El conflicto por el financiamiento universitario acaba de abandonar definitivamente los claustros para instalarse donde quizá siempre estuvo: en el corazón mismo de la división de poderes.
El juez Martín Cormick dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno respondió anunciando que apelará. Hasta aquí, nada extraordinario: un juez sentencia, una de las partes discrepa y utiliza los recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.
Lo interesante comienza después.
Porque la discusión ya no consiste solamente en determinar cuánto dinero necesitan las universidades, cuánto deben recuperar docentes y no docentes o cuánto representa todo eso dentro del presupuesto nacional. La pregunta más incómoda es otra: ¿puede una ley aprobada por el Congreso quedar prácticamente estacionada porque el Poder Ejecutivo considera que no existen fondos para aplicarla?
El Gobierno tiene un argumento que no debe caricaturizarse. Las cuentas públicas existen, el dinero no nace debajo de las baldosas de la Casa Rosada y cualquier gasto aprobado tiene consecuencias. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la norma en alrededor del 0,23% del PBI. Puede discutirse si es mucho, poco o perfectamente soportable. Lo que no puede hacerse es fingir que cuesta cero.
Luis Caputo tiene además una misión política y económica inequívoca: custodiar el equilibrio fiscal. Desde esa óptica, cada décima del producto comprometida por el Congreso puede convertirse en un agujero que mañana alguien deberá financiar con impuestos, deuda, recortes en otro sitio o emisión. La aritmética posee una desagradable costumbre: no milita y tampoco acepta discursos como medio de pago.
Pero aquí aparece la mostaza.
Una cosa es advertir que una ley cuesta dinero y otra bastante diferente es considerar que esa circunstancia permite dejarla en una suerte de sala de espera administrativa. Porque si el Congreso sanciona una norma, el Ejecutivo la veta y luego el Parlamento insiste con las mayorías constitucionales correspondientes, el asunto deja de ser simplemente una diferencia sobre prioridades presupuestarias.
La Constitución prevé el veto. También prevé cómo puede superarse. Es decir: el sistema ya contiene el mecanismo para que Ejecutivo y Legislativo se midan los músculos sin necesidad de inventar un tercer tiempo.
Precisamente allí golpeó el fallo de Cormick al considerar que el decreto utilizado por el Gobierno no superaba un mínimo examen de razonabilidad. Naturalmente, esa sentencia no es palabra celestial grabada sobre piedra. Será apelada y tribunales superiores podrán confirmarla, modificarla o revocarla. Conviene recordar esa obviedad antes de repartir certificados definitivos de victoria y derrota.
Tampoco corresponde convertir el fallo en una estampita sindical. Feduba y Conadu celebraron la resolución y convocaron a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. Están en su derecho. Pero una movilización política y sindical es una cosa; la validez jurídica de los actos del Estado es otra. Mezclarlas demasiado termina haciendo flaco favor a ambas.
Del mismo modo, presentar cualquier reclamo presupuestario universitario como una conspiración contra el déficit cero sería demasiado cómodo. Las universidades nacionales pueden y deben rendir cuentas, justificar gastos y someterse a controles rigurosos. Universidad pública no significa chequera pública sin rendición. Pero controlar cómo se utiliza el dinero no equivale a decidir unilateralmente que una ley puede permanecer sin aplicación porque resulta fiscalmente incómoda.
Allí está el verdadero problema.
Si un gobierno pudiera suspender en los hechos una ley argumentando que no tiene recursos suficientes, mañana otro gobierno podría hacer exactamente lo mismo con una norma que disguste a quienes hoy celebran el ajuste. Las herramientas institucionales tienen esa particularidad: una vez fabricadas, rara vez preguntan quién será su próximo dueño.
También el Congreso debería mirarse al espejo. Aprobar gastos resulta mucho más sencillo cuando otro debe encontrar el dinero. La responsabilidad fiscal no corresponde exclusivamente al Ministerio de Economía. Un Parlamento serio debería discutir no solamente qué gastar, sino también de dónde saldrá cada peso que ordena gastar.
Entre el “hay que cumplir la ley aunque reviente la caja” y el “no hay plata, por lo tanto la ley espera” existe un territorio menos cómodo llamado República.
En ese territorio, el Congreso legisla, el Ejecutivo administra y la Justicia controla la legalidad de los actos cuando alguien los impugna. Ninguno tiene patente de corso y ninguno debería convertirse en escribano del otro.
Ahora hablarán las cámaras judiciales. Mientras tanto, el Gobierno puede apelar cuanto considere necesario. Es su derecho y, en un Estado de Derecho, ejercer los recursos disponibles no constituye desacato.
Pero existe una diferencia que conviene conservar bajo una lámpara potente: apelar una sentencia es discutir cómo debe interpretarse la ley; pretender que una ley vigente desaparezca porque incomoda al presupuesto sería otra cosa.
El déficit cero puede ser una política económica. Incluso puede ser una política indispensable.
Lo que difícilmente puede convertirse es en un artículo adicional de la Constitución escrito con tinta invisible.
Porque las universidades necesitan dinero.
El Tesoro necesita equilibrio.
Y la República, aunque resulte bastante más cara y fastidiosa que un decreto, necesita que las reglas valgan también cuando molestan.
© 🖋️ El Cartógrafo de la República | 2026 — All Rights Reserved
© 2026 SalaStampa.eu, world press service – All Rights Reserved – Guzzo Photos & Graphic Publications – Registro Editori e Stampatori n. 1441 Turin, Italy
Fuentes consultadas: información atribuida al Gobierno nacional y datos publicados por Noticias Argentinas.