Hay números que parecen haber nacido para las redes sociales. El 0,04 % es uno de ellos.
Aproximadamente esa es la proporción que representa el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Frente al 78 % de nitrógeno y casi 21 % de oxígeno, el CO₂ parece poco más que una propina química: unas pocas moléculas sentadas discretamente al fondo de una sala inmensa.
El dato es sustancialmente correcto. La conclusión que suele acompañarlo necesita bastante más cuidado.
El 28 de marzo de 2023, durante una audiencia de un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista republicano Doug LaMalfa preguntó a varios comparecientes qué porcentaje de la atmósfera correspondía al dióxido de carbono. Las vacilaciones y respuestas equivocadas de algunos de ellos proporcionaron a la escena todos los ingredientes necesarios para convertirse, con el tiempo, en munición política y material recurrente en las redes sociales.
La escena resulta incómoda. Si alguien comparece ante el Congreso para discutir políticas relacionadas con el clima, no parece extravagante esperar que conozca uno de los números elementales del asunto.
Pero de allí a concluir que una concentración pequeña necesariamente produce un efecto pequeño hay una distancia que la aritmética, por sí sola, no permite recorrer.
El CO₂ pertenece a esa numerosa familia de cosas cuya importancia no depende simplemente de cuánto espacio ocupan. En la atmósfera actúa absorbiendo determinadas longitudes de onda de la radiación infrarroja que la Tierra emite hacia el espacio. Su relevancia climática, por tanto, no puede medirse comparando solamente su volumen con el del nitrógeno o el oxígeno.
Hay otro número menos espectacular y bastante más instructivo.
Antes de la Revolución Industrial, la concentración atmosférica de CO₂ rondaba las 280 partes por millón. En junio de 2026, las mediciones difundidas por la NASA la situaron alrededor de 431 partes por millón.
Continúa siendo una porción diminuta del aire. Pero esa diminuta porción ha aumentado alrededor de un 54 % respecto de los niveles preindustriales.
Y allí cambia la fotografía.
También es cierto que la naturaleza mueve cantidades enormes de dióxido de carbono. Los océanos, los suelos, la vegetación y los seres vivos intercambian permanentemente carbono con la atmósfera. Presentar solamente las emisiones humanas frente al gigantesco movimiento natural puede producir otra cifra diminuta y políticamente irresistible.
El problema es que se comparan dos cosas diferentes.
El carbono natural circula mediante enormes flujos de entrada y salida. La actividad humana, fundamentalmente mediante la combustión de carbón, petróleo y gas, introduce además carbono que permaneció almacenado durante millones de años. Océanos y continentes absorben una parte considerable de ese excedente; otra permanece en la atmósfera.
Por eso pueden ser simultáneamente ciertas dos afirmaciones que, a primera vista, parecen contradictorias: las emisiones humanas son pequeñas comparadas con algunos de los grandes flujos naturales de carbono, pero son suficientes para alterar el balance y aumentar progresivamente la concentración atmosférica.
La ciencia dispone, además, de herramientas para mirar mucho más atrás que los termómetros.
Los núcleos de hielo, sedimentos y otros registros paleoclimáticos permiten reconstruir temperaturas y composiciones atmosféricas de decenas e incluso cientos de miles de años atrás. No ofrecen, naturalmente, el parte meteorológico de un martes del Paleolítico, pero tampoco estamos ante una página completamente en blanco.
Hasta aquí llega la física.
Después comienza la política.
Porque aceptar que un aumento del CO₂ contribuye al calentamiento no determina automáticamente cuánto dinero debe gastarse para reducirlo, qué tecnologías conviene adoptar, qué industrias deben soportar el costo, qué sacrificios pueden exigirse a los ciudadanos ni cuánto efecto climático conseguirá efectivamente una determinada inversión.
Y esa discusión no puede despacharse llamando “negacionista” a quien pregunta cuánto cuesta una política climática, del mismo modo que tampoco puede resolverse mostrando un 0,04 % y dando por terminado el efecto invernadero.
Si los gobiernos destinan centenares de miles de millones a transformar sistemas energéticos, transportes, industrias y viviendas, preguntar por la relación entre costo y resultado no constituye un ataque contra la ciencia.
Constituye, más modestamente, contabilidad.
¿Cuántas toneladas de CO₂ evita una medida? ¿Cuánto cuesta cada tonelada evitada? ¿Qué efecto climático puede esperarse de ella? ¿Existen alternativas más eficientes? ¿Quién paga la transición? ¿Qué ocurre si unos países reducen sus emisiones mientras otros las aumentan?
Son preguntas menos cómodas que un eslogan y bastante más importantes para el contribuyente.
El vídeo viral tiene así una virtud involuntaria. No demuestra que el cambio climático sea una ficción, como algunos quisieran. Tampoco demuestra que cada política presentada bajo la etiqueta verde sea sensata, como otros parecen dar por supuesto.
Demuestra algo más sencillo: cuando ciencia, política y enormes cantidades de dinero se sientan alrededor de la misma mesa, conocer el porcentaje de CO₂ es apenas la primera pregunta.
La segunda debería ser cuánto cambia.
Y la tercera, inevitablemente, cuánto cuesta cambiarlo.
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