Hay conversiones políticas que llegan por convicción, otras por necesidad y algunas porque el calendario, la geopolítica o la realidad golpean discretamente la puerta. La reciente pasión malvinera del Gobierno argentino empieza a pertenecer a una categoría todavía más interesante: la heterodoxia patriótica.
La Casa Rosada anunció que ampliará las denuncias penales contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina en presunta violación de la ley 26.659. Hasta aquí, nada extravagante. Si existen actividades contrarias a la legislación argentina, corresponde investigarlas y, cuando haya elementos suficientes, llevarlas ante la Justicia.
La novedad está en el entusiasmo.
El Gobierno anuncia ahora que no perseguirá solamente la eventual responsabilidad de las empresas, sino también la de directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas físicas que hubieran intervenido en las decisiones cuestionadas. Es decir: detrás de una razón social habrá que buscar escritorios, y detrás de los escritorios, personas.
Jurídicamente puede ser perfectamente razonable.
Políticamente resulta delicioso.
Porque estamos ante el mismo Gobierno que hizo de la libertad empresarial casi una metafísica, del mercado una brújula y de la intervención estatal una enfermedad tropical heredada del colectivismo. Pero basta navegar unas millas hacia el Atlántico Sur para que la doctrina cambie de vestuario: aparece el Estado, levanta el índice, desempolva expedientes y anuncia sanciones.
Bienvenido sea el Estado cuando defiende intereses soberanos. Lo curioso es que haya sido necesario recorrer semejante itinerario ideológico para descubrirlo.
Malvinas posee además una incómoda particularidad: tiene memoria.
Recuerda que la soberanía argentina sobre las islas no comenzó con Javier Milei. Recuerda que la legislación sobre exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa tampoco fue inventada por esta administración. Y recuerda, sobre todo, que durante buena parte de su ascenso político Milei se permitió una relación discursiva con Margaret Thatcher y con el principio de autodeterminación de los isleños difícilmente compatible con el ardor soberanista que hoy exhibe la Casa Rosada.
Nada impide cambiar de opinión. En política exterior, incluso, rectificar puede ser una virtud.
Pero una rectificación seria exige algo más que subir el volumen.
Si el Gobierno considera que determinadas compañías violan la legislación argentina, debe presentar las pruebas, identificar las conductas, permitir actuar a los tribunales y sostener la posición argentina con continuidad diplomática. Sin hogueras verbales, sin listas de herejes y, sobre todo, sin transformar una cuestión de Estado en otra temporada de la batalla cultural.
Porque allí aparece el peligro de la caza de brujas.
No por investigar responsabilidades individuales —algo perfectamente legítimo cuando corresponde— sino por convertir una herramienta jurídica en espectáculo político. La diferencia entre un Estado que hace cumplir sus leyes y un Gobierno que necesita enemigos para alimentar su relato suele caber en pocas páginas de un expediente.
También sería conveniente aplicar la misma severidad conceptual a todos los capítulos de la cuestión Malvinas.
La explotación de recursos naturales importa. Las licencias otorgadas unilateralmente importan. La presencia británica importa. La diplomacia importa. Las resoluciones internacionales importan. Y las palabras pronunciadas por un Presidente argentino también importan, incluso aquellas dichas antes de descubrir repentinamente las ventajas políticas de envolverse en la bandera.
La soberanía no funciona por temporadas.
No puede ser liberal los lunes, libertaria los martes, pragmática los miércoles y malvinera cuando conviene. Una política de Estado exige continuidad precisamente porque debe sobrevivir a presidentes, partidos, encuestas y entusiasmos pasajeros.
Si las petroleras infringieron la ley argentina, que responda quien deba responder. Empresa, director, gerente o representante. Para eso existen normas, tribunales y procedimientos.
Pero sería saludable evitar el decorado inquisitorial.
Argentina lleva casi dos siglos reclamando soberanía sobre las Malvinas. No necesita descubrir brujas.
Necesita algo bastante más difícil de encontrar en nuestra política exterior:
coherencia.
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Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA), comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina.