Hay cifras tan grandes que terminan perdiendo su significado. Un millón todavía puede imaginarse. Mil millones exigen cierto esfuerzo. Pero cuando aparecen los billones, la imaginación se declara incompetente y la contabilidad comienza a parecerse a la astronomía.
Estados Unidos cerró el ejercicio fiscal 2026 con un déficit estimado cercano a los dos billones de dólares. Una cantidad que, escrita con todos sus ceros, probablemente ocuparía más espacio que las explicaciones ofrecidas a quienes deberán financiarla.
La administración de Donald Trump ha combinado rebajas tributarias con nuevas asignaciones para defensa, seguridad fronteriza y operaciones militares. A ello se suman compromisos anteriores, como la Seguridad Social, Medicare y los intereses de una deuda que lleva décadas creciendo.
Sería intelectualmente deshonesto atribuir todo el desequilibrio a un solo presidente. Pero también sería demasiado cómodo absolver a quien, conociendo el estado de las cuentas, decide agregar nuevas obligaciones y reducir parte de los ingresos previstos.
El déficit estadounidense no nació ayer ni lleva una sola firma. Es una obra colectiva, cuidadosamente ampliada por administraciones de distinto color político.
Cada una ha encontrado excelentes razones para gastar y argumentos igualmente convincentes para evitar explicar de dónde saldrá el dinero. La disciplina fiscal suele ocupar un lugar privilegiado en los discursos electorales y uno bastante más modesto cuando llega el momento de gobernar.
Lo verdaderamente interesante comienza cuando dejamos de mirar los números y preguntamos a quién beneficia semejante arquitectura financiera.
A los contratistas militares les interesan los presupuestos de defensa. A los acreedores les interesa la solvencia del Tesoro y la continuidad de los pagos. A determinados sectores económicos les convienen las rebajas impositivas. A los dirigentes políticos les interesa que los resultados favorables aparezcan antes de las próximas elecciones.
Nada de esto significa que cada gasto sea ilegítimo o que cada beneficio constituya un privilegio indebido. Significa, sencillamente, que detrás de las decisiones presupuestarias existen intereses identificables, mientras sus consecuencias suelen distribuirse entre millones de personas que jamás participaron de esas decisiones.
La guerra con Irán introduce otra dimensión. Las operaciones militares consumen combustible, armamento, logística y recursos que deben reponerse. Cada misil disparado tiene un precio. Cada despliegue prolongado genera obligaciones adicionales.
Y cuando las tensiones militares alteran los mercados energéticos, sus consecuencias pueden atravesar océanos sin necesidad de solicitar autorización migratoria. El petróleo no pregunta por quién votó el automovilista antes de modificar el precio en el surtidor.
Mientras tanto, Washington conserva una ventaja extraordinaria: puede emitir deuda denominada en la moneda que ocupa una posición central en el sistema financiero internacional.
El dólar continúa siendo instrumento de comercio, reserva de valor y referencia de innumerables transacciones. Esa condición permite financiar déficits que pondrían contra las cuerdas a economías menos privilegiadas.
Pero privilegio no significa inmunidad. Incluso el deudor más poderoso debe atender sus intereses, refinanciar vencimientos y conservar la confianza de quienes le prestan.
Y aquí encontramos uno de los mecanismos más silenciosos de las finanzas públicas. La deuda genera intereses. Cuando esos intereses no pueden cubrirse con ingresos suficientes, contribuyen a nuevas necesidades de financiación.
La deuda adicional puede producir nuevos intereses. Así, una parte creciente del presupuesto deja de responder a decisiones sobre el presente y comienza a obedecer compromisos contraídos en el pasado.
No se trata de condenar el endeudamiento como principio. Un país puede recurrir al crédito para construir infraestructura, financiar investigaciones, mejorar su productividad o afrontar emergencias extraordinarias.
Lo decisivo es distinguir entre invertir en capacidad futura y trasladar al futuro el costo de decisiones cuyos beneficios se consumen inmediatamente.
Un puente puede servir durante generaciones. Un proyectil, por regla general, desaparece en segundos. Ambos tienen precio, pero difícilmente puedan ofrecer el mismo rendimiento social.
La cuestión tributaria tampoco admite simplificaciones. Una reducción de impuestos puede estimular determinadas actividades económicas, favorecer inversiones o aumentar los ingresos disponibles de los contribuyentes.
Pero para sostener que se financia por sí sola hacen falta resultados, no entusiasmo. Cuando las proyecciones oficiales indican que una reforma aumentará los déficits durante una década, corresponde reconocer que el crecimiento esperado no alcanza para compensar completamente su costo fiscal.
