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Mientras Milei descubre la causa nacional ante las cámaras, Londres responde con poder militar y las petroleras continúan perforando el calendario. La soberanía no se defiende con una noche de solemnidad, sino con una política de Estado capaz de producir consecuencias al amanecer.
La respuesta británica llegó sin diplomacia de porcelana. El secretario de Defensa, Wes Streeting, afirmó que el Reino Unido puede defender las Malvinas y que la Argentina no está en condiciones de recuperarlas. Incluso se permitió reducir el discurso presidencial a una maniobra electoral destinada al consumo doméstico.
Londres no solamente rechazó la reclamación argentina. Hizo algo más grave: recordó públicamente la desigualdad de fuerzas, como si el derecho internacional pudiera medirse por el calibre de los cañones. Es la vieja pedagogía imperial: cuando faltan argumentos para explicar una ocupación, se exhibe el arsenal.
La frase merece una respuesta firme. No porque la Argentina deba entregarse a otra aventura militar —la sangre de 1982 debería haber clausurado para siempre ese camino—, sino porque una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas no desaparece por decisión del país que administra el territorio y explota sus recursos.
El Reino Unido insiste en invocar la voluntad de los isleños. Pero Malvinas no es una encuesta organizada por la potencia que ocupa las islas, administra su población y redacta la pregunta. La Resolución 2065 de las Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llama a ambos gobiernos a negociar. Londres prefiere recordar el referéndum de 2013 y olvidar la mesa de negociación desde hace más de medio siglo.
Milei, entretanto, decidió transformarse en malvinero después de haber elogiado durante años a Margaret Thatcher. Puede cambiar de opinión; hasta los presidentes tienen derecho a encontrarse con la historia. Lo que no pueden hacer es confundir una cadena nacional con una estrategia.
Anunciar sanciones, endurecer leyes y ampliar la presencia naval argentina en Tierra del Fuego puede constituir un primer movimiento. Pero el verdadero examen comienza al día siguiente: cuántas empresas serán efectivamente alcanzadas, qué proveedores internacionales aceptarán el riesgo, qué alianzas diplomáticas acompañarán a la Argentina y qué costo concreto tendrá ignorar sus disposiciones.
Las petroleras Rockhopper y Navitas ya contestaron. No necesitaron una cadena nacional, una bandera detrás ni todo un gabinete sentado en fila. Dijeron que las medidas argentinas no tendrán un efecto material sobre Sea Lion ni modificarán su cronograma. Traducido del idioma corporativo: escuchamos al presidente y continuamos trabajando.
Ese es el dato que atraviesa toda la escenografía. Sea Lion ya tomó su decisión final de inversión, prevé comenzar a producir petróleo en 2028 y cuenta con respaldo británico. Mientras Buenos Aires pronuncia la palabra soberanía, en Londres, Tel Aviv y Stanley se firman contratos, se reúne financiación y se prepara la extracción de recursos en aguas cuya situación jurídica continúa controvertida.
La Argentina tiene razones para denunciar esas actividades. La Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU pide a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa. Convertir un yacimiento de esta magnitud en una explotación comercial difícilmente pueda presentarse como un inocente movimiento administrativo.
Pero las razones jurídicas, abandonadas durante años en algún cajón ceremonial de la Cancillería, no recuperan fuerza por elevar el volumen del televisor. Una política seria sobre Malvinas exige continuidad diplomática, presencia real en el Atlántico Sur, inversión científica, defensa, puertos, logística, acuerdos regionales y una estrategia sostenida más allá del presidente de turno.
También exige coherencia. No se puede admirar a Thatcher el lunes, confiar la política exterior a Trump el martes y vestirse de celeste y blanco el jueves porque Washington insinuó que quizá revise algo. La soberanía argentina no puede depender del humor del ocupante de la Casa Blanca ni de sus facturas pendientes con Londres por la guerra de Irán.
Trump no se ha convertido en abogado de la Argentina. Está presionando al Reino Unido. Si mañana recibe de Londres aquello que busca, los “vientos de cambio” pueden girar antes de que Milei termine de guardar los atriles. Confundir una extorsión entre aliados con un respaldo a la causa Malvinas sería una ingenuidad impropia de un gobierno, aunque resulte muy útil para una transmisión televisiva.
La oposición británica también aprovecha la ocasión. Kemi Badenoch culpa al Gobierno por haber mostrado debilidad en el caso de las islas Chagos y pide más gasto militar. De este modo, Malvinas vuelve a funcionar como siempre en Londres: una bandera conveniente para disputar elecciones, justificar presupuesto de defensa y alimentar nostalgias imperiales.
A ambos lados del Atlántico sobran galerías y candidatos dispuestos a hablarles. Lo que falta es una negociación.
La Argentina debe responder a la arrogancia británica, perseguir jurídicamente la explotación unilateral de sus recursos y construir capacidad nacional. Pero deberá hacerlo con algo más resistente que una cadena nacional. Porque Londres habla desde una base militar, las petroleras hablan desde un proyecto en marcha y Milei, por ahora, habla desde un estudio de televisión.
Malvinas merece mucho más que un presidente que levanta la voz después de haber mirado hacia otro lado. Merece una política de Estado que obligue al Reino Unido a sentarse a negociar y a las empresas a preguntarse, antes de perforar, cuánto puede costarles ignorar a la Argentina.
Hasta entonces, los discursos podrán sonar patrióticos. Pero el petróleo seguirá sin escucharlos.
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Fuentes consultadas: Reuters, Agencia Noticias Argentinas, documentación de la Cancillería argentina y comunicaciones corporativas del proyecto Sea Lion.