Hay cifras que necesitan explicación y otras que entran a la redacción pateando la puerta. Un aumento del 746,6% en las importaciones de smartphones pertenece decididamente a la segunda categoría.
Según los datos difundidos a partir de un informe de Analytica, mientras los teléfonos llegados del exterior multiplicaron su presencia en el mercado argentino, la fabricación y provisión local de equipos de informática, televisión y comunicaciones registró en julio una caída mensual del 25,7%.
La fotografía se vuelve todavía más áspera cuando se amplía el objetivo: el sector habría acumulado una contracción del 44,6% desde diciembre y se encontraría 60,1% por debajo de noviembre de 2023.
No estamos, entonces, ante una simple batalla entre un teléfono argentino y otro llegado en una caja desde Asia. Estamos observando un cambio bastante más profundo en las reglas del negocio.
Durante años, la Argentina sostuvo un sistema que protegía el ensamblaje local mediante aranceles, impuestos y restricciones. Ese modelo permitió conservar actividad industrial y puestos de trabajo, pero también tuvo un huésped incómodo sentado a la mesa: precios elevados para el consumidor y, en determinados productos, diferencias difíciles de explicar frente al mercado internacional.
Ahora el péndulo viaja hacia el otro extremo.
La eliminación de los aranceles de importación para smartphones facilita el ingreso de equipos terminados y modifica brutalmente la ecuación empresarial. Si resulta más barato traer el teléfono armado que ensamblarlo dentro del país, no hace falta haber estudiado en Harvard para imaginar qué opción elegirá una empresa.
Y aquí aparece la pregunta que no cabe dentro de la caja del celular.
¿Qué queremos fabricar?
Porque abrir una economía puede mejorar competencia, ampliar la oferta y obligar a revisar precios artificialmente altos. Pero una política industrial no puede consistir solamente en abrir la aduana y esperar que después el mercado escriba el resto del programa.
Tampoco corresponde convertir cada fábrica protegida en una especie de monumento histórico que deba conservarse independientemente de cuánto cuesta producir, cuánto paga el consumidor o cuánto valor verdadero agrega al producto. Proteger indefinidamente una ineficiencia no la transforma por milagro en industria competitiva.
Pero existe la otra cara.
Si el resultado de la apertura fuera simplemente sustituir producción nacional por contenedores cargados de productos terminados, habremos solucionado una parte del problema —la oferta y eventualmente el precio— mientras trasladamos otra hacia el empleo, los proveedores, la inversión y la capacidad productiva.
El consumidor tiene derecho a comprar un teléfono a un precio razonable. El trabajador tiene derecho a preguntarse dónde estará su empleo mañana. Y el país debería tener derecho, además, a discutir si pretende ser solamente un enorme mostrador donde se vende aquello que otros fabrican.
La cuestión tampoco admite nostalgias fáciles. Ensamblar componentes importados no equivale necesariamente a dominar una tecnología. Atornillar una carcasa tampoco convierte automáticamente a una nación en potencia electrónica. Si durante décadas la protección no sirvió para desarrollar proveedores, conocimiento, diseño, ingeniería y capacidad exportadora, corresponde preguntarse qué quedó detrás de aquella muralla arancelaria.
Pero pasar de una muralla a una autopista sin peaje tampoco constituye, por sí solo, una política industrial.
El 746,6% impresiona. Puede significar normalización de un mercado que estaba extraordinariamente restringido; puede reflejar demanda contenida, nuevas condiciones comerciales y una base previa muy baja. Por eso el porcentaje merece contexto antes de convertirlo en bandera de victoria o certificado de defunción.
Lo que sí resulta difícil ignorar es la coincidencia entre dos movimientos: entran muchos más equipos terminados mientras cae fuertemente la actividad local del sector.
Quizá la discusión argentina no debería reducirse nuevamente a elegir entre dos viejas estampitas: cerrar las fronteras para fabricar caro o abrirlas completamente para importar barato.
Entre ambas existe una palabra bastante menos espectacular pero mucho más difícil de practicar:
competitividad.
Competir significa impuestos razonables, infraestructura, crédito, logística, energía, productividad, capacitación y reglas suficientemente estables como para que una empresa pueda calcular algo más allá del viernes próximo.
Porque si fabricar en la Argentina cuesta demasiado, la solución duradera no consiste solamente en impedir que entre aquello que cuesta menos.
Pero tampoco consiste necesariamente en apagar la fábrica.
El nuevo teléfono importado podrá tener mejor cámara, más memoria y hasta inteligencia artificial.
Sería conveniente que la política económica viniera equipada, al menos, con memoria suficiente para recordar qué ocurrió las otras veces que la Argentina confundió una herramienta con un proyecto de país.
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