Lo curioso es que semejantes decisiones suelen presentarse como conquistas inmediatas. Se celebra la reducción de impuestos, se inauguran programas, se anuncian contratos, se exhibe poderío militar y se promete prosperidad.
La factura, en cambio, carece de ceremonia inaugural.
No hay bandas de música cuando el Tesoro paga intereses. Tampoco se organizan desfiles para explicar cuánto dinero público queda comprometido antes de que comience la discusión sobre escuelas, hospitales o infraestructura.
Y conviene introducir una precisión: no todos los acreedores son grandes financieros instalados detrás de escritorios monumentales. También existen fondos de pensiones, ahorristas, instituciones públicas y bancos centrales que poseen títulos estadounidenses.
La deuda pública forma parte de un entramado financiero del que dependen jubilaciones, reservas y sistemas de ahorro. Por eso, una crisis de confianza no castigaría exclusivamente a los poderosos. Podría alcanzar también a quienes nunca participaron de los beneficios políticos de aquellas decisiones.
La pregunta central, entonces, no es si Estados Unidos puede continuar endeudándose mañana. Probablemente pueda hacerlo durante mucho tiempo, aunque a costos y bajo condiciones que pueden variar.
La verdadera pregunta es cuánto espacio conservarán los gobiernos futuros para decidir libremente sus prioridades cuando una porción considerable de sus recursos deba destinarse a obligaciones heredadas.
Hay una forma particularmente cómoda de ejercer el poder: disfrutar hoy de los beneficios de una decisión y dejar que sus consecuencias aparezcan cuando otros ocupen los despachos.
Es una tentación antigua, practicada en países ricos y pobres, democracias consolidadas y administraciones menos respetuosas de las instituciones. La diferencia es que, cuando la practica la mayor economía del planeta, sus efectos pueden extenderse mucho más allá de sus fronteras.
Porque el endeudamiento estadounidense no constituye exclusivamente un asunto doméstico. Las tasas de interés, los movimientos del dólar, los precios energéticos y las decisiones de los inversores internacionales pueden repercutir en países que no participaron de las votaciones del Congreso norteamericano.
Una familia argentina, una pequeña empresa italiana o un importador asiático pueden terminar soportando consecuencias indirectas de decisiones tomadas a miles de kilómetros.
Y aquí corresponde formular una pregunta incómoda: ¿cuántos ciudadanos comprenden realmente lo que significa un déficit de dos billones de dólares?
No es necesario que cada contribuyente se convierta en especialista en macroeconomía. Pero sí sería saludable que las autoridades explicaran, con palabras comprensibles, qué parte del gasto corresponde a servicios indispensables, cuál responde a decisiones políticas recientes, cuánto se financia mediante impuestos y cuánto se traslada a ejercicios posteriores.
La transparencia presupuestaria no consiste en publicar miles de páginas que casi nadie leerá. Consiste en permitir que una persona razonablemente informada comprenda qué se hace con los recursos públicos y qué obligaciones se están contrayendo en su nombre.
Porque existe una diferencia considerable entre conocer una cifra y comprender su significado.
Los números describen la magnitud. Las decisiones revelan las prioridades. Y la distribución de sus consecuencias permite reconocer quién gana, quién pierde y quién ni siquiera fue invitado a opinar.
Tal vez por eso los grandes déficits provocan menos indignación de la que cabría esperar. Su tamaño los vuelve abstractos. Nadie recibe en su domicilio una factura individual por la totalidad de la deuda nacional.
Sus consecuencias aparecen dispersas, gradualmente, a través de impuestos, intereses, inflación, ajustes o menores posibilidades presupuestarias. No siempre ocurren todas esas cosas ni necesariamente en ese orden. Pero el costo económico nunca desaparece por el simple hecho de postergar su reconocimiento.
Al final, la cuestión no es exclusivamente contable. Es también una cuestión de responsabilidad democrática.
Los gobiernos cuentan los millones que gastan. Los acreedores cuentan los intereses que cobran. Y los ciudadanos, cuando finalmente reciben la cuenta, descubren que nadie les había reservado un asiento en la mesa donde se decidió el banquete.
Lo más extraordinario es que, llegado ese momento, quienes organizaron la cena probablemente ya estén escribiendo sus memorias.
Y explicando, con admirable serenidad, que la culpa fue del cocinero.
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Fuentes de referencia: Congressional Budget Office (CBO); Departamento del Tesoro de Estados Unidos; Congressional Research Service (CRS); Reuters; Center for Strategic and International Studies (CSIS).