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones convocantes exigen su aplicación y sostienen que existen decisiones legislativas y judiciales que respaldan su cumplimiento. No se trata de una cuestión irrelevante. Un gobierno puede cuestionar una ley, promover su modificación o discutir sus consecuencias económicas. Lo que no debería hacer es considerar que las normas solamente merecen obediencia cuando coinciden con sus preferencias.
La legalidad no funciona como un menú de restaurante donde cada comensal elige únicamente los platos que le gustan. La manifestación terminó con enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso. Según el informe policial difundido por Noticias Argentinas, hubo 31 detenidos en total: seis en las inmediaciones del Congreso y otros 25 en cabeceras ferroviarias.
Ocho integrantes de las fuerzas federales resultaron lesionados. Hubo lanzamiento de piedras, utilización de gases y camiones hidrantes. Estos hechos merecen una exhortación, porque arrojar piedras contra un policía no constituye una defensa de la educación y utilizar la fuerza pública exige necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Una piedra no se convierte en argumento universitario y un uniforme no concede licencia para actuar sin límites.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó los incidentes a quienes, según sus palabras, buscan imponer el caos. Desde la oposición, Myriam Bregman denunció violencia estatal, mientras Germán Martínez llegó a preguntarse si los enfrentamientos no habrían sido provocados por la propia Policía. Son acusaciones graves, pero las acusaciones no reemplazan a las pruebas. Si existieron delitos, corresponde identificarlos. Si hubo excesos policiales, corresponde investigarlos. Lo demás es combustible para una hoguera política que ya tiene demasiados voluntarios dispuestos a soplar.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue más lejos y sostuvo que los manifestantes solamente pretendían desestabilizar al Gobierno. También recordó que los ciudadanos pueden expresar su disconformidad mediante el voto. Tiene razón en que las elecciones son fundamentales para la democracia. Lo que parece haber olvidado es que la democracia continúa funcionando entre una elección y la siguiente. Los ciudadanos no entregan sus derechos de reunión, expresión y protesta cuando depositan la boleta en la urna. Votar cada dos años no significa guardar silencio durante los setecientos veintinueve días restantes.
Tampoco corresponde conceder a los organizadores de una manifestación un certificado automático de inocencia colectiva. La presencia de estudiantes y docentes no convierte en legítima cualquier mala conducta individual. Una marcha pacífica puede verse perjudicada por quienes deciden recurrir a la violencia. Pero atribuir las acciones de algunos participantes a miles de personas constituye otra manera de deformar los hechos. La responsabilidad penal es individual; las generalizaciones políticas, en cambio, suelen venderse por mayor y sin factura.
Detrás de esta disputa aparece un problema que debería preocupar mucho más que las declaraciones de una tarde. Las organizaciones universitarias denuncian que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla los recursos previstos en la ley y reclaman un incremento del 33,4% respecto de la propuesta oficial. Según Chequeado, el presupuesto universitario de 2026 cayó un 25,3% real respecto de 2023, y los salarios docentes perdieron un 24,2% en ese período.
También advierten sobre el deterioro de las becas, la pérdida salarial y la salida de investigadores del sistema científico. Son afirmaciones que requieren examinar partidas, cifras y necesidades concretas. Porque una universidad no funciona con discursos patrióticos, pero tampoco puede administrar sus recursos sin rendir cuentas. Financiamiento y transparencia no son enemigos: deberían sentarse en la misma mesa.
La Argentina ha construido buena parte de su desarrollo profesional y científico sobre instituciones públicas de educación superior. De ellas salieron médicos, ingenieros, docentes, investigadores y profesionales que trabajan dentro y fuera del país. Eso no significa que el sistema sea perfecto ni que deba quedar exento de reformas, controles o evaluaciones. Significa que cualquier reforma seria necesita distinguir entre corregir deficiencias y debilitar capacidades. Ahorrar dinero puede ser una virtud administrativa; desmantelar aquello que después costará décadas reconstruir puede terminar siendo uno de los negocios más caros de la historia.
La presencia de la CGT, las dos CTA, agrupaciones de izquierda, radicales y sectores del peronismo demuestra que el reclamo universitario también se convirtió en un escenario de competencia política. No hay motivo para sorprenderse: los partidos y sindicatos participan legítimamente de la vida pública. Sin embargo, convendría recordar que la universidad no pertenece a ninguna organización política, del mismo modo que tampoco pertenece al gobierno de turno. Es una institución del país, financiada por sus ciudadanos y destinada a servir tanto a los estudiantes de hoy como a las generaciones que vendrán. Porque los gobiernos pasan, los partidos cambian de discurso y los dirigentes de despacho; pero las consecuencias de una universidad debilitada pueden permanecer durante décadas.
Mientras tanto, dentro del Congreso, la oposición no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión especial destinada a tratar el DNU 70/2023. Afuera se discutía con gases y piedras; adentro faltaban votos para comenzar a discutir. La coincidencia ofrece una fotografía bastante expresiva del momento político argentino. Unos celebraron la falta de quórum, otros denunciaron la represión y la cuestión universitaria quedó nuevamente atrapada entre dos espectáculos simultáneos. Mucha escenografía institucional y poca solución administrativa.
La educación superior no necesita mártires improvisados, enemigos imaginarios ni salvadores de ocasión. Necesita presupuestos comprensibles, controles públicos, docentes remunerados dignamente, estudiantes con posibilidades reales de continuar sus carreras y autoridades capaces de explicar qué hacen con cada peso. También necesita gobiernos que respeten las normas y manifestantes que respeten la integridad de las personas. Nada de esto debería resultar revolucionario. Es apenas el funcionamiento razonable de una república.
El verdadero peligro no está solamente en que una manifestación termine con incidentes. Está en que, después de los incidentes, nadie vuelva a hablar de las universidades. Las piedras se retiran, los gases se disipan y los dirigentes regresan a sus despachos. Pero si un laboratorio cierra, un investigador emigra o un estudiante abandona su carrera por falta de recursos, la pérdida puede durar muchos años. Y cuando llegue la factura, probablemente quienes hoy se disputan los titulares ya estarán ocupados explicando por qué la responsabilidad corresponde, como siempre, a los demás.
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Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (15/10/2026); Chequeado (15/10/2026); Canal 26 (15/10/2026); Radio UNR (15/10/2026)./small